El tiroteo ocurrió
al cierre de la tarde del viernes en la entrada principal de la tienda Walmart
de la ciudad de Red Deer en Alberta. Según la policía, un hombre de 69 años de
edad, fue asesinado en la entrada de la tienda ubicada en el extremo sur de la
ciudad.
A las 6:45 de
la tarde se escucharon los disparos y el caos y la desesperación se apoderaron
de las familias que hacían compras navideñas en la tienda. La víctima fue
llevada de urgencia al hospital con una herida de bala en el pecho, pero luego
sucumbió a su lesión.
«Estábamos
haciendo nuestras compras y estábamos a punto de comenzar a dirigirnos a las
cajas cuando escuchamos el disparo y en el sistema de amplificación empezamos a
escuchar que tenían una situación en el estacionamiento” dijo uno de los clientes
de Walmart a los medios.
Alrededor de
300 personas se encontraban dentro del almacén en el momento en que ocurrieron
los hechos, según informo la RCMP.
Nadie más
sufrió lesiones a pesar de los informes en las redes sociales que afirmaban,
que varias personas habían resultado heridas, dijo el sargento de la RCMP.
La tienda
fue cerrada y la gente en el interior fue evacuada por las puertas traseras de
la tienda una hora después del tiroteo.
El sargento
de policía Shelley Mashiem, confirmó que la policía busca al menos dos
sospechosos que huyeron de la escena del crimen en dos vehículos.
Cualquier
persona con información sobre el tiroteo debe llamar a Red Deer RCMP al
403-391-4034 o Crime Stoppers al 1-800-222-8477.
El nuevo acuerdo comercial de América del Norte que está cerca de ser aprobado en el Congreso estadounidense brinda tanto a la Casa Blanca como a los demócratas la oportunidad de clamar victoria y ofrece a los productores del campo y otros sectores reglas más claras para el enorme flujo de mercancías entre Estados Unidos, México y Canadá.
Sin embargo, el pacto, conocido como T-MEC, deja al menos un perdedor imprevisto: la industria farmacéutica, un cabildero casi invencible en Washington.
Para satisfacer a los legisladores demócratas, el gobierno de Trump eliminó una cláusula que habría dado a los fabricantes de medicamentos biológicos una protección de 10 años contra los genéricos. Los demócratas se oponían a lo que describían como un obsequio para la industria, que podría haber fijado precios inflados porque se suprimía la competencia. Algunos ejemplos de estos medicamentos elaborados con células vivas figuran algunas inyecciones contra el cáncer y contra padecimientos inmunológicos, como la artritis reumatoide.
“Esta es una de las primeras veces que hemos visto perder a las farmacéuticas”, dijo el representante demócrata Earl Blumenauer, que encabeza una subcomisión de comercio. “Tienen un historial impresionante porque constituyen una fuerza política enorme. Se gastan muchísimo dinero en cabildeo, publicidad y contribuciones de campaña, pero nos mantuvimos firmes y ganamos en todos los sentidos”.
El retiro de la disposición también ayudó a ilustrar que los elevados precios de los medicamentos se han convertido en un tema político fuerte. También es un recordatorio del reiterado compromiso del presidente Donald Trump de trabajar para conseguir que baje el costo de las medicinas.
La semana pasada, las farmacéuticas sufrieron otra derrota _ quizá temporal _ cuando los demócratas aprobaron en bloque en la cámara baja una propuesta que autorizaría al programa Medicare usar su influencia en el mercado para negociar precios más bajos con las farmacéuticas. No obstante, la propuesta no tiene muchas probabilidades de ser aprobada en el Senado, donde los republicanos son mayoría.
Sin embargo, el T-MEC parece encaminado a su aprobación en el Congreso sin la protección a los biomedicamentos como pretendía la industria farmacéutica. El pleno de la Cámara de Representantes aprobó el jueves el acuerdo con votación de 385-41. No se prevé que el Senado lo analice sino hasta enero.
“No es un misterio”, dijo la representante demócrata Jan Schakowsky, que ayudó a negociar el nuevo acuerdo comercial con el gobierno de Trump. “Si sondeas al pueblo estadounidense, el costo de los medicamentos es un asunto muy importante. Está realmente en lo alto de la lista”.
El acuerdo comercial alcanzado el año pasado con México y Canadá concedía a los medicamentos biológicos una protección de 10 años frente a alternativas más baratas conocidas como biosimilares. Entre los principales biofármacos están los medicamentos contra el cáncer Rituxan y Humira, además de Enbrel para el combate de trastornos inmunológicos.
