En Canadá, el panorama político se ha visto afectado por la controversia generada a partir de la denuncia interpuesta por el partido conservador, sobre irregularidades en la otorgación de contratos a WE Charity; debido a que familiares del Primer Ministro estuvieron vinculados y además, recibieron dinero a cambio de participar en los eventos realizados por dicha organización.
Este escándado ha ido escalando y formado revuelo a nivel nacional e internacional, ante esto, el primer ministro, Justin Trudeau, en una rueda de prensa se excusó ante el “error” que cometió al no tomar cartas en el asunto en el momento adecuado, y aceptó que debía haber estado más informado sobre todos los convenios que tenían sus familiares con esta y otras organizaciones benéficas al rededor del territorio canadiense.
Ante estas graves acusaciones que salpicaban al Primer Ministro, sus familiares y los miembros de WE, las acciones interpuestas por el partido conservador tomaron fuerza, al hacer un llamando a Trudeau a comparecer ante el comité de finanzas de la Cámara de los Comunes, y explicara los gastos que se encuentran en el contrato con WE, el cual fue posteriormente cancelado.
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A la lista de testigos por el caso, no solo se suma el Primer Ministro, sino el ministro de finanzas, Bill Morneau, dado que estos no se retiraron de las discusiones del gabinete sobre el contrato con WE, el cual alcanza la suma de $19.5 millones de dólares. Dento de la lista se encuentran también el secretario del Consejo Privado Ian Shugart, la ministra de Diversidad e Inclusión y Juventud Bardish Chagger, un viceministro principal de Empleo y Desarrollo Social de Canadá y un representante de Volunteer Canada.
Por su lado el PND, su postura es neutra, pero aseguraron que el interés de todos los ciudadanos, es llegar al fondo y encontrar todas las respuestas ante un posible caso de fraude.
Ante la cancelación del contrato y negarse a tomar los fondos asignados para el proyecto, WE Charity decidió despedir a 450 empleados que habían sido llamados para administrar el CSSG.
Ante este panorama de incertidumbre no solo de los canadienes por el modo en que relamente se están usando sus impuestos, sino de los beneficiarios de dicho programa, la reflexión de todo esto es ¿y si la oposición no hubiera dado a conocer el “error” cometido por el gobierno, los familiares de Trudeau se hubiesen beneficiado del dinero público y ningún canadiense se enteraría?
«Incluso en los meses de verano, por favor, recuerden llevar algo que les cubra la cara y practicar la distancia social. Cuanta más precaución tengamos ahora, eso puede significar un país más sano y seguro en el otoño», escribió Melania en su cuenta de Twitter.
La primera dama de EE.UU., Melania Trump, pidió este martes a los estadounidenses que sigan poniéndose la mascarilla en los meses de verano, en un tuit que contrastó con el escepticismo que ha demostrado su esposo, el presidente Donald Trump, respecto a la idea de llevar regularmente esa prenda de protección.
«Incluso en los meses de verano, por favor, recuerden llevar algo que les cubra la cara y practicar la distancia social. Cuanta más precaución tengamos ahora, eso puede significar un país más sano y seguro en el otoño», escribió Melania en su cuenta de Twitter.
La primera dama acompañó el tuit con una fotografía de sí misma de perfil con una mascarilla blanca puesta, dos días después de publicar en la misma cuenta un video en el que también llevaba un barbijo durante una visita a un centro comunitario para mujeres y niños con escasos recursos en Washington.
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Promoviendo el uso de máscaras
Esta no es la primera vez que Melania Trump pide a los estadounidenses cubrirse la nariz y boca en público: a principios de abril, ya aconsejó en Twitter que los ciudadanos se tomaran «en serio lo de llevar una mascarilla o recubrimiento de cara».
Sin embargo, su petición contrasta con la reticencia de Trump a difundir ese mismo mensaje: el presidente ha insistido en que la decisión de llevar o no mascarilla es «voluntaria», y nunca había aparecido en público con una hasta este sábado, cuando se la puso para visitar el hospital militar Walter Reed.
