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Consultor hispano de inmigración en Vancouver es acusado de supuestamente usar documentos falsificados

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Carlos Alberto Alaniz

Carlos Alberto Alaniz, es el nombre del consultor de inmigración que enfrenta cargos bajo el Código Penal y la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados por supuestamente usar documentos falsificados.

Alaniz está acusado de tergiversar o retener hechos materiales en relación con las solicitudes de extensión de visitantes relacionadas con más de dos docenas de personas.

Alaniz, es director y propietario de la compañía Fast Track Immigration Services Inc., ante la ley  el consultor de inmigración, enfrenta cuatro cargos criminales por supuestamente, usar un extracto bancario falsificado, así como 20 violaciones de la legislación federal de inmigración.

Los cargos se le imputaron este verano, aunque se relacionan con incidentes que supuestamente ocurrieron entre el 2013 y el 2017.

«Las acusaciones contra mi cliente son solo eso, acusaciones», dijo el abogado de Alaniz, Matthew Nathanson, en un correo electrónico.

«Se presume que mi cliente es inocente y esperamos defender este caso en los tribunales».

Según el perfil de Alaniz en LinkedIn, el consultor maneja la «gestión y supervisión cotidianas en todos los aspectos de las cuentas de los clientes de inmigración» y se ocupa de «cuestiones legales y de cumplimiento al presentar solicitudes de trabajo y residencia permanente para nuestros clientes».

Los cargos penales supuestamente implican el uso de extractos bancarios falsos del banco HSBC que supuestamente pertenecen a cuatro personas diferentes.

Los cargos de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados supuestamente involucran información proporcionada con respecto a solicitudes de extensión de visitantes y, en el caso de dos personas, permisos de estudio.

Ninguno de los cargos ha sido probado en la corte.

El regulador consultor de inmigración dice que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá no les notificó las denuncias contra el consultor

Aunque Alaniz fue acusado en junio, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá no informó al actual Consejo Regulador de Consultores de Inmigración de Canadá (ICCRC). El ente controlador solo se enteró del caso a través de la cadena de noticias canadiense CBC News.

Alaniz no tiene antecedentes disciplinarios con el consejo actual. El director de conducta profesional del ICCRC, Michael Huynh, dijo, que al consejo le hubiera gustado haber sido informado de los cargos antes.

En circunstancias normales, dijo Huynh, el consejo iniciará procedimientos que podrían resultar en una suspensión provisional del consultor.

«El hecho de que [el caso] en sí plantea una preocupación», dijo. «Los cargos penales, para que se presenten, deben cumplir un cierto umbral».

Si bien no se habla de los detalles del caso Alaniz, el propósito de cualquier suspensión no sería prejuzgar el caso, dijo Huynh, sino «proteger al público y también proteger la reputación de la profesión».

El ICCRC supervisa cómo se comportan miles de consultores de inmigración en Canadá, brindando educación, licencias y disciplina.

Luego del proceso penal en su contra Alaniz, tendrá que celebrar una audiencia de ética ante ICCRCE, independientemente si es absuelto en los tribunales, dijo Huynh.

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