La industria farmacéutica y el gobierno de Trump habían argumentado que los productores de medicamentos biológicos necesitaban una protección de años para tener ganancias antes de que se autorizara la salida de los biosimilares al mercado. De lo contrario, argumentaron, las grandes marcas y las nuevas firmas biotecnológicas, que dependen de dinero de firmas de capital de riesgo, tendrían poco incentivo para invertir en el desarrollo de nuevos medicamentos.
“El anuncio de hoy da prioridad a la política en lugar de los pacientes”, opinó la semana pasada el principal grupo que representa a la industria, PhRMA, en un comunicado. “Eliminar la cláusula sobre medicamentos biológicos en el T-MEC retira protecciones vitales para los innovadores, y no hace nada para ayudar a los estadounidenses enfermos a pagar sus medicinas ni acceder a tratamientos y curas futuras”.
La industria rechazó además la noción de que la cláusula sobre los biomedicamentos habría mantenido los precios elevados y perjudicado a los consumidores. Agregó que las actuales leyes estadounidenses ya les dan a los medicamentos biológicos una protección de 12 años, dos más que la prevista inicialmente en el T-MEC. Sin embargo, la cláusula que los demócratas lograron retirar habría obligado a México a aumentar la protección de cinco años y a Canadá la de ocho, lo que podría perjudicar a los consumidores estadounidenses que busquen medicamentos menos costosos en esos países.
Además, afirmaron los demócratas, si el Congreso hubiera ampliado el monopolio de los medicamentos biológicos en el T-MEC, habría impedido que los legisladores lo disminuyeran, por decir, a los siete años propuestos alguna vez por el gobierno de Barack Obama.
“Habríamos estado bloqueados”, dijo Schakowsky.
Para la industria, este revés supone un giro drástico. Hace cuatro años, el sector ayudó a frustrar un tratado comercial del gobierno de Obama con 11 países de la Cuenca del Pacífico, argumentando que una protección de ocho años era insuficiente. Ahora, el nuevo tratado de América del Norte no contiene ninguna protección.
En 2006, la industria logró una victoria importante cuando ayudó a aprobar en el Congreso una iniciativa que añadió cobertura de medicamentos de prescripción para los beneficiarios del programa Medicare, pero que prohibía al gobierno negociar precios más bajos. Esa restricción abrió “una caja de Pandora” que despejó el camino para alzas injustificables, dijo Steve Brozak, analista de WBB Securities.
Los productores farmacéuticos comenzaron a elevar los precios de medicinas existentes varias veces al año, a veces más de 20% en un año. Comenzaron además a comercializar medicamentos biológicos con precios de lista que rebasaban los seis dígitos al año. En mayo, las autoridades reguladoras en Estados Unidos aprobaron una terapia genética de una sola ocasión, Zolgernsma, cuyo precio exorbitante alcanza 2,1 millones de dólares por paciente.
Hubo una reacción en su contra, especialmente tras reportes noticiosos y audiencias en el Congreso que expusieron historias de enfermos racionando medicinas e incluso muriendo porque no podían pagar la insulina y otros medicamentos.
Las farmacéuticas han “estado a la defensiva más de lo que hayamos visto antes”, dijo David Certner, abogado de la AARP, una asociación civil no lucrativa que aboga por los intereses de las personas jubiladas en Estados Unidos.
El año pasado, dijo Certner, el Congreso le asestó a la industria dos derrotas: primero, al incrementar los descuentos que los fabricantes farmacéuticos deben dar a los ancianos en los medicamentos caros no cubiertos por Medicare, y meses después al rechazar los intentos de la industria de revertir el cambio.
Y en enero, la industria perdió a quien quizás era su mayor defensor en el Congreso, el senador republicano Orrin Hatch, quien decidió jubilarse.
Trump había prometido desde hace tiempo abordar el problema de los precios de los medicamentos. El miércoles, el gobierno avanzó en un plan para permitir a los estadounidenses un acceso seguro y legal a medicamentos menos costosos del exterior. Hasta ahora, la mayoría de las iniciativas de Trump sobre precios de medicamentos no han ido a ninguna parte y su equipo comercial había negociado la inclusión de la cláusula sobre los biomedicamentos en el T-MEC.