El mandatario afirmó entonces que las mascarillas «tienen un momento y un lugar adecuado» y que accedió a ponérsela debido a que lo que visitaba era un hospital, pero no está claro que vaya a seguir llevándola en otras circunstancias.
La portavoz de Trump, Kayleigh McEnany, defendió la semana pasada que el presidente «sigue las directrices» de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés), que «recomiendan, pero no exigen» el uso de mascarillas en público.
«Recientemente, (Trump) dijo que si no le hicieran el test cada día, llevaría una mascarilla», afirmó McEnany en una rueda de prensa.
Sin embargo, el mandatario ha recibido críticas por resistirse a llevarla para dar ejemplo a muchos de sus seguidores, que consideran el uso de la mascarilla como una cuestión política o de «libertad individual» mientras siguen disparándose los casos de la COVID-19 en el país con más contagios y muertes por coronavirus del mundo.
Escepticismo de Trump
Según informes de prensa, Trump dijo en marzo a sus asesores que llevar mascarilla podía «dar una imagen de debilidad», y algunos analistas creen que su reticencia a ponérsela tiene que ver con una idea mal entendida de la masculinidad.
A lo largo de la pandemia, Melania Trump ha guardado silencio ante las declaraciones más polémicas de su marido y ha usado su cuenta de Twitter para subrayar los mensajes de las autoridades sanitarias, pero también le han caído críticas de usuarios de redes sociales que ven esa postura como hipócrita, y este martes le pidieron trasladar su consejo sobre las mascarillas a su marido.
Ghislaine Maxwell, involucrada en el abusos a menores de edad por Jeffrey Epstein.
La británica Ghislaine Maxwell permanecerá al menos un año en prisión por las acusaciones a las que se enfrenta de ayudar al difunto magnate financiero Jeffrey Epstein en una trama de abuso sexual a menores, puesto que una jueza de Nueva York le denegó este martes la libertad bajo fianza mientras la acusación y la defensa preparan el juicio, que comenzará el 12 de julio de 2021.
A la jueza Alison Nathan, del Distrito Sur de Nueva York, le preocupa que, de ser liberada, Maxwell trate de huir de EE.UU. antes del juicio dada la gravedad de los cargos a los que se enfrenta.
La togada considera que la acusada podría recurrir a la fortuna familiar de la que dispone y a los importantes contactos que tiene por todo el mundo, a lo que se suman sus tres nacionalidades: estadounidense, británica y francesa.
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«Ninguna combinación de condiciones podría razonablemente asegurar la presencia de la acusada en la corte», dijo Nathan en la vista, en la que Maxwell, de 58 años, se declaró inocente de los seis cargos a los que se enfrenta, cuatro de ellos por delitos relacionados con su «papel» en la presunta trama de abusos sexuales a menores en torno al magnate, hace unos 25 años, y dos por falso testimonio a la Justicia, más recientes.
La togada tampoco consideró suficientemente importante el riesgo de contraer la COVID-19 en el centro de detención de Brooklyn en el que se encuentra, ya que sus abogados no han expuesto ninguna enfermedad preexistente que pueda poner en peligro la vida de la acusada.
En concreto, Nathan señaló que la «opacidad» de la situación financiera de Maxwell, que según la Fiscalía ha desvelado muy pocos detalles de cuántas cuentas y bienes están bajo su nombre, y que hacen «prácticamente imposible» imponer unas condiciones de libertad bajo fianza adecuadas.
Aunque su situación financiera no fuera la ideal, señaló la jueza, aún se le denegaría la libertad bajo fianza porque Maxwell se ha mostrado «sofisticada» a la hora de esconderse, ya que ha cambiado de residencia «en múltiples ocasiones» tras el arresto de Epstein hace un año.
Y es que Maxwell fue detenida el pasado 2 de julio en New Hampshire (EE.UU.), en una propiedad de 630.000 metros cuadrados que había sido comprada en efectivo el pasado diciembre a través de una empresa anónima, aunque ella arguye que no se estaba escondiendo de las autoridades sino de la prensa y el público después del escándalo que generó el caso Epstein.
