El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró que su país no celebrará elecciones en el corto plazo, una afirmación que subraya sus esfuerzos por extender su gobierno de casi 20 años y apaga las esperanzas de la oposición de una votación democrática. El anuncio canceló efectivamente las próximas elecciones, originalmente programadas para noviembre de 2027, después de que el Congreso controlado por el gobierno votara en enero de 2025 para extender el período presidencial de cinco a seis años.
Ortega habló el domingo durante el aniversario de la Revolución Sandinista, que derrocó a la dictadura de Somoza en 1979 y lo llevó al poder por primera vez. Regresó a la presidencia en 2007 y desde entonces ha reescrito la constitución, aplastado a la oposición política y consolidado su control sobre prácticamente todas las ramas del gobierno. Desde las protestas masivas de 2018, que provocaron una sangrienta represión con cientos de muertos, Ortega y su esposa y co-presidenta Rosario Murillo se han mantenido aferrados al poder, incluyendo su autoproclamada victoria en la elección de 2021, considerada ilegítima por la comunidad internacional tras encarcelar a los candidatos que podrían haberlo derrotado.
«No habrá más elecciones,» declaró Ortega, arremetiendo contra Estados Unidos y afirmando «nunca, nunca, nunca» respecto a cualquier votación futura. Opositores y organizaciones de derechos humanos señalaron que el anuncio representa una escalada en la consolidación del poder de Ortega. El analista Tiziano Breda, de ACLED, señaló que el gobierno «optó por eliminar por completo la competencia electoral» en lugar de organizar una elección amañada, mientras el abogado Danny Ramírez Ayérdiz advirtió sobre un posible aumento en la represión contra disidentes.
Al menos 46 personas permanecen encarceladas en Nicaragua por motivos políticos, según organizaciones que dan seguimiento a estos casos, aunque el gobierno niega tener presos políticos. Tras la operación militar estadounidense que capturó al expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero, Nicaragua indicó que liberaría a más prisioneros, aunque sin seguimiento ni transparencia posterior, y al menos un activista ha muerto bajo custodia desde entonces.
Desde 2018, Nicaragua ha cerrado más de 5,000 organizaciones, mayormente religiosas, y forzado a miles a huir del país. A principios de julio, el gobierno despojó de sus licencias a numerosos abogados, en lo que expertos de la ONU calificaron como una «purga de la profesión legal.»
