El gobierno federal anunció una reducción en la financiación destinada a proyectos de vivienda en Toronto y la cancelación de un acuerdo habitacional con la ciudad de Red Deer, una decisión que ha generado críticas de autoridades municipales y reavivado el debate sobre la estrategia nacional frente a la crisis de vivienda en Canadá.
En Toronto, la disminución de fondos afecta programas orientados a la construcción de viviendas asequibles y de alquiler, en una ciudad que enfrenta una de las mayores presiones inmobiliarias del país. Funcionarios municipales advirtieron que el recorte podría retrasar proyectos clave y limitar la capacidad de la ciudad para responder a la creciente demanda habitacional, impulsada por el aumento poblacional y la llegada de nuevos inmigrantes.
“Toronto necesita más apoyo, no menos”, señaló un portavoz del gobierno municipal, quien alertó que la reducción de recursos pone en riesgo miles de unidades planificadas y podría agravar la falta de viviendas accesibles para familias de ingresos medios y bajos.
La cancelación del acuerdo con Red Deer, en Alberta, también causó preocupación a nivel local. El convenio contemplaba apoyo financiero federal para el desarrollo de nuevas viviendas y la modernización de infraestructura asociada al crecimiento urbano. Autoridades de la ciudad calificaron la decisión como un revés para sus planes de expansión y desarrollo sostenible.
Desde el gobierno federal se argumentó que los cambios responden a una revisión de prioridades presupuestarias y a la necesidad de reorientar recursos hacia proyectos considerados más eficientes o alineados con nuevos criterios de rendimiento. “Seguimos comprometidos con enfrentar la crisis de vivienda, pero debemos asegurar que cada dólar invertido genere resultados concretos”, indicó un funcionario.
Sin embargo, críticos sostienen que la medida envía señales contradictorias en un momento en que la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y económicos del país. Expertos en políticas públicas advierten que los recortes y cancelaciones podrían debilitar la cooperación entre niveles de gobierno, clave para abordar un problema de escala nacional.
Organizaciones del sector vivienda y grupos comunitarios también expresaron su preocupación, señalando que las decisiones podrían afectar de manera desproporcionada a personas vulnerables, incluidos jóvenes, adultos mayores y trabajadores esenciales.
El debate llega en un contexto de creciente presión política sobre el gobierno para presentar soluciones más contundentes frente al aumento de los precios de compra y alquiler en las principales ciudades canadienses. Mientras Ottawa defiende su enfoque, municipios como Toronto y Red Deer insisten en que sin apoyo sostenido será difícil cumplir los objetivos de vivienda.
La reducción de fondos y la cancelación del acuerdo plantean interrogantes sobre el rumbo de la política habitacional en Canadá y el equilibrio entre disciplina fiscal y respuesta a una crisis que afecta a millones de personas.