«Incluso asumiendo que Maxwell solo quisiera esconderse de la prensa y el público, una suposición que no comparte la corte, la conducta reciente subraya su extraordinaria capacidad de evitar ser detectada, incluso frente a lo que se ha admitido fueron esfuerzos inusuales y extremos para localizarla», subrayó Nathan.
Maxwell compareció en la vista de forma remota a través de una videoconferencia e intervino sólo en un puñado de ocasiones en las que afirmó educadamente entender los procedimientos del día y su derecho a comunicarse con su abogado, mientras que apenas reaccionó a la decisión de la jueza.
Hablan las víctimas
Además de los abogados y la jueza, también intervinieron este martes dos de las supuestas víctimas de Epstein y de Maxwell, una de ellas a través de un escrito que leyó la fiscal Alison Moe, y otra de ellas hablando en directo.
«Conocí a Ghislain Maxwell cuando tenía 16 años. Era una depredadora sexual que abusó de mí y de otras niñas y jóvenes en un sinfín de ocasiones y que nunca ha mostrado arrepentimiento por sus terribles crímenes ni por los duraderos y devastadores efectos de sus acciones», dijo en la vista Marie Farmer, conocida por ser una de las primeras personas que acusaron a Epstein, que le denunció en 1996.
Por su parte, Moe leyó la declaración de otra víctima que quiso permanecer en el anonimato, y que describió a Maxwell como «calculadora y una sádica manipuladora», y subrayó la importancia de su papel en la red de abuso de menores liderada por Epstein.
«Sin Ghislaine, Epstein no podría haber hecho lo que hizo», aseveró la víctima.
Con la decisión de este martes, la jueza se puso del lado de la Fiscalía, que en la documentación presentada desde su detención había asegurado que el riesgo de fuga de Maxwell era «extremo», ya que tiene pruebas «sólidas» contra la acusada, y que de ser encontrada culpable se enfrenta a un máximo de 35 años en prisión, lo que crea «un incentivo extraordinario para fugarse».
Además, tiene nacionalidad de EE.UU., Reino Unido y Francia, el último de los cuales no permite la extradición de uno de sus ciudadanos a EE.UU., pese a contar con doble nacionalidad, y también ha acumulado más de 20 millones de dólares en sus cuentas bancarias en los últimos años.
Cientos de docentes fueron registrados este martes, durante una protesta en La Paz (Bolivia).
Maestros que trabajan en áreas rurales de Bolivia desafiaron este martes a la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, por la que están prohibidos actos masivos en el país, con una movilización en La Paz en rechazo a las medidas gubernamentales para la educación virtual y a distancia.
La marcha, en la que también participaron algunos maestros del área urbana y representantes de padres de familia y estudiantes de secundaria, partió desde la vecina ciudad de El Alto hacia el centro paceño, para finalmente llegar hasta las puertas del Ministerio de Educación.
Los manifestantes portaban pancartas exigiendo la renuncia del ministro interino de Educación, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, y también mostraban consignas contra el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, al que calificaron de «golpista».
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La movilización iba acompañada por tres vehículos con amplificadores para ayudar a corear las consignas contra las autoridades nacionales, además del detonar constante de petardos.
Los sindicatos de maestros reclaman la anulación de un decreto emitido en junio por el Ejecutivo transitorio para reglamentar cuatro modalidades de educación, incluidas la virtual y a distancia, que ya se usaban en algunos centros educativos y que otros tuvieron que improvisar por la cuarentena contra la COVID-19.
Educación en apuros
Para ese sector, el decreto atenta contra la «educación única fiscal y gratuita», porque no garantiza la financiación estatal, dijo a Efe el máximo dirigente del magisterio urbano, Vladimir Laura.
«Más de cuatro meses estamos fuera de las clases. Hasta el día de hoy no se garantiza el acceso a la educación para todos los estudiantes. Por ello exigimos la destitución de manera inmediata y no vamos a sentarnos a dialogar con este señor (Cárdenas) que ha denigrado la labor del maestro», manifestó Laura.
La movilización en La Paz tuvo réplicas en otros departamentos como Cochabamba, donde los maestros rurales también marcharon hacia el centro de la ciudad con las mismas consignas.
