Una inesperada tutela administrativa le dio hoy un vuelco a la situación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al suspender provisionalmente el fallo de destitución e inhabilitación que había dictado la Procuraduría en su contra por una supuesta mala gestión de la recolección de basuras en 2012.
La decisión del magistrado José María Armenta, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, irrumpió un día después de que la Procuraduría ratificara la sentencia del pasado 9 de diciembre en contra del alcalde, en una jornada de absoluta confusión jurídica.
Un ciudadano identificado como José Gotardo Pérez Soto fue el artífice del recurso que presentó el pasado 12 de diciembre ante el Tribunal, bajo el pretexto de que con la sanción administrativa se habían violado los derechos fundamentales de Petro.
«Decrétese la suspensión provisional de los efectos jurídicos del fallo disciplinario de destitución e inhabilidad para ejercicio de cargos públicos a Gustavo Petro en su condición de alcalde Mayor de Bogotá», expone la tutela, una medida que se mantendrá «hasta que se adopte la decisión de fondo que ponga fin a este proceso».
El magistrado Armenta admitió la tutela con el argumento de que el procurador, Alejandro Ordóñez, no tiene competencias para decidir sobre el mandato de un cargo elegido democráticamente.
En su dictamen, Armenta pide además que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, «se abstenga de darle cumplimiento a la decisión administrativa disciplinaria sancionatoria» de la Fiscalía, pues es el mandatario el que tiene que dar el veredicto final sobre la medida.
De este modo, la salida de Petro del Palacio de Liévano, sede de la Alcaldía bogotana, se posterga al menos diez días más, hasta que el Tribunal Administrativo emita su dictamen, a lo que habría que sumarle otros plazos más en caso de que este recurso de amparo sea anulado por otra instancia.
La noticia sorprendió a Petro cuando se encontraba reunido con un grupo de jóvenes cantantes de hip-hop en el marco de la estrategia de movilización popular contra la decisión de la Procuraduría, lo que, según reconoció, le causó «alegría».
A su juicio, esta tutela «muestra que si la justicia y las multitudes van de la mano se puede detener la tiranía, la arbitrariedad, se puede construir realmente una Colombia democrática y pacífica que son los objetivos que nos hemos propuesto».
«Justicia y multitudes le han ganado la batalla a la arbitrariedad», dijo en referencia a las manifestaciones que él mismo ha venido convocando en la céntrica Plaza de Bolívar desde diciembre pasado.
Por su parte, la Procuraduría indicó que estudiará el fallo y que presentará una apelación ante la Sección Segunda del mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El titular de la Procuraduría, Alejandro Ordóñez, que es el encargado de vigilar y sancionar a los funcionarios públicos, defiende que el castigo y la sanción contra Petro están más que justificados y se ajustan a la Constitución.
Así lo expresó en la ronda matutina que hizo en todas las radios locales, en cuyas intervenciones descartó que le esté haciendo «bullying» (acoso) al alcalde por cuestiones políticas o ideológicas, como él alega.
Para los próximos días, los abogados de Petro seguirán diseñando más alternativas jurídicas y administrativas para eludir la muerte política a la que le sentenció la Procuraduría y la Alcaldía coordinará asambleas cada día con un sector de la sociedad capitalina para construir la «constituyente» convocada por el alcalde.
Mañana será el turno de los estudiantes universitarios, el jueves el de los trabajadores y usuarios del sistema de la salud y el viernes el de las mujeres, para marchar el sábado todos juntos en una nueva movilización conjunta en defensa de Petro.
Bogotá, 14 ene (EFE).-
