El Tribunal Supremo de EE.UU. reforzó este jueves la capacidad del Gobierno del presidente Donald Trump para deportar rápidamente a indocumentados, al concluir que los solicitantes de asilo no pueden recurrir a cortes federales si se les niega ese amparo nada más ser detenidos.

La decisión, que en la práctica limita los derechos legales de miles de indocumentados que llegan a la frontera sur y de algunos que ya están dentro de EE.UU., concede una victoria a Trump apenas una semana después de que el Supremo le propinara un revés en el caso de los jóvenes indocumentados conocidos como «soñadores».

IMPULSO A TRUMP PARA EXPANDIR LAS DEPORTACIONES EXPRÉS

La sentencia da aliento a la larga campaña de Trump para coartar el derecho de los indocumentados de solicitar asilo en EE.UU., y confirma la tendencia del Supremo a respaldar esa estrategia: en marzo, la corte dejó en pie el programa que envía a miles de migrantes a México a esperar sus citas ante jueces de migración.

Por 7 votos a favor y 2 en contra, la mayoría conservadora del alto tribunal concluyó que «un extranjero en el umbral de entrada al país no puede reclamar grandes derechos bajo la cláusula de debido proceso» de la Constitución estadounidense, en palabras del juez que escribió el caso, Samuel Alito.

Una de las dos juezas que votaron en contra fue la hispana Sonia Sotomayor, que alertó de que la decisión concederá un poder «sin control» al Gobierno federal y «aumentará el riesgo de decisiones migratorias erróneas» por parte de los agentes migratorios en la frontera, que puedan contravenir las leyes y tratados de EE.UU.

«Este país ha reafirmado una y otra vez su compromiso a proporcionar santuario a aquellos que escapan la opresión y la persecución», y eso no es coherente con el fallo de este jueves, lamentó Sotomayor.

LOS DETALLES DEL CASO

El caso implicaba a Vijayakumar Thuraissigiam, un miembro de la minoría étnica tamil de Sri Lanka que fue detenido en 2017 en San Ysidro (California), a pocos metros de la frontera con México, y solicitó asilo.

Su petición se tramitó bajo un proceso llamado de «deportación expedita» que desde 1996 permite al Gobierno agilizar, sin la supervisión de los tribunales, la expulsión de aquellos indocumentados que hayan cruzado la frontera en las últimas dos semanas y sean detenidos a menos de 100 millas de ese límite.

Thuraissigiam argumentó que le habían torturado y tenía un «miedo creíble» de persecución si le deportaban a su país, un requisito imprescindible para obtener asilo. Cuando el Gobierno rechazó su solicitud, el inmigrante presentó una petición de «habeas corpus» ante una corte federal, y el caso llegó hasta el Supremo.

Aunque es muy raro que los indocumentados a los que se les niega el asilo acudan a un tribunal federal -solo 30 en el último año, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU)-, el Gobierno de Trump alegó que garantizar ese derecho supondría una carga excesiva para el sistema migratorio y judicial.

MENOS DERECHOS QUE LOS PRESOS DE GUANTÁNAMO

La ACLU, que defendió a Thuraissigiam ante el Supremo, advirtió este jueves de que el caso «contradice el principio básico de la Constitución de que las personas privadas de su libertad tienen derecho a que se les escuche ante un tribunal».

«Esta decisión significa que algunas personas que enfrenten órdenes de deportación tomadas de forma incorrecta podrán ser deportadas sin ninguna supervisión judicial, poniendo sus vidas en un grave peligro», opinó el abogado de ACLU que llevó el caso, Lee Gelernt, en un comunicado.

Aaron Reichlin-Melnick, un experto en leyes migratorias en el American Immigration Council, fue más allá, al afirmar en Twitter: «A partir de hoy, los prisioneros de Al Qaeda en la Bahía de Guantánamo tienen más acceso al derecho de ‘habeas corpus’ que los solicitantes de asilo que huyen de peligros».

El analista se refería a la decisión de 2008 del Supremo de que los reos de Guantánamo (Cuba) tenían derecho a llevar sus casos a los tribunales civiles, un fallo tomado en base a la petición de uno de los presos de «habeas corpus», recurso que permite a los detenidos pedir que un juez evalúe la legalidad de su arresto.

CON IMPACTO MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA

Además, muchos expertos en inmigración temen que el precedente de Thuraissigiam no solo se aplique a los indocumentados sujetos a procesos de deportación exprés en la frontera, sino también a muchos de los detenidos dentro de EE.UU. por los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

Dentro de sus esfuerzos para expandir al máximo las «deportaciones expeditas», Trump anunció el año pasado que ese proceso se aplicaría también a aquellos indocumentados detenidos en todo el territorio de Estados Unidos y que llevaran menos de dos años en el país.

Este martes, una corte federal de Washington validó esa política, y el fallo del Supremo «confirma» que el poder del Gobierno federal de aplicar esa «deportación exprés» también dentro del país «no puede ser revisado» por un tribunal, afirmó en Twitter un abogado de inmigración en Boston (Massachusetts), Matt Cameron.