Frente a la molestia de la opinión pública, la resistencia demócrata y el hecho de que México y Canadá no tenían razón para apoyar la cláusula, el gobierno de Trump cedió. Cuando llegó a un acuerdo con los representantes demócratas la semana pasada sobre el T-MEC, la cláusula quedó fuera.
“Claramente, deshacerse de la cláusula de los medicamentos biológicos fue un retroceso”, dijo el martes el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer en entrevista con Fox Business Network. “Hubo un acuerdo. El control demócrata en la Cámara de Representantes tiene sus consecuencias. Era necesario y lo lamento”.
Jeffrey Francer, abogado general de la Asociación para Medicamentos Asequibles, que representa a las compañías de medicamentos genéricos y biosimilares, lo ve de forma diferente: “El presidente decidió no meter las manos al fuego por la industria farmacéutica”.
El mal
tiempo, la nieve, la baja visibilidad y los conductores imprudentes, fueron las
causas de un accidente múltiple ocurrido en la autopista 400 el jueves por la
tarde. 50 vehículos y seis camiones estuvieron
involucrados en el accidente que dejo heridos menores.
Según el
sargento de policía,Kerry Schmidt la autopista 400 fue cerrada desde la autopista
88 hasta Innisfil Beach Road, unos 25 kilómetros en total. camiones y automóviles se deslizaron por la autopista
y se fueron acumulando uno detrás del otro a baja velocidad, pero se golpearon
entre si generando un problema de tráfico gigantesco, pero sin víctimas que
lamentar, concluyo Schmidt.
Al final de
la tarde la autopista fue habilitada para el trafico normal luego de horas de
un gigantesco trancón.
Las ráfagas
de viento, causaron problemas en la (QEW), con al menos un accidente cerca de
St. Catherines.
La recomendación
es conducir con precaución, estar atentos al clima y guardar la distancia.
En la operación
Hobart, como fue denominada por la policía, se logró desmantelar una operación
de juego ilegal que movía millones de dólares de manera ilegal. La banda también
estaba vinculada a una serie de intentos de asesinato, incendio provocado,
amenazas de extorsión, tiroteos y asaltos ocurridos en Ontario y Quebec entre
agosto del 2017 y mayo de 2018.
Los juegos
ilegales presuntamente eran controlados por miembros de la banda de
motociclistas conocida como los Hell’s Angels. Integrada por Robert Barletta,
Craig McIlquham, Eugenio «Gino» Reda y Raffaele Simonelli.
Según la policía,
Michael Deabaitua-Schulde, un conocido miembro de la pandilla y miembro de la
organización de juego ilegal, fue asesinado en marzo pasado cuando salía de un
gimnasio en la región de Peel, esto al parecer desato una guerra interna dentro
de la organización criminal.
La
investigación llevó a la policía a una casa de juegos en Mississauga y cinco
sitios web de juegos deportivos: Ultimate SB, Titan SB, PlaytoWin SB, Privada
SB y Players SB. Entre enero y julio de este año, la casa de apuestas asociada
con los Hell’s Angels recaudó aproximadamente $ 13 millones.
Los
ingresos ilegales totales de los últimos cinco años se estiman en $ 131
millones. Según la policía, los cinco sitios web fueron controlados por
Barletta, McIlquham y Reda.
Para los
investigadores, esta banda, tenían vínculos con la familia del crimen
Figliomeni, según otra investigación realizada por la Policía Regional de York.
La semana
pasada, las agencias policiales realizaron múltiples órdenes de allanamiento
donde lograron incautar:
7
residencias y 2 propiedades vacacionales valoradas en poco más de $ 8.1
millones, Cuentas financieras por un total de $ 1.2 millones, 18
vehículos, incluidos automóviles de lujo y antiguos, 3 motocicletas Harley
Davidson, 2 motos de nieve y 2 carros de golf, Más de $ 1.7 millones en
efectivo, Monedas y lingotes de oro y plata valorados en $ 320,000, Relojes
y joyas de lujo de alta gama por un valor de $ 303,000, 21 armas de
fuego, incluidas 9 pistolas ilegales, 6 rifles, 3 escopetas y otras 3 pistolas,
2 armas de energía conducidas, Varios chalecos balísticos y chaquetas
de los Ángeles del infierno
28 personas
fueron detenidas y enfrentan un total de 228 cargos, incluidos los de apuestas,
delitos de armas de fuego, lavado de dinero, evasión de impuestos y fraude.
La OPP no
ha revelado sus nombres, pero dice que la mayoría de ellos ya han aparecido, o
están programados para aparecer, en un tribunal de Brampton durante las
próximas cuatro semanas.
