Un juez en el estado estadounidense de Michigan sancionó a varios abogados que entablaron demandas en un esfuerzo por anular la victoria electoral del presidente Joe Biden en el estado.
La jueza de distrito, Linda Parker, aseguró que la acción de los nueve abogados en noviembre de 2020 tenía la intención de engañar tanto al tribunal como al público.
El entonces presidente Donald Trump, luego de las elecciones, se negaba a ceder y haciendo afirmaciones infundadas de que se había producido fraude durante los procesos de conteo en Michigan y Pensilvania. Ambos casos fueron rápidamente desestimados por los tribunales.
En Michigan, la demanda se presentó poco después de que se certificara la victoria de Biden por 154.000 votos.
La demanda se presentó en nombre de seis votantes republicanos que querían que Parker anulara los resultados de Michigan y confiscara las máquinas de votación. El juez se negó en diciembre pasado y describió la solicitud como «impresionante en su alcance e impresionante en su alcance».
Demandas ‘socavaron la democracia’
En un fallo escrito muy esperado, el juez Parker aseveró que los abogados pro-Trump, incluidos Sidney Powell y el destacado litigante Lin Wood, deberían haber investigado las denuncias de fraude electoral del expresidente republicano con más detenimiento antes de denunciar un acto sucio.
Parker agregó en un mordaz informe de 110 páginas que el asesor legal de Trump «intentó intencionalmente crear una neblina de confusión, conmoción y caos».
Los abogados «despreciaron su juramento, desobedecieron las reglas e intentaron socavar la integridad del poder judicial», continúa el informe.
«Esta demanda representa un abuso histórico y profundo del proceso judicial», añadió Parker.
El caso «nunca fue por fraude, se trataba de socavar la fe del pueblo en nuestra democracia y degradar el proceso judicial para hacerlo».
¿Cuáles son las sanciones?
Parker solicitó formalmente que los órganos disciplinarios investiguen si a los nueve abogados se les debe quitar la licencia de abogado.
El juez también ordenó a los abogados pro-Trump que asistieran a clases sobre los requisitos éticos y legales para presentar reclamos legales y que reembolsaran a los funcionarios electorales los gastos incurridos para defender la demanda.
