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¿Se podría poner en riesgo el derecho al aborto en Canadá?

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¿Se podría poner en riesgo el derecho al aborto en Canadá?
¿Se podría poner en riesgo el derecho al aborto en Canadá?

Los expertos en derecho penal y constitucional indican que Canadá está muy por delante de donde estará Estados Unidos si el borrador de opinión filtrado de Roe v. Wade sobre el aborto se convierte en definitivo.

En el documento, la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de los EE. UU. argumentaron que la constitución no hace referencia al procedimiento y, por lo tanto, el acceso debería depender de los estados.

En Canadá, el aborto está regulado como cualquier otro servicio médico y ya está bajo la autoridad provincial. Pero un profesor de derecho de la Universidad de Ottawa explicó que hay una diferencia crucial.

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“La diferencia en los Estados Unidos es que la ley penal es una medida de estado por estado, por lo que estos ahora no solo van a regular el procedimiento de salud, sino que pueden imponer una prohibición penal”, sostuvo Daphne Gilbert.

Dado que las leyes penales en Canadá se elaboran a nivel federal, Gilbert aseveró que ninguna provincia individual podría penalizar el aborto. Sin embargo, lo que potencialmente podría hacer una provincia es poner barreras en la forma de acceder al trámite. Se está llevando a cabo un desafío judicial por la negativa de New Brunswick a financiar clínicas de aborto.

La Corte Suprema de Canadá despenalizó el procedimiento en una decisión histórica conocida como R. v. Morgentaler en 1988, al considerar inconstitucional la disposición del código penal existente. Ningún gobierno en Canadá ha promulgado legislación para reemplazarlo.

Pero al menos una candidata al liderazgo conservador federal, Leslyn Lewis, se comprometió a introducir nuevas restricciones al aborto si llegara a ser primera ministra.

Si bien este país no tiene una decisión de la Corte Suprema que consagre formalmente el aborto como un derecho, Gilbert agregó que cree que sería «imposible» ahora que la corte superior confirme cualquier prohibición penal contra el procedimiento.

 

La decisión de 2015 de legalizar la asistencia médica para morir, que señaló que los propios valores de las personas deberían dictar cómo toman decisiones fundamentales sobre su cuerpo.

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