La OPP
llama al Proyecto Hobart una compleja investigación multijurisdiccional que
involucró a 18 agencias. La policía regional de Waterloo, la policía de
Stratford y la policía de Woodstock, así como los servicios policiales en London,
Hamilton y Niagara.
Sandra Morales y cinco de sus hijos serán deportados en febrero según las cartas oficiales de inmigración Canadá. Ella admite que su familia ha estado viviendo en Canadá ilegalmente, pero dice que tiene miedo de regresar a Guatemala.
La
Historia
Morales y su
esposo, Daniel Roblero salieron del país centroamericano en la década de 90, huyendo
de la violencia que vivía su país. Se conocieron después de que los dos se
mudaron a los Estados Unidos. se casaron y tuvieron seis hijos.
Después de
la elección de Donald Trump, la pareja se preocupó por un aumento en la
aplicación de la ley de inmigración. Morales, Roblero y sus hijos se mudaron a
Canadá en el 2017 y pidieron asilo.
Su reclamo de
asilo, fue rechazado, y la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá
determinó que la familia no cumplía con los requisitos de refugiados.
Eso
significaba que la familia se dividiría. Como el hijo mayor de la pareja tiene
más de 18 años y nació en los EE. UU. Se le permitiría quedarse en ese país.
Mientras tanto, los niños más pequeños serían deportados a pesar del hecho de
que nacieron en los Estados Unidos y nunca habían vivido en Guatemala. Su esposo,
Daniel Roblero fue deportado el 2 de noviembre.
Daniel Roblero
«Mi
familia está separada y por eso estoy triste», dice Morales. «Espero
que el gobierno cambie de opinión y diga que podemos quedarnos en Canadá».
El resto de
la familia ahora se enfrenta a una decisión difícil. Todos podrían abandonar
voluntariamente el país y unirse a Roblero o podrían permanecer en Canadá y
solicitar la residencia permanente por razones humanitarias y de compasión. Pero
ese proceso podría llevar años.
Su única
otra opción es una evaluación de riesgos previa a la eliminación que implica
una solicitud por escrito. La deportación de la familia podría quedar en espera
mientras esperan una respuesta, lo que podría llevar meses.
«Mientras no tengan estatus, se enfrentan al riesgo de deportación», dice Stacey Gómez, miembro del grupo de justicia migrante «Nadie es ilegal». Gómez además afirma, que la posibilidad de que su aplicación sea exitosa es inferior al 5%.
¿Qué dice inmigración?
La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá dice que no puede comentar sobre el caso Roblero-Morales por razones de privacidad. Pero en un comunicado a la cadena de noticias canadiense CTV inmigración afirmo: «La decisión de sacar a alguien de Canadá no se toma a la ligera. La Ley de Inmigración y Protección de Refugiados establece que las órdenes de expulsión deben hacerse cumplir lo antes posible «. La declaración también dice que:» Todas las órdenes de expulsión de Canadá tienen derecho al debido proceso ante la ley y todas las órdenes de expulsión están sujetas a varios niveles de apelación o revisión. Antes de la expulsión, las personas pueden solicitar una revisión judicial, así como procedimientos de revisión administrativa que evalúen el riesgo potencial para la persona de regresar a su país u origen. La CBSA procede a la eliminación solo una vez que estas vías se hayan agotado y los documentos de viaje estén disponibles «.
Protestas
pacificas
El jueves, amigos
de la familia se reunieron frente a la oficina del diputado Bardish Chagger de
Waterloo en una protesta pacífica.
«El
sistema puede ser un desafío», dice Chagger. «Pero es un sistema
riguroso y compasivo».
Los amigos
de la familia también entregaron una gigantesca tarjeta navideña pidiéndole al
gobierno que permita que Roblero regrese a Canadá para Navidad.
Las escuelas secundarias públicas de las 10 juntas escolares de la provincia cerraron el miércoles como parte de la huelga de un día. Esta huelga se presentan luego que el gobierno provincial no diera muestras de ceder en las negociaciones salariales de los educadores.
Los límites salariales,
el tamaño de las clases y los cursos en línea obligatorios son algunos de los
puntos conflictivos para el sindicato, pero el ministro de Educación, Stephen
Lecce, dice que el problema principal es la compensación.
Los educadores dicen
que los problemas clave en el centro del punto muerto entre el OSSTF y la
provincia serán los que más perjudicarán a las escuelas rurales.