El fin de semana, el ministro interino Cárdenas anunció que este año no habrá reprobados en los niveles inicial, primaria y secundaria, por la coyuntura que forzó la pandemia, y cuestionó que los sindicatos de maestros insistan en volver a las clases presenciales al considerar que eso pondría en riesgo a los estudiantes.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, pidió en la víspera a los dirigentes sindicales que eviten las marchas y concentraciones para evitar los contagios masivos de la COVID-19.
La Paz ha estado registrando récords diarios de contagios en los últimos días y pasó a ser la segunda región más afectada por la enfermedad en Bolivia, con 133 decesos y 7.124 casos confirmados, según los datos oficiales más recientes.
A nivel nacional se registran 1.866 muertes y 49.250 contagios en el país, de unos once millones de habitantes y donde servicios sanitarios y funerarios se han visto desbordados.
Miles de usuarios han informado este martes en internet de fallos en Whatsapp, mientras que varios portales de vigilancia del estado de la red informaron que el fallo de conexión duró solo una hora a partir de las 20 GMT.
El servicio de mensajería de WhatsApp quedó suspendido temporalmente durante la jornada de este martes en varias partes del mundo, según servicios de monitoreo de fallos en la red.
La aplicación de teléfonos inteligentes, propiedad de Facebook, no permitió enviar o recibir mensajes desde poco antes de las 4 de la tarde de Nueva York (20.00 hora GMT), aunque en un primer momento la multinacional de Menlo Park no dio detalles.
Whatsapp ha llegado a 2.000 millones de usuarios este año y en muchos países es la principal o segunda red social de importancia, especialmente en mensajes persona a persona.
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Miles de usuarios han informado en internet de fallos en Whatsapp, mientras que varios portales de vigilancia del estado de la red informaron que el fallo de conexión duró solo una hora.
Este lunes, Venezuela comenzó una nueva semana de desescalada de la cuarentena con un formato de tres tipos (radical, parcial y flexible).
Caracas y el cercano estado de Miranda entrarán de nuevo en una «cuarentena radical» para frenar los contagios del nuevo coronavirus, solo después de dos días de una flexibilización que se mantiene en otras regiones, informó este martes la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
«El presidente Nicolás Maduro ha comunicado a la Comisión Presidencial del COVID-19 la decisión de pasar (volver) a nivel I de cuarentena radical al Distrito Capital (Caracas) y al estado (de) Miranda a partir de mañana 15 de julio, en razón del crecimiento de casos y en aras de proteger la salud del pueblo», dijo Rodríguez en Twitter.
La decisión era esperada desde que ayer la misma Rodríguez informara que la comisión encargada de contener el brote había hecho la recomendación a Maduro.
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El estado de Zulia, que limita con Colombia, es la otra región que, al igual que Caracas y Miranda, permanece en cuarentena.
Lo mismo ocurre en varios municipios fronterizos de los estados de Táchira, Apure y Bolívar.
«La acción coordinada de la unión cívico-militar-policial y la gran conciencia del pueblo permitirán con esta medida que ha tomado el presidente Nicolás Maduro controlar el COVID-19 en Caracas y Miranda para cortar con las cadenas de contagio», añadió la vicepresidenta.
La favela más grande de Venezuela, en cuarentena
Miranda alberga cuatro de los cinco municipios que componen la conurbación del área metropolitana caraqueña, que al revés que en otros lugares del mundo nunca han sido absorbidos administrativamente por la capital del país.
Las ciudades son Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre, esta última de casi 1,2 millones de habitantes que alberga Petare, la mayor favela de Venezuela donde muchos trabajadores informales han debido acudir a sus empleos ante la imposibilidad económica de guardar la cuarentena.
Según el parte oficial ofrecido el lunes, cuando arrancó una nueva semana de flexibilización que se cumple en dos niveles, en Venezuela se han contagiado 9.707 personas de covid-19, de las cuales 93 fallecieron.
Solo ayer, se detectaron en el país caribeño 242 nuevos casos con cuatro fallecidos.
