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Miembros del gobierno uruguayo renuncian por investigación de escándalo de pasaportes

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Miembros del gobierno uruguayo renuncian por investigación de escándalo de pasaportes
Miembros del gobierno uruguayo renuncian por investigación de escándalo de pasaportes.

El ministro del Interior de Uruguay y otros dos miembros del gobierno renunciaron el sábado por un caso que ya llevó al ministro de Relaciones Exteriores a renunciar, relacionado con un pasaporte emitido a un sospechoso de narcotráfico buscado internacionalmente.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, un subsecretario del gabinete y uno de los principales asesores del presidente Luis Lacalle Pou dejarán de formar parte del gobierno de coalición a partir del lunes, anunció el presidente el sábado por la noche.

La presidencia de Uruguay no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la renuncia de Heber.

La investigación examina cómo Sebastián Marset, el presunto narcotraficante, recibió un pasaporte uruguayo mientras estaba detenido en los Emiratos Árabes Unidos por documentos falsificados a finales de 2012. Finalmente fue liberado.

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Marset es buscado en Uruguay, Paraguay, Brasil y Estados Unidos por cargos de drogas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, renunció el miércoles tras la publicación de una llamada telefónica de noviembre de 2022 en la que parecía sugerir que su subsecretario ocultara pruebas relacionadas con la investigación de pasaportes.

Bustillo negó el viernes haber actuado mal y dijo que no sabía quién era Marset en el momento en que se emitió el pasaporte. «Eso es para el Ministerio del Interior», dijo en una conferencia de prensa de dos horas, insistiendo en que el Ministerio de Asuntos Exteriores había actuado correctamente al emitir el documento.

El presidente, que regresó el sábado de una reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que el pasaporte debería haber sido expedido a Marset de acuerdo con las leyes de Uruguay.

Agregó estar convencido de que funcionarios como Heber, Bustillo y el subsecretario «no tienen responsabilidad legal» por el pasaporte pero podrían defenderse en los tribunales si se abre un caso.

 

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