Por ejemplo, el aumento
en el tamaño de las clases, un pilar en la lucha sindical, ha lastimado
profundamente a pequeños pueblos como Ridgetown, dice Jennifer Kumpf,
presidenta del Distrito 10 de OSSTF.
Kumpf dice que a medida
que aumenta el tamaño de las clases, y los programas que no cumplen con el
mínimo están en riesgo. La situación deja a los estudiantes rurales con
opciones limitadas, lo que obliga a algunos a viajar a escuelas más alejadas
solo para maximizar su educación.
Kumpf dice que es un
punto perdido para el primer ministro Doug Ford, quien en su mensaje de campana
hallaba de planes para mejorar la vida rural y de los pueblos pequeños pero hoy
la realidad es otra.
El presidente de México dijo el miércoles que no está de acuerdo con flexibilizar la estricta separación legal entre la Iglesia y el Estado, al rechazar un proyecto que trastornaría la doctrina de larga data en el país.
Andrés Manuel López Obrador dijo que la iniciativa, presentada la semana pasada por una senadora de su partido izquierdista Morena, apunta contra algo que “no debe de tocarse”. El partido de López Obrador controla las dos cámaras del Congreso, y sin el apoyo del presidente un proyecto difícilmente será aprobado.
“Considero que eso ya está resuelto desde hace más de siglo y medio”, añadió.El proyecto modificaría la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para eliminar las frases que consagran la “separación del Estado y las Iglesias”.
Entre otras medidas concretas, daría a los grupos religiosos mayor acceso a la televisión, radio, diarios y otros medios, flexibilizaría las normas sobre las propiedades de la Iglesia, permitiría la colaboración entre la Iglesia y el Estado en materia de desarrollo cultural y social, y permitiría las “objeciones de conciencia” a las leyes por motivos religiosos.
También permitiría a las autoridades eclesiásticas realizar su obra espiritual en instalaciones del gobierno como hospitales, centros de rehabilitación e incluso militares.
El Estado mexicano tiene desde hace tiempo una relación fría con la Iglesia católica. Las reformas impulsadas en el siglo XIX por Benito Juárez, a quien López Obrador considera un héroe, limitaron bruscamente el control religioso de muchos aspectos de la vida nacional. El Estado persiguió activamente a la Iglesia en las primeras décadas del siglo XX, lo que dio lugar a una guerra civil conocida como la “Guerra Cristera”.
Muchas de las leyes anticlericales más duras fueron abolidas en tiempos más recientes, sobre todo alrededor de la visita del papa Juan Pablo II en 1979, pero la separación entre la Iglesia y el Estado permanece como un concepto político medular en México.
“No considero que modificar este principio ayude. Al contrario”, dijo López Obrador. “Yo creo que todo el mundo, la mayoría de los mexicanos, está de acuerdo en que prevalezca el Estado laico, lo que establece la Constitución”, agregó.
Dijo que el Estado laico no es antirreligioso, sino que garantiza los derechos de creyentes y no creyentes por igual. “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, dijo López Obrador.
La oficina de la senadora Soledad Luévano Cantú, quien propuso la iniciativa, no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones. Sin embargo, el martes tuiteó que presentó la iniciativa era por cuenta propia y que no estaba firmada por el presidente o su partido, y que cree en la ley y en el Estado laico.
“Con respeto, tolerancia y sin tabúes, podemos trabajar juntos para que miles de asociaciones religiosas de nuestro país puedan ayudar a que México sea un país donde todos vivamos mejor”, escribió Luévano.
Describió su fe como “Guadalupana”, devota de la Virgen de Guadalupe, la patrona de la Iglesia católica de México, pero que también repercute en millones de personas no católicas en el país.
Andrew Chesnut, profesor de estudios religiosos en la Universidad Commonwealth de Virginia, dijo que la iniciativa de Luévano parecía beneficiar mayormente a los evangélicos y otras minorías religiosas en un país donde 81% de la población es católica y la Iglesia goza de más influencia que, probablemente, en cualquier otra parte del hemisferio, a pesar de la separación legal entre Estado e Iglesia.
López Obrador, que se ha descrito como un cristiano en el “sentido amplio”, se alió durante la campaña presidencial de 2018 a un pequeño partido político muy influenciado por las iglesias evangélicas. Los observadores dicen que su discurso con frecuencia tiende a ser casi religioso e incluso mesiánico. Chesnut dijo que los evangélicos probablemente vean una oportunidad para ganar más espacio en la sociedad mexicana bajo el gobierno de un “simpatizante”.