«Invasión» de coronavirus
Maduro ha dicho que al menos la mitad de los casos que se registran en el país son «importados», y un tercio de ellos, más de tres mil, provienen de venezolanos que retornaron desde Colombia a través de pasos ilegales conocidos como «trochas».
En ese sentido, el presidente venezolano dijo el sábado pasado que su país sufre una «invasión de coronavirus» desde Colombia, por orden de su par Iván Duque.
«Esto es solo en Venezuela, ningún país del mundo está sometido a una invasión del virus de otro país», añadió el mandatario durante una reunión de trabajo virtual que sostuvo entonces con gobernadores y alcaldes.
El Gobierno del presidente Donald Trump aceptó este martes rescindir la suspensión de visas para los estudiantes extranjeros matriculados en universidades estadounidenses que ofrezcan todos sus estudios en línea, tras la presión ejercida en contra de esa directiva por varios estados y universidades.
En una audiencia en Boston (Massachusetts), en la que se iba a discutir la demanda iniciada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para revocar esta directiva, la jueza federal Allison Burroughs presentó la lectura de un acuerdo al que llegaron el Gobierno federal y las instituciones académicas.
La audiencia se había programado con una duración de 90 minutos, ante la expectativa de una acalorada defensa de posiciones por ambas partes, pero en menos de dos minutos el Gobierno y las universidades se pusieron de acuerdo en la retirada de la norma.
La resolución de este caso significa que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) retornará a sus directrices de marzo, que permiten que los estudiantes extranjeros permanezcan en EE.UU. aún si su universidad opta por dar la instrucción exclusivamente en línea durante la pandemia de la COVID-19.
La sorpresiva resolución de esta disputa deja sin efecto asimismo las demandas iniciadas por el estado de Nueva York, universidades del Oeste del país, la Universidad John Hopkins, de Maryland, y la coalición de estados encabezada por la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey.
Otro de los centros que se había manifestado en contra de la normativa fue la Universidad Rice, en Houston (Texas, EE.UU.).
Su presidente, David Leebron, señaló que está «encantado» con la decisión de revertir la polémica normativa, que había sido anunciada por el Gobierno hace apenas una semana.
«Pensamos que las reglas originales sugeridas eran crueles y equivocadas y no servían a nuestras universidades, no servían a nuestros estudiantes y francamente no servían a nuestro país», dijo Leebron en declaraciones a la cadena de televisión CNN.
También quedó sin causa la moción iniciada esta mañana por el fiscal general de California, Xavier Becerra, que solicitaba la intervención de los tribunales para bloquear la aplicación de la suspensión de visas hasta que hubiera un fallo judicial.
California, el estado con los sistemas educativos más grandes del país, con 180.000 estudiantes internacionales cada año, según datos de la Oficina del Fiscal General, iba a ser uno de los más afectados por esta orden de Trump.
No solo las universidades y autoridades estatales se habían manifestado en contra, sino que también más de una decena de empresas del sector tecnológico, incluyendo Google, Facebook y Twitter, salieron en apoyo de la demanda contra el Gobierno de Trump.
Estas compañías explicaron que los estudiantes internacionales contribuyen «sustancialmente» a la economía de Estados Unidos, por lo que su partida hubiera amenazado la capacidad de las instituciones educativas para mantener sus «estándares de excelencia».
«Los estudiantes internacionales son una fuente importante de empleados para las empresas estadounidenses mientras son estudiantes y después de graduarse. Finalmente, se convierten en valiosos empleados y clientes de empresas estadounidenses, ya sea que permanezcan en los Estados Unidos o regresen a sus países de origen», aseguraron.
De acuerdo a sus cálculos, los alumnos internacionales aportaron durante el curso 2018-2019 un total de 41.000 millones a la economía de Estados Unidos, ocupando más de 450.000 empleos directos.
a frontera entre Canadá y Estados Unidos ha estado cerrada a viajes no esenciales desde marzo.
Altos funcionarios de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos confirmaron que el acuerdo para restringir los viajes a través de la frontera se extenderá hasta agosto.
Los mandatarios afirmaron que el acuerdo, el cual melsualmente es revisado, se prorrogará por 30 días más, y solo se permite el acceso fronterizo a viajes esenciales.
