El expresidente Álvaro Uribe deberá ir a juicio por el delito de soborno a testigos, luego de que la juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Carmen Helena Ortiz, explicara que hay suficientes pruebas para no cerrar el expediente en contra del exmandatario.
En medio de la audiencia de este miércoles, que ya cumple nueve horas, la togada cuestionó los argumentos de la Fiscalía y señaló que sí hay una hipótesis viable de la existencia de delito.
En este sentido, la juez manifestó que el ente acusador no demostró la atipicidad de la conducta, principal argumento de la solicitud de preclusión que se formuló en el 2021 ante su despacho judicial.
A su vez, criticó que la Fiscalía no hubiese llamado testigos que consideró pertinentes dentro de la investigación para establecer lo que ocurrió con los supuestos sobornos a exparamilitares para que declararan a favor del expresidente Uribe y en contra del congresista Iván Cepeda.
Según la jueza, era notorio que los testimonios que recaudaba el abogado Diego Cadena eran para oponerse a la decisión de compulsar copias a Uribe por manipulación de testigos.
Manifestó además que la Fiscalía debía demostrar plenamente las causales que se usan para pedir la preclusión, porque de lo contrario no sería procedente ya que equivaldría a la absolución del investigado.
Dijo también que no se le vulneraron los derechos al exsenador Uribe Vélez y que la defensa no puede argumentar que no existe claridad frente a la imputación ya que durante la audiencia de indagatoria se documentó suficiente lo que se investiga.
El abogado penalista Francisco Bernate explicó que el Tribunal Superior de Bogotá no tiene un «tiempo de ley» para pronunciarse sobre este caso y que lo más probable es que se tome entre cuatro y ocho meses para comenzar a estudiar la apelación y luego decidir.
La Fiscalía, la Procuraduría y la Defensa habían solicitado a la jueza precluir el proceso al considerar que las pruebas no demostraban que Uribe hubiera participado activamente o dado la orden para buscar testigos falsos contra el senador de izquierdas Iván Cepeda.
En contraposición a esa postura, las víctimas aseguran que el expresidente, de 69 años de edad y que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, debe ir a juicio porque las investigaciones indican que supuestamente participó en el episodio, retomando lo dicho en su momento por la Corte Suprema de Justicia.
El caso de Uribe comenzó en 2012 cuando la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia del exmandatario contra Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, decidió no abrir investigación contra el senador de izquierdas y, en cambio, inició un proceso a Uribe por manipulación de testigos.
Más adelante, a mediados de 2018, la Corte llamó a Uribe a indagatoria por fraude procesal y soborno, pues las pesquisas de ese alto tribunal apuntaban a que el expresidente, a través de terceros como el abogado Diego Cadena, al parecer intentó manipular las versiones de varios exparamilitares para que declararan contra Cepeda.
Uno de los puntos más álgidos del proceso fue el 4 de agosto de 2020, cuando la Sala de Instrucción del alto tribunal ordenó la detención domiciliaria del expresidente, quien el 18 del mismo mes renunció a su escaño en el Senado perdiendo su condición de aforado, por lo que la Corte Suprema de Justicia perdió su competencia en el caso, que pasó a la Fiscalía.
Uribe, que permaneció 67 días en detención domiciliaria en su finca de El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba (norte), siempre ha dicho que renunció a su condición de aforado porque no tenía garantías en la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo y pese a que no ha sido acusado por la Fiscalía, la Corte Constitucional ratificó, tras una votación unánime, al expresidente en calidad de imputado en este proceso tras estudiar una acción de tutela (recurso de amparo).
Este recurso fue presentado por su defensa al considerar que se había violado el debido proceso por falta de imparcialidad e independencia, ya que el caso se filtró a los medios de comunicación.
No obstante, los magistrados decretaron que no se violaron los derechos de imparcialidad ni al debido proceso, por lo que el caso siguió su curso y mantuvo la calidad de imputado.
Así pues la audiencia de preclusión, que comenzó en abril del año pasado y en la que se escuchó a la Procuraduría, la Fiscalía, los abogados de las partes y a Uribe fue cerrada hoy por la jueza Ortiz diciendo que el caso no precluye.
