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Tribunal de Apelaciones de Ontario declara inconstitucional la ley 124 del gobierno de Ford

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Doug Ford, premierde Ontario
La ley de Doug Ford imponía restricciones salariales al sector público, cuestionando su necesidad y efectividad

El gobierno de Ontario liderado por Doug Ford enfrenta un revés judicial, ya que la Corte de Apelaciones de la provincia ha declarado inconstitucional la ley Bill 124, la cual imponía restricciones salariales al sector público. Esta legislación, en vigor desde 2019, limitaba los aumentos salariales al 1% anual durante tres años. La Corte considera que esta medida viola los derechos de negociación colectiva, especialmente para trabajadores sindicalizados.

La decisión, emitida en una votación de 2-1, destaca que la ley afecta negativamente a los trabajadores del sector público, muchos de los cuales son mujeres, racializados y de bajos ingresos. Se resalta que la restricción salarial podría haberse logrado a través de negociaciones de buena fe, y el tribunal cuestiona la falta de justificación para la urgencia de la medida.

El análisis

A pesar de la victoria para los trabajadores sindicalizados, la Corte de Apelaciones determina que el juez de un tribunal inferior erró al derogar toda la ley. Se aclara que la ley solo es inconstitucional para los trabajadores representados por sindicatos, ya que estos tienen derechos diferentes al negociar colectivamente.

La ley 124, promulgada por los Conservadores Progresistas para reducir el déficit, generó críticas y protestas generalizadas, especialmente en el sector de la salud. La Corte destaca que la legislación no era necesaria, según los registros financieros del gobierno. La anulación de la ley ha llevado a aumentos salariales retroactivos para varios grupos de trabajadores, generando preocupaciones sobre el impacto presupuestario en los hospitales.

La decisión judicial es celebrada como una victoria por sindicatos y líderes de la oposición, quienes critican el impacto negativo de la ley Bill 124 en la atención médica y la educación. Aunque la ley tenía un límite de tres años, su impacto continuó debido a la expiración de contratos anteriores y la duración de las negociaciones. Se espera que esta decisión tenga implicaciones financieras significativas para la provincia de Ontario.

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