El acuerdo que expira el 21 de julio, será renovado por cuarta vez desde que la frontera cerró al tráfico no esencial el 21 de marzo.
La extensión se produce después de que el primer ministro Justin Trudeau y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablaron por teléfono el lunes sobre una serie de problemas que incluían el cierre de la frontera.
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Los funcionarios del gobierno canadiense manifiestan que esperan que la frontera permanezca cerrada, a pesar de los llamados de los miembros del Congreso de los Estados Unidos para considerar un plan gradual para la reapertura.
Alzas en casos de Estados Unidos
Los casos de COVID-19 están alcanzando récords diarios en varios estados de de EE. UU., lo que haría que cualquier reanudación de los viajes previos a la pandemia sea una amenaza importante para la salud de Canadá.
«Reconocemos que la situación continúa siendo compleja en los Estados Unidos con respecto a COVID-19», dijo Trudeau el lunes en una rueda de prensa. «Todos los meses, hemos podido extender los cierres fronterizos a todos los bienes y servicios esenciales, y esas discusiones continúan».
Encuestas recientes sugieren que más del 80% de los canadienses están a favor de mantener las restricciones fronterizas.
Algunos conocidos expertos en salud pública, han sugerido que la frontera debería permanecer cerrada hasta al menos fin de año. El Dr. Howard Njoo, subdirector de salud pública de Canadá, dijo que el cierre de la frontera sigue teniendo sentido desde una perspectiva de salud pública, debido a las diferencias en los climas epidemiológicos en los dos países.
«Los canadienses han hecho enormes sacrificios hasta la fecha en términos de aplanar la curva y estamos viendo los frutos de nuestro trabajo», dijo Njoo. «No queremos … desperdiciar estos esfuerzos … reintroduciendo el virus en Canadá y aumentando el riesgo de una mayor transmisión».
El diputado Yves-François Blanchet, dijo a los periodistas que la frontera debería permanecer cerrada porque la pandemia aún está fuera de control en los EE. UU.
«Mientras la frontera parezca ser una amenaza para la salud de los quebequenses y canadienses, debe permanecer cerrada».
El premier de Quebec, François Legault, anuncia que a partir del sábado, se impondrán nuevas disposiciones para proteger a la comunidad, entre ellas el uso obligatorio de máscaras en espacios públicos para todos los ciudadanos mayores de 12 años.
Estas medidas coinciden con el inicio de las dos ‘semanas de construcción’ en la provincia, donde decenas de miles de ciudadanos toman sus vacaciones de verano.
«Es mejor usar una máscara que estar confinado en casa», dijo el premier Legault al hacer el anuncio de las medidas el lunes por la tarde. «No es divertido usar una máscara, pero es esencial».
Si bien la medida es para todos los ciudadanos mayores de 12 años, Legault afirmó que incluso los niños de hasta dos años podrían ser alentados al uso de máscaras. Además, estarán exentas las personas que presenten alguna afección médica que les impida usarlas.
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La medida, según el premier ministro de Quebec, tomó tiempo en decretarse debido a que para el gobierno, la regla del distanciamiento a dos metro era más importante, y los ciudadanos debían adaptarse a ella.
En su declaración, también destacó la importancia de mantener las reuniones a un máximo de 10 personas.
La medida del uso de máscaras será para tiendas minoristas, centros comerciales, centros recreativos y cualquier otro espacio público cerrado, incluidos los restaurantes.
El no acatar estas normas, significaría para los propietarios una sanción de entre $400 y $6.000 dólares según la gravedad de los hechos.
Inicialmente, solo las empresas enfrentarán multas
A partir del 1 de agosto, las personas que se nieguen al uso de máscaras, también podrán ser multadas. Mientras inicia el proceso de adaptación, a quienes no porten este implemento, se les negará la entrada a los establecimientos mencionados. Además se hará obligatorio el uso de máscara en el transporte público a través de la provincia.
El Doctor Karl Weiss, microbiólogo y jefe de enfermedades infecciosas del Hospital General Judío de Montreal, afirmó que usar una máscara es una medida temporal que debe convertirse en un hábito similar a “detenerse ante una luz roja”.
