El 19 de octubre, los albertanos votarán en un referéndum de diez preguntas, y cuatro apuntan directamente a la inmigración y al acceso a servicios públicos. Una quinta, sobre exigir prueba de ciudadanía para votar, también es contada por varios medios dentro del paquete migratorio.
Una aclaración es clave: las preguntas no se dirigen a todos los inmigrantes, sino a personas con estatus migratorio no permanente. Los textos parten del supuesto de que ciudadanos y residentes permanentes seguirán calificando como hasta ahora.
La primera pregunta plantea que Alberta asuma más control sobre la inmigración, hoy federal. La segunda propone que solo ciudadanos, residentes permanentes y personas con un «estatus migratorio aprobado por Alberta» accedan a salud, educación y servicios sociales provinciales; el gobierno no definirá ese estatus hasta después del voto. La tercera exige 12 meses de residencia a personas con estatus no permanente antes de acceder a apoyo social. La cuarta consulta si se les debe cobrar, a ellas y a sus familias, una tarifa o prima por salud y educación. La premier Danielle Smith mencionó $1,900 por persona como referencia y admitió que el gabinete aún no decide si aplicaría a quienes ya viven en la provincia.
El gobierno sostiene que los residentes temporales cuestan más de $1,000 millones a la provincia, pero críticos afirman que las cifras no cuadran e ignoran su aporte económico. La Fundación Muttart indica que ninguna provincia cobra hoy tarifa por la escuela pública a hijos de residentes no permanentes legales, y abogados advierten posibles choques con la Ley de Salud de Canadá o la Carta.
Los resultados no son vinculantes, y el ministro de Finanzas, Jason Nixon, sugirió que nada se implementaría antes de las elecciones de octubre de 2027.
Para el inmigrante, el mayor riesgo es la incertidumbre: no se sabe a quiénes cubriría cada medida ni cuándo entraría en vigor. Quienes transitan hacia la residencia permanente, o viven en familias con estatus mixto, deberían revisar sus documentos y consultar fuentes oficiales o asesoría autorizada. Además, quienes serían más afectados no pueden votar, pues el referéndum está reservado a ciudadanos canadienses.
