Presidente de Ecuador apela a medidas constitucionales ante crisis carcelaria

El primer «derecho que debemos garantizar es el derecho a la vida y la libertad ciudadana, lo cual no es posible si la fuerza pública no puede actuar para proteger. Expreso mis más sinceras condolencias a las familias que perdieron seres queridos. ¡Que Dios bendiga al Ecuador!», indicó el mandatario en Twitter.

Las declaraciones de Lasso tienen lugar poco después de que la Fiscalía General de Ecuador confirmara la muerte de 68 presos en un nuevo motín dentro del principal penal de Guayaquil (suroeste), donde en septiembre pasado se registró la peor masacre carcelaria del país.

El gobernante ecuatoriano participa este sábado en una reunión con el Comité de Seguridad, instalado después de conocerse este sábado la masacre en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil.

Según la agenda, la reunión del comité estaba prevista para las 13.30 hora local (18.30 GMT) en las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911, en la ciudad costera de Guayaquil, informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

Lasso comentó en Twitter que tras la cita se hará un «anuncio importante».

Pablo Arosemena, gobernador de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, explicó que los enfrentamientos registrados entre la noche y la madrugada de hoy en la penitenciaria del Litoral comenzaron cuando un grupo de reos buscó acorralar a los recluidos en el pabellón 2.

Ese pabellón se quedó sin su cabecilla luego de que la Justicia lo dejara en libertad al haber cumplido el 60 % de su condena.

«Al estar ese pabellón sin cabecilla, otros pabellones, con otras bandas, pretendían doblegarlos, entrar a hacer una masacre total», señaló Arosemena en una rueda de prensa al detallar que en el pabellón 2 están recluidas aproximadamente 700 personas.

De acuerdo con Arosemena, el ingreso de la Policía Nacional al pabellón en la madrugada «permitió salvar vidas».

El sistema penitenciario del país se encuentra bajo un estado de excepción tras la peor masacre carcelaria en el país, ocurrida en septiembre precisamente en ese penal de Guayaquil, donde 118 presos fueron asesinados, varios de ellos desmembrados, en medio de una reyerta entre bandas relacionadas con el narcotráfico, según presumen las autoridades.

El pasado 4 de noviembre, la Corte Constitucional de Ecuador redujo a 30 días, la mitad del tiempo previsto, y condicionó otro estado de excepción que Lasso decretó el 18 octubre para frenar el auge de la delincuencia en varias regiones.

También la Corte Constitucional dispuso entonces que la movilización de las Fuerzas Armadas, ordenada en el decreto ejecutivo con el que se aplicó el estado de excepción, se restrinja a operaciones en los que esa institución cumpla «exclusivamente funciones complementarias a las de la Policía», que esté plenamente justificada y respete el principio de proporcionalidad.