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Investiga Ecuador ocho ejecuciones extrajudiciales durante estado de emergencia

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Soldados ecuatorianos durante estado de emergencia.

La Fiscalía General de Ecuador está investigando ocho ejecuciones extrajudiciales que supuestamente tuvieron lugar durante el más reciente estado de emergencia del país, después de que grupos de derechos humanos advirtieran que las autoridades no estaban tomando medidas para prevenir abusos.

Los asesinatos son los abusos de derechos más graves denunciados por personas detenidas, grupos de defensa locales y familiares de las víctimas y que supuestamente tuvieron lugar durante el estado de emergencia de enero a abril.

El presidente Daniel Noboa declaró la emergencia en medio de una espiral de violencia en el país andino, que los funcionarios atribuyen a las bandas de narcotraficantes.

En virtud de la medida, Noboa desplegó miles de tropas en las calles y prisiones, y las fuerzas de seguridad realizaron más de 18.000 arrestos.

La fiscalía general dijo que también está investigando decenas de acusaciones de tortura y otros presuntos abusos. Ni el gobierno ni las fuerzas armadas respondieron a las solicitudes de comentarios sobre presuntos abusos.

La represión en Ecuador refleja las estrategias implementadas en otros lugares, particularmente en El Salvador, donde las tácticas de mano dura bajo el presidente Nayib Bukele han llevado a una «regresión alarmante» en materia de derechos humanos, según Amnistía Internacional. Bukele ha negado abusos.

En una carta dirigida al gobierno de Noboa el miércoles, la directora del grupo Human Rights Watch Americas, Juanita Goebertus, dijo que las autoridades ecuatorianas «parecen haber tomado pocas o ninguna medida para prevenir violaciones de derechos humanos o para garantizar que los responsables rindan cuentas».

Noboa ha defendido el comportamiento de las fuerzas de seguridad y anteriormente evitó las comparaciones con Bukele.
«No permitiré que ningún no patriota nos diga que estamos violando los derechos de nadie, cuando estamos protegiendo los de la gran mayoría», dijo Noboa en febrero.

Carlos Javier Vega, de 19 años, fue asesinado en febrero tras recibir un disparo en un puesto de control en Guayaquil mientras viajaba con su primo, Eduardo Alfredo Velasco.

Detenido en el puesto de control, Velasco dijo que accidentalmente rozó la bota de un soldado mientras daba marcha atrás.

«Quería salir y ver los daños, fue entonces cuando escuché el disparo», dijo Velasco, y agregó que vio a su primo herido cambiar de color mientras sonaban otros disparos.

Velasco dijo que pasó por el puesto de control después de los disparos para llevar a su primo al hospital, pero pronto se dio cuenta de que él también estaba herido.

Incapaz de seguir conduciendo, salió del coche y fue recibido por los soldados que les habían disparado, dijo.

«Me tiraron al suelo, me golpearon, me pisaron la cabeza. Sacaron a mi primo del auto, le pisaron la cabeza y lo golpearon», dijo Velasco.

El ejército de Ecuador no respondió a preguntas que incluían por qué los soldados dispararon contra el coche.

Tres soldados dijeron a un tribunal que Velasco intentó atravesar el puesto de control y atropelló el pie izquierdo de un soldado, según documentos.

Velasco fue acusado de resistirse al arresto y atacar a las tropas, aunque los cargos fueron retirados posteriormente.

Una publicación en Instagram del ejército de Ecuador del 2 de febrero, que presenta una imagen borrosa de lo que Velasco y la madre de Vega, Laura Ipanaque, dijo que es el cuerpo de Vega, describía una operación contra «terroristas».

El asesinato de Vega está siendo investigado por la Fiscalía General.

Las autoridades ven los abusos como daños colaterales en la lucha contra las bandas de narcotraficantes, dijo Billy Navarrete, director del grupo de defensa de Guayaquil Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos.

«El discurso oficial muestra estos daños como inevitables ante un mal mayor», afirmó Navarrete.

La fiscalía general dijo que también está investigando 48 denuncias de tortura y 67 casos de extralimitación de deberes. No respondió a las solicitudes de aclaración.

«No quisiera que otra madre, otra familia pasara por lo que estamos pasando nosotros», dijo Ipanaque.

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