Sin embargo, los comentarios de López Obrador del miércoles reflejan la inviabilidad política de la propuesta, después de que fuera criticada por casi todo el espectro político y religioso en México, incluso tanto de católicos como de laicos. “El Estado laico en México casi tiene un estatus sagrado”, agregó Chesnut.
Interrumpimos el
ambiente festivo de fin de año para traerles a ustedes el juicio político
contra un presidente de Estados Unidos.
En medio de la
algarabía, el bullicio en las tiendas y el frenesí de la hora pico, los
estadounidenses asimilaron el momento en el que Donald Trump se convirtió en
apenas en el tercer mandatario en quedar marcado por un juicio político, la más
grave de las imputaciones políticas en la Constitución.
Dependiendo de a quien
se le pregunte en este país profundamente polarizado, los estadounidenses
vieron la votación del miércoles en la noche en la Cámara de Representantes
como una expresión justa del documento fundador de la nación, o como una
flagrante distorsión de la carta magna. Para algunos, Trump está recibiendo su
merecido y para otros está siendo víctima de una cacería de brujas.Estos
estadounidenses reflejan el gran divisionismo expuesto en las encuestas sobre
si Trump debería ser destituido. Todas las partes podrían coincidir con Mark
McQueen, empleado del gobierno estatal en Tallahassee, Florida, en que “las
tensiones son altas en todo el país”.
La agencia de noticias,
The Associated Press consultó a varias personas sobre el juicio político en
media docena de estados de importancia para las elecciones de 2020 o en los
comicios primarios de los que saldrá el contrincante demócrata de Trump.
Manchester, Nueva Hampshire
En la calle Elm de
Manchester, el principal corredor de la vida nocturna de la ciudad, la mayoría
de las televisiones en Thirsty Moose Taphouse sintonizaban deportes mientras se
acercaba la votación en la Cámara de Representantes y ninguna exhibía el
debate.
Caminando fuera del
lugar, James Adamonis, de 39 años y exsoldado de la Marina, manifestó su apoyo
al juicio político. “Él no hace absolutamente nada por este país, en especial
por veteranos como yo”, dijo Adamonis. “Simplemente es un presidente horrible.
Todo lo que ha hecho ha sido mentir desde el principio”.
Adamonis dijo que no
votó en las últimas elecciones y no sabe si lo hará en las del próximo año.
Alice Cutting, una
gerente de oficina de 60 años que votó por Trump en 2016 y planea hacerlo de
nuevo, calificó de “ridículo” el juicio político.
“Éste es un simple
despilfarro del dinero de los contribuyentes”, afirmó. “Hagan algo más
productivo, algo que ayude a este país”.
Los Ángeles
Mientras trabajaba con
su laptop en un centro comercial en Los Ángeles, Natasha Adams elogió la
aprobación del juicio político por considerar que Trump incurrió en abuso del
poder al presionar a Ucrania a que investigara a oponentes políticos mientras
le retenía asistencia militar.
Adams, de Rockville,
Maryland, es gerente regional de una joyería y se encontraba en la ciudad para
celebrar su 42do cumpleaños. Ella es demócrata.
“Creo que él ya ha
hecho numerosas cosas para que posiblemente lo sometan a juicio político”,
afirmó Adams. En referencia a los demócratas, Adamas afirmó que “creo que quizá
ahora están hartos y necesitan poner ese ejemplo”.
Denver
Morgan O’Sullivan, un
demócrata de 31 años y dueño de un pub cervecero en Denver, observaba las
alertas que le llegaban a su teléfono celular.
Su deseo inmediato: Que
el senador republicano de su estado, Cory Gardner, no caiga en la rigidez
partidista durante el juicio en el Senado sobre los cargos aprobados por la
Cámara de Representantes. Si Gardner muestra cierta independencia, dijo,
“sentiría una gran cantidad de respeto por el Partido Republicano y comenzaría
a creer que hubo cierto bipartidismo ahí”.
Tallahassee, Florida
“Cada vez que se somete
a un presidente a juicio político, es un momento histórico”, dijo Aimee Brewer,
enfermera de 49 años de Monticello, Florida, que votó por Trump en 2016. “Que
sometan a juicio político a alguien es malo, pero no sé si será solo una mancha
o algo mayor. Como sea, voy a apoyarlo”.
Brewer dijo en
referencia a los demócratas: “Jamás le concretaron un caso decente.
