Decenas de personas nacidas fuera de Canadá que recientemente obtuvieron la ciudadanía canadiense bajo la llamada ley de los “canadienses perdidos” han recibido cartas del gobierno federal informándoles que su estatus podría no ser válido y que sus expedientes están siendo sometidos a una revisión oficial.
Las notificaciones, enviadas por la Registradora de Ciudadanía, Peggy Sun, han provocado preocupación y desconcierto entre quienes obtuvieron la ciudadanía tras la aprobación de la legislación que permitió a ciudadanos canadienses nacidos en el extranjero transmitir su nacionalidad a generaciones posteriores también nacidas fuera del país.
En una de las cartas, a la que tuvo acceso un medio canadiense, se solicita a los afectados devolver sus certificados de ciudadanía mientras las autoridades revisan si realmente cumplían los requisitos establecidos por la ley.
La legislación, conocida popularmente como la ley de los “canadienses perdidos”, recibió la aprobación real el año pasado después de años de disputas judiciales y debates parlamentarios. Su objetivo era corregir vacíos legales que habían impedido durante décadas que algunos descendientes de canadienses nacidos en el extranjero pudieran acceder a la ciudadanía.
Sin embargo, Immigration, Refugees and Citizenship Canada señaló que quienes reclaman la ciudadanía a través de antepasados canadienses deben demostrar de manera sólida la cadena de filiación entre cada generación y aportar documentación suficiente que respalde su solicitud.
Entre los afectados se encuentra Zachary White, de 26 años, originario de Connecticut, quien se trasladó a Ontario después de obtener su ciudadanía canadiense. White asegura que presentó abundante documentación sobre sus raíces familiares en Nuevo Brunswick y sostiene que cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley.
“Hice todo correctamente. Cumplí con todas las reglas y actué de buena fe”, afirmó.
Otro de los afectados, un abogado residente en California, indicó que planeaba mudarse a Canadá junto a su familia y que la notificación del gobierno ha generado una enorme incertidumbre sobre su futuro.
Especialistas en inmigración advierten que estos casos podrían derivar en nuevas batallas legales, ya que muchas de las personas afectadas ya reorganizaron sus vidas, aceptaron empleos o se mudaron a Canadá basándose en la validez de su ciudadanía.
La situación ha reavivado el debate sobre la aplicación de la ley de los “canadienses perdidos” y sobre la necesidad de ofrecer mayor claridad y seguridad jurídica a quienes obtuvieron la ciudadanía bajo las nuevas disposiciones.