«No es un debate. Es algo que todos deben usar», dijo Weiss. «Tiene que ser apolítico. También agregó que «El día que tengamos una vacuna efectiva, la máscara desaparecerá».
Weiss dijo que varios estudios han demostrado la efectividad del uso de una máscara para limitar la propagación de microgotas de coronavirus.
El impacto financiero preocupa a las empresas
En un comunicado de prensa, la Federación Canadiense de Negocios Independientes (CFIB), sostuvo que aunque sus miembros entienden que pedirles a los clientes que usen máscaras es importante para contener la propagación de COVID-19, están preocupados por el costo.
«Solo el 20% de las empresas de Quebec están obteniendo sus ingresos habituales para esta época del año», afirmó el CFIB. «Muchos no pueden darse el lujo de perder clientes y asumir los costos adicionales de comprar equipos de protección personal (PPE)».
Por esto, la federación solicitó asistencia financiera para comprar PPE para los trabajadores; lo último que quieren los comerciantes de Quebec es cerrar las tiendas debido a un brote de COVID-19, dijo Stéphane Drouin, del consejo minorista de Quebec.
«En Montreal, muchas personas aceptan que tienen que usar la máscara», sostuvo Drouin. «Puedo entender que en las regiones, donde no ha habido un caso durante dos o tres meses, puede requerir una mayor aceptabilidad social».
Mientras las medidas comienzan a implementarse, el gobierno espera que las medidas tomadas sean efectivas para evitar un brote por COVID-19.
Muchos iraníes han pasado de visualizar un futuro prometedor lleno de oportunidades de negocio, tras la firma del acuerdo nuclear hace cinco años, al derrumbe de todos sus sueños debido al fuerte impacto de las sanciones estadounidenses.
La apertura de Irán al mundo se produjo después de décadas de aislamiento, desde el triunfo de la Revolución Islámica de 1979, y las sanciones internacionales se endurecieron a partir de 2006 al negarse Teherán a dejar de enriquecer uranio.
El levantamiento de esas sanciones, gracias al pacto firmado el 14 de julio de 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 (Estados Unidos, Francia, Rusia, Reino Unido, China y Alemania), fue una bocanada de aire fresco para la economía iraní, pero duró muy poco.
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Cinco años de altibajos narrados por cinco ciudadanos iraníes de diferentes sectores, cuyo esfuerzo fue en vano y su futuro quedó a oscuras con la imposición de nuevas sanciones por parte de EEUU tras su retirada del acuerdo en 2018.
Adiós a las grandes marcas extranjeras
«El comienzo del acuerdo fue positivo, pero duró menos de dos años. El comercio estaba comenzando lentamente su ritmo ascendente cuando la retirada de EEUU supuso un retroceso», explica Milad Shekarjand, del sector de los electrodomésticos.
Shekarjand señala que creyeron que podrían «registrar con más facilidad los pedidos y realizar transacciones bancarias internacionales», pero en la actualidad «la situación es considerablemente peor que antes del JCPOA (las siglas en inglés del pacto nuclear) para los iraníes».
Las transacciones financieras fueron siempre complicadas debido a que el sistema bancario iraní había estado desconectado del internacional. Los avances registrados quedaron paralizados al impedir las nuevas sanciones de EEUU cualquier interacción al sector bancario.
«Lo primero que ocurrió fue que dos grandes empresas surcoreanas, Samsung y LG, se despidieron del mercado de Irán. Fue muy duro porque cerca del 80 por ciento del mercado de los electrodomésticos iraní estaba apoyado en esas dos marcas», detalla Shekarjand.
Incluso la producción interna se ha visto afectada, ya que algunas de las piezas y productos venían del extranjero: «Ahora no se puede importar y el mercado de los electrodomésticos está llegando a su punto cero», lamenta.
Inversiones perdidas
Alireza Homayounifar, diseñador, productor y exportador de alfombras hechas a máquina abrió una oficina y una sala de exposiciones en Alemania a finales de 2015 para presentar sus productos y conseguir clientes europeos.