Necesitábamos un poco más de pruebas; todo fue circunstancial”.
De inclinación
demócrata, Mark McQueen, de 46 años, es un ingeniero en tecnología de la
información con el gobierno estatal. “Estamos divididos como sociedad”, señaló.
“Las tensiones están altas en el país. Creo que la gente se arriesga a perder
la fe en los procesos políticos”, apuntó.
Calvan informó desde
Tallahassee, Florida, y Woodward desde Washington. Los periodistas de The
Associated Press, Nicholas Riccardi, en Denver; Kathleen Ronayne, en Los
Angeles, y Hunter Woodall, en Manchester, Nueva Hampshire, contribuyeron a este
despacho.
La Fiscalía de La Paz emitió el miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente boliviano Evo Morales, actualmente refugiado en Argentina, por cargos de sedición y terrorismo.
Con base en esa orden, la policía procederá a cumplir el requerimiento judicial, declaró a la televisora Unitel el coronel mayor Luis Fernando Guarachi, jefe de la policía anticrimen de esta ciudad.
Al exmandatario también se le acusa de financiamiento del terrorismo, según la orden de captura que difundió la policía.
“La presente orden… podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil, o en caso necesario, recúrrase a la fuerza pública, respetando el ejercicio de los derechos y garantías”, agrega el requerimiento de la Fiscalía.En Buenos Aires, Morales calificó la orden de detención como “injusta, ilegal e inconstitucional” y que tiene como propósito “amedrentar e intimidarnos”.
“No me asusta, desde 1989 todos los presidentes hasta 2005 me procesaron de terrorismo, sedición y hasta asesino”, expresó en declaraciones al canal local A24 en la puerta de su residencia en la capital argentina. “Mientras tenga la vida voy a seguir la lucha política por una Bolivia digna y soberana”.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó el mes pasado, ante la Fiscalía de La Paz, una demanda contra Morales por supuestamente promover los violentos enfrentamientos que dejaron 35 muertos y derivaron en su renuncia con base en un audio en el que supuestamente se escucha al exgobernante ordenar resistir y hacer un cerco a las ciudades para derrocar a la presidenta interina Jeanine Áñez.
En reiteradas ocasiones Morales ha negado los cargos y ha calificado el caso de un montaje de la derecha en su contra. El audio ha sido enviado a Colombia para un examen de peritaje. Por el mismo caso está procesado el exdirigente cocalero Faustino Yucra, actualmente prófugo, quien supuestamente recibe la orden de Morales.
“Si ingresa a Bolivia, un fiscal o cualquier policía puede detenerlo (a Morales) y llevarlo ante un juez que podría ordenar la detención preventiva en un penal ante un posible riesgo de fuga”, dijo a The Associated Press el jurista y docente Williams Bascopé.
El exgobernante renunció a la presidencia el 10 de noviembre y un día después se fue asilado a México. Actualmente se encuentra refugiado en Argentina. Desde allí dirige a su partido político, el Movimiento Al Socialismo (MAS), para las próximas elecciones que aún no tienen fecha.Morales ha dicho en Argentina que, al ser expresidente, le corresponde un juicio de responsabilidades. El ministro Murillo aclaró que los cargos son por supuestos delitos después de su renuncia a la presidencia.
Según Bascopé, Morales perdió fuero por los cargos formulados tras su renuncia.
Tras el anuncio, la legisladora Leonilda Zurita, del MAS, dijo que es un abuso. “Nuestro presidente (Morales) tiene volver, lo esperaremos con los brazos abiertos; tiene derecho de regresar a Bolivia. No cometió delito, ni tiene cuentas pendientes”.
Morales renunció el 10 de noviembre tras protestas que lo acusaban de haber montado fraude en las elecciones del 20 de octubre para reelegirse a un cuarto mandato y tras perder el apoyo de la policía y las fuerzas armadas. Una auditoria electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que en los comicios hubo “manipulación dolosa” de los votos. Tras su salida, sus partidarios iniciaron protestas contra Áñez. En 35 días de manifestaciones, murieron 35 personas.
Áñez, una senadora opositora, se autoproclamó presidenta interina y convocó a nuevas elecciones en el mes de abril de 2020 en fecha aún por definir.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó el miércoles un proyecto para permitir a los chilenos expresarse en un plebiscito para reemplazar la Constitución legada por la dictadura militar, uno de los logros de un poderoso movimiento social que desde hace dos meses convulsiona el país.
Ahora debe votar el Senado.
