Un contrato multimillonario entre Ottawa y una empresa privada en torno a la prestación de servicios de salud mental y física para veteranos, está provocando una nueva pelea entre el gobierno liberal y la comunidad de veteranos de Canadá.
El contrato ya había sido fuertemente criticado por el sindicato que representa a los empleados de Asuntos de Veteranos de Canadá, incluidos cientos de administradores de casos encargados de ayudar a los más enfermos y heridos a recuperarse de las heridas relacionadas con el servicio.
Pero ahora otros, incluidos los veteranos y los profesionales de atención médica de primera línea, también están comenzando a expresarse con preguntas e inquietudes sobre el acuerdo.
El ministro de Asuntos de Veteranos, Lawrence MacAulay, ha defendido repetidamente el contrato de $570 millones con Partners in Canadian Veterans Rehabilitation Services, explicando que en última instancia brindará mejores servicios a los ex miembros del servicio.
Sin embargo, los funcionarios también confirmaron que la implementación de los servicios de PCVRS está demorando más de lo esperado, con la segunda fase ahora retrasada.
PCVRS, que es una empresa conjunta entre la empresa privada de atención médica con sede en Toronto Lifemark Health Group y una empresa de capacitación laboral de propiedad australiana conocida como WCG Services, remitió las preguntas a Asuntos de Veteranos.
El gobierno ahora enfrenta llamados para romper el contrato en medio de advertencias más amplias del sindicato y sus nuevos aliados sobre la privatización del cuidado de los veteranos.
Asuntos de Veteranos expresó que el acuerdo reemplaza dos contratos anteriores, uno para la provisión de rehabilitación física y mental y el otro para capacitación laboral. Los funcionarios dicen que el nuevo acuerdo ahorrará tiempo y energía a los veteranos y administradores de casos con exceso de trabajo.
La falta de información y comprensión sobre el nuevo acuerdo se ha convertido en un tema común, y el sindicato, los veteranos y los proveedores de atención médica también se quejan de la falta de consulta antes de redactar el acuerdo.
El gobierno ha dicho que consultó a las partes interesadas, pero esas discusiones tuvieron lugar entre enero y mayo de 2022, seis meses después de que PCVRS obtuviera el contrato.
La psicoterapeuta Alisha Henson, que trabaja con veteranos y sus familias en el Valle de Ottawa, dijo que el nuevo arreglo tomó por sorpresa a los proveedores de salud mental en su área.