«En 2016 y 2017 el negocio nos fue muy bien, pero en 2018 empezamos a tener problemas. Ese año no logramos nuevos clientes y tampoco pudimos dar servicio a los antiguos al no poder transferir dinero», comenta Homayounifar.
«La firma del acuerdo nuclear influyó en la confianza de nuestros clientes y en su presencia en los puestos de las ferias en las que participábamos y los alentó a tener más negocios con nosotros», explica.
El exportador de alfombras, que tenía en mente ampliar su negocio, dice que ahora la situación vuelve a ser como antes de la firma del acuerdo y la inversión que hicieron en abrir la oficina en Alemania fue «inútil».
De ampliar la empresa a efectuar despidos
Shahram Abasí, un comerciante que importaba desde Europa equipos de bombeo para el sector del petróleo y el gas, mira las mesas vacías en su despacho en el norte de Teherán.
«Yo aquí tenía a cinco empleados. El acuerdo nuclear me dio tanto a mí como a mi socio europeo una perspectiva de futuro positiva y llegamos a la conclusión de que era necesario hacer una inversión en Irán», indicó a los medios.
El socio europeo contrató a un representante y estaban incluso buscando terreno para establecer un centro de servicios de los productos, pero estos planes quedaron paralizados con la llegada de las sanciones.
«Lamentablemente, tras la retirada de EEUU del JCPOA y el cambio de la situación, todo eso se perdió. Nosotros nos vimos obligados a despedir a tres de nuestros trabajadores y la parte europea prescindió también del empleado que tenía en Irán», subraya Abasí.
Numerosas empresas europeas se habían interesado por las oportunidades que presentaba el sector, pues Irán tiene unas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo.
Sin embargo, con la entrada en vigor de las sanciones contra el sector petrolero en noviembre de 2018 y, aunque Europa estableció el llamado «estatuto de bloqueo» para proteger a sus empresas, la mayoría abandonaron Irán.
Ciudadanos iraníes en plaza.
Escasez de ventas y alza de los precios
Peiman Arashgozin, un empleado en una inmobiliaria del barrio de Darus en Teherán, cuenta que ha bajado considerablemente la venta de apartamentos debido a la continua subida de los precios por la devaluación de la moneda nacional, el rial.
«Por el apartamento que vendí el año pasado a 300 millones de riales por metro este año piden 700 millones; con estos cambios constantes del precio de la divisa no hay movimiento de compraventa», explica.
Arashgozin reconoce que está «bajo gran presión económica» y que ha descartado sus planes de construir una casa en un terreno propiedad de su padre en el norte del país.
«En cuanto se dañó el acuerdo nuclear se estropearon también todos nuestros planes, ya que de repente los precios de los materiales de construcción se duplicaron», afirma.
Los precios, tanto de las viviendas como de los materiales de construcción, suben casi a diario dependiendo del tipo de cambio del rial respecto al dólar, que ha pasado en dos años de rondar los 40.000 a superar los 200.000 afectando la economía de los iraníes.
Estafas y cierre de negocios
En algunos casos, las sanciones han afectado de forma indirecta. Mohsen Veydaní, un comerciante que importaba relojes, es una víctima colateral de esta crisis, que sí afectó de lleno a su socio.
«Mi socio se vio muy perjudicado por las sanciones y la solución que encontró a su problema fue estafarme», denuncia Veydaní, quien se dio cuenta hace dos meses de la estafa.
El comerciante está vendiendo sus últimos relojes a un precio muy bajo con el objetivo de reunir algo de dinero para invertir en otro negocio, como el mercado del oro o de la construcción; así como él cientos de comerciantes iraníes se encuentran a la expectativa.
«He fracasado, por un lado, porque me estafó mi socio y, por otro, debido a que en la actual situación económica del país el reloj es un producto de lujo y su venta ha bajado mucho. La gente no piensa en comprar relojes», asegura.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una contracción de la economía iraní del 6 % en 2020 y una inflación del 34 %, que se suma a los malos datos del año pasado, cuando la recesión fue del 7,6 % y los precios subieron un 41 %.
