La reprimenda internacional aumentó por lo que los observadores dicen son esfuerzos por utilizar un sistema de justicia politizado para mantener al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, fuera del cargo.
El jueves, un fiscal de la Fiscalía General de Guatemala tomó medidas para despojar a Arévalo de su inmunidad procesal, acusándolo a él y a su compañero de fórmula de complicidad en la toma de una universidad en la capital el año pasado.
Arévalo, un candidato anticorrupción elegido de forma aplastante en agosto, calificó la medida del fiscal como «absolutamente ilegal».
En un comunicado del sábado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron las «incesantes acciones indebidas e injerencias» de la Fiscalía General.
«Estos amenazan el orden democrático, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio individual y colectivo de las libertades civiles y políticas en el país», explicó el comunicado.
Más temprano el sábado, Brian Nichols, alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, condenó la «solicitud maligna» de la oficina del fiscal general de despojar de inmunidad a Arévalo y a su vicepresidenta electa, Karin Herrera, en una publicación en las redes sociales.
También el sábado, la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) publicó una carta firmada por 29 ex jefes de Estado de América Latina y España denunciando la «persecución» a Arévalo y Herrera, que tiene el «reiterado y claro propósito de obstruyendo la voluntad soberana de los guatemaltecos, ya expresada a través de elecciones libres».
La fiscal general guatemalteca, Consuela Porras, acusada de corrupción por el gobierno de Estados Unidos, ha llevado a cabo una investigación criminal contra Arévalo y su partido de centro izquierda Movimiento Semilla desde antes de su elección.
