El partido gobernante de El Salvador ratificó el lunes la candidatura del presidente Nayib Bukele para las elecciones presidenciales de febrero de 2027, abriendo el camino para un tercer mandato consecutivo, ampliamente criticado por abogados y defensores de derechos humanos.
Nuevas Ideas, el partido de Bukele, con supermayoría en la Asamblea Legislativa, realizó sus elecciones internas el domingo y anunció los resultados en X el lunes. El vicepresidente Félix Ulloa volverá a ser el compañero de fórmula de Bukele, de 44 años, quien asumió el cargo en junio de 2019 como el presidente más joven de la región y mantiene altos niveles de aprobación.
Su reelección de febrero de 2024, con casi el 85% de los votos válidos, fue duramente criticada por especialistas en derecho constitucional, quienes acusan a Bukele de haber reemplazado ilegalmente a los magistrados de la Corte Constitucional y al fiscal general para concentrar poder, violando así la prohibición de reelección consecutiva.
«Mantenerse en el poder es evitar rendir cuentas por graves actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad», declaró Ingrid Escobar, abogada y directora de Socorro Jurídico Humanitario, quien calificó la búsqueda de un tercer mandato como inconstitucional.
Un fallo de la Corte Constitucional de septiembre de 2021 había permitido la reelección presidencial «por una sola vez». Sin embargo, la Asamblea Legislativa aprobó en julio de 2025 una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, eliminando además la sanción de pérdida de derechos de ciudadanía para quienes la promovieran, así como la prohibición de candidatura para expresidentes. La reforma también extendió el período presidencial de cinco a seis años y adelantó las elecciones a 2027.
El presidente ha defendido estas reformas, argumentando que «el 90% de los países desarrollados permite la reelección indefinida de su jefe de gobierno y a nadie le parece raro», y cuestionando por qué a un país pequeño como El Salvador se le critica por hacer lo mismo.
Los salvadoreños atribuyen a las políticas de seguridad del presidente, incluyendo un estado de excepción de cuatro años que ha encarcelado a más de 90,000 personas, la drástica reducción de la tasa de homicidios y una mayor sensación de seguridad en el país.
