Un juicio masivo de tres meses contra cientos de presuntos pandilleros de la MS-13 concluyó este miércoles en El Salvador, con la fiscalía presentando sus alegatos finales y solicitando las penas máximas para los acusados.
El proceso contra 485 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) enfrenta cargos que incluyen homicidio, extorsión, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas. El juicio ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que aseguran que vulnera los derechos de los acusados bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, el cual suspendió algunos derechos constitucionales y ha llevado a la detención de decenas de miles de salvadoreños.
Según la Fiscalía General, los pandilleros son juzgados por su presunta participación en 14,420 delitos, incluyendo 444 homicidios, cometidos entre 2012 y 2022. La fiscalía solicitó la pena máxima para cada delito, lo que podría significar cadena perpetua para algunos y hasta $9 millones de dólares en daños civiles en conjunto. Según los fiscales, la MS-13, designada organización terrorista extranjera por Estados Unidos, utilizó a unos 1,200 menores en sus actividades criminales, explotó a 638 mujeres, y conformó 32 células, dos de ellas operando desde fuera del país.
Durante las audiencias se reprodujeron grabaciones de llamadas atribuidas a líderes de la pandilla, en las que presuntamente ordenaban asesinatos y otros delitos. El juicio se realizó de manera virtual, con los acusados apareciendo desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megaprisión construida por el gobierno de Nayib Bukele, donde están prohibidas las visitas, la recreación y la educación.
Esta modalidad de juicios colectivos fue habilitada por una reforma al código penal de julio de 2023, que permite agrupar a los detenidos según su pandilla o territorio. Desde la implementación del régimen de excepción, más de 92,480 personas han sido encarceladas por presuntos vínculos con pandillas. Bukele afirma que 8,000 personas inocentes han sido liberadas, mientras que organizaciones de derechos humanos han registrado más de 6,000 denuncias de violaciones y documentado al menos 547 muertes bajo custodia estatal.
Pese a las críticas, el régimen de excepción mantiene un fuerte respaldo popular en El Salvador. Este es el segundo juicio masivo de pandilleros en el país, tras la condena en noviembre pasado de 45 miembros de la pandilla Barrio 18, uno de cuyos líderes recibió una sentencia de 397 años de prisión.
