La Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue tomada durante casi dos meses por estudiantes que se manifestaron contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega en el marco de una revuelta popular que estalló en abril de 2018, sufrió este miércoles la cancelación de su licencia de operación.
La solicitud de cierre de la Upoli fue hecha por el Gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, y aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas y sus aliados.
Además, les cancelaron la licencia a otras 4 universidades, así como a 11 ONG. El cierre fue aplicado porque supuestamente las instituciones afectadas «han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro» del Ministerio de Gobernación, o porque su «Junta Directiva se encuentra acéfala», según la exposición de motivos del decreto.
La Upoli, una universidad subvencionada por el Estado, fue un bastión de las protestas contra el Gobierno de Ortega entre abril y junio de 2018, cuando decenas de jóvenes se atrincheraron en su interior, para evitar ser capturados por la Policía Nacional, en uno de los momentos más crudos de la crisis de Nicaragua, que ha dejado cientos de muertos.
Fue el primer centro de estudios en el que los estudiantes se atrincheraron en protesta contra el Gobierno de Ortega, el 19 de abril de 2018.
La universidad, ubicada al este de Managua, fue escenario de batallas casi diarias entre estudiantes y policías, los primeros utilizando morteros artesanales y los segundos con fusiles de guerra, como AK-47, M16 o Dragunov, según organismos defensores de los derechos humanos.
Los combates dejaron al menos 10 muertos, en su mayoría estudiantes, según el Movimiento Estudiantil 19 de abril.
Los estudiantes abandonaron la Upoli el 9 de junio de 2018, luego de conflictos internos por la presencia de supuestos infiltrados del Gobierno.
El abandono de la universidad dio paso a una ola de saqueos, que el Movimiento Estudiantil 19 de abril atribuyó a las «turbas sandinistas», mientras que el Gobierno señaló a los universitarios.
El estado de la universidad impidió el retorno a clases de inmediato, según las autoridades de la Upoli, por lo que el reinicio tardó cinco meses y bajo fuerte presencia policial en los alrededores del campus.
La Upoli acogió el 23 de abril de 2018, después que estallaran las protestas, una multitudinaria manifestación en la que se pidieron la salida del poder del presidente Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a los que acusaron de represión y violación de los derechos humanos.
Con esto, se elevaron a 80 las entidades locales ilegalizadas, a petición del Ejecutivo de Ortega, desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros de tres ONG estadounidenses y tres europeas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
