La Auditora General de Canadá, Karen Hogan, revela una «desconsideración flagrante» en la gestión de la aplicación ArriveCan, señalando gastos excesivos y falta de transparencia en su desarrollo.
Hogan destaca la falta de prácticas de gestión básicas por parte de la CBSA, la PHAC y la PSPC, señalando que los canadienses «pagaron demasiado por esta aplicación», cuyo costo se estima en $59.5 millones, superando la cifra inicial de $54 millones.
Fallas en Contratos y Documentación
La auditoría resalta fallas en la gestión de contratos, documentación financiera deficiente y la incapacidad de calcular el costo real debido a la mala contabilidad de la CBSA. Se enfatiza la necesidad de mejorar la transparencia y la documentación en la toma de decisiones.
Se revela que la CBSA dependió en gran medida de ayuda externa, aumentando los costos más allá del contrato inicial. La mala gestión de contratos y el pago de facturas con poca información detallada contribuyeron a la falta de transparencia en los gastos.
ArriveCan, introducida durante la pandemia, se volvió obligatoria para el escrutinio de viajeros a Canadá. A pesar de múltiples críticas y problemas técnicos, el gobierno la hizo opcional en octubre de 2022. La auditoría destaca 177 versiones lanzadas entre 2020 y 2022 con falta de documentación en las pruebas.
Las críticas políticas culpan al gobierno por el manejo ineficiente de los fondos públicos. Las investigaciones y el escrutinio público sobre ArriveCan continúan, con las agencias gubernamentales aceptando las recomendaciones de la Auditoría General.
Conclusiones y Desafíos Futuros: La auditoría destaca las deficiencias en la gestión de ArriveCan, generando preocupaciones sobre el valor obtenido por el dinero gastado. La falta de documentación y transparencia en la asignación de contratos plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas. A medida que las investigaciones continúan, se espera una mayor claridad sobre las irregularidades y acciones correctivas.