Se necesitaban 103 votos para aprobar el proyecto para convocar a una consulta popular el 26 de abril de 2020 y se obtuvieron 127 a favor, 18 en contra y cinco abstenciones.
La sala, sin embargo, rechazó las iniciativas opositoras para que la convención constituyente tuviera paridad de género –el 51% de los chilenos son mujeres–, para asegurar un número de escaños a los pueblos originarios y para que los independientes pudieran presentarse en listas.
Las iniciativas opositoras pueden ser repuestas en nuevos proyectos.
Previo a la votación, decenas de mujeres realizaron en las afueras de la sala de diputados el conocido perfomance de “El violador eres tú” para demandar paridad de género. Algunas lograron ingresar al lugar y manifestarse ante los parlamentarios, pero fueron empujadas hacia el exterior. La sesión se suspendió por poco más de media hora.
El proyecto que busca permitir un plebiscito constitucional es una conquista de las protestas generalizadas en Chile, las mismas que obligaron al gobierno centroderechista de Sebastián Piñera a mejorar levemente las pensiones de los ancianos más pobres y ajustó en 16% los ingresos mínimos de unos 400.000 trabajadores. También ofreció ajustes que están en discusión en el Congreso.
La revuelta del 18 de octubre, que dañó la mayoría de las estaciones del subterráneo, unos 300 grandes supermercados, decenas de farmacias y que, en las semanas siguientes, afectó a unos 15.000 pequeños comercios, llevó a Piñera a implementar un estado de emergencia y toque de queda que abarcó la mayoría del país y se prolongó por nueve días. Luego, el control del orden público volvió a la policía.“En medio de esta ola de violencia surgió en Chile… el mayor movimiento social de nuestra historia reciente”, escribió Piñera en una columna publicada el miércoles por The New York Times. Las protestas, dijo el mandatario, se expresan “legítimamente contra las desigualdades excesivas, las bajas pensiones, la calidad y el costo de los servicios públicos, los abusos en el suministro de bienes y servicios y otros problemas que se venían acumulando desde hace décadas”.
Enumeró también su agenda social, que contiene mejoras para las pequeñas y medianas empresas, reducciones en precios de medicamentos, estabilización en los precios de los pasajes del transporte público, agua y electricidad, aumento a un impuesto de quienes ganan sobre 10.500 dólares mensuales y una rebaja simbólica temporal de los altos ingresos de los 198 parlamentarios.
Claudia Muñoz, vendedora de 43 años, dijo a The Associated Press que “las mejoras son un parche, no ayudan a la clase media, seguimos tan mal como antes”.
“Gran parte de los pocos logros, de las pocas respuestas que el mundo político ha podido dar en este tiempo no provienen precisamente de La Moneda (el palacio de gobierno), más bien han provenido del Congreso”, criticó el presidente del Senado, el opositor Jaime Quintana, en alusión al trabajo parlamentario nunca visto desde la reapertura del Congreso, en 1990, que permaneció cerrado desde el golpe militar de septiembre de 1973.
El presidente de los empleados públicos, José Pérez, señaló que “el gobierno sigue sin oír el clamor que está expresado en cuestiones súper concretas”, como cambios estructurales al sistema primado de pensiones y a la salud pública, que atiende a 80% de los 18 millones de chilenos.
Quintana recordó además “los serios reproches que pesan sobre Chile por las violaciones a los derechos humanas registradas durante los últimos dos meses”.
Piñera afirmó en su columna que “nuestro gobierno tomó todas las medidas y precauciones necesarias para garantizar el máximo respeto de los derechos humanos de todos”. Sin embargo, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras sendas visitas a Chile, afirmaron que desde el 18 de octubre se han registrado graves violaciones a los derechos humanos que incluyen miles de detenidos y heridos, abusos sexuales, amenazas de desaparición y 352 personas afectadas en sus ojos por lesiones o traumas en medio de una severa represión policial a las protestas multitudinarias.
Felipe Guevara, intendente (gobernador) de Santiago, anunció la víspera que, “tendremos tolerancia cero con manifestaciones no autorizadas en bienes nacionales de uso público”. Las protestas terminan con una severa represión policial.
El movimiento social, que carece de voceros, no pide permiso para manifestarse en una céntrica plaza de la capital chilena que en las últimas semanas han bajado en magnitud, aunque reviven cada viernes. El viernes 25 de octubre se reunieron más de 1,2 millones de personas, y decenas de miles el viernes último.
