La respuesta de EEUU al golpe de Estado de Birmania (Myanmar) ha sido inmediata: sanciones a los militares que ejecutaron el levantamiento. La Unión Europea podría ir detrás, mientras aumentan las llamadas a efectivos boicots contra los intereses de los uniformados.
De manera inesperada, el poderoso Ejército birmano dio el pasado 1 de febrero un golpe de Estado y detuvo a parte del Gobierno, entre ellos a la popular líder electa y premio nobel de paz, Aung San Suu Kyi, lo que acabó con la frágil transición la democracia del país asiático.
El creciente movimiento de desobediencia civil y las multitudinarias protestas a lo largo y ancho de Birmania han puesto de manifiesto la oposición al levantamiento de los militares, que ya gobernaron con puño de hierro en Birmania de 1962 a 2011.
La condena internacional se ha repetido de manera amplia y contundente y las sanciones económicas han sido las primeras medidas en llegar.
«Las sanciones siempre funcionan pero no solo deben ser acciones simbólicas. Las sanciones tuvieron efecto en 2007 durante la Revolución Azafrán, que dio paso al cambio de régimen en 2010. La fortaleza del Ejército está en sus negocios», comenta a Efe el activista birmano Kyaw Win, director de la ONG Burma Human Rights Network, con sede en Londres.
EL PODER ECONÓMICO DE LOS MILITARES
El primer paso lo ha dado la recién estrenada Administración de Joe Biden y Estados Unidos sancionó este jueves al comandante del Ejército, el general Min Aung Hlaing, quien lideró el levantamiento militar y que ya estaba en la lista negra de Washington, además de a otros nueve oficiales, algunos de ellos miembros del nuevo Gobierno. El Tesoro de EEUU también ha penalizado a tres empresas por sus vínculos con las Fuerzas Armadas birmanas.
Los militares controlan una buena parte de la economía del país a través de dos conglomerados: Myanmar Economic Holdking Limited (MEHL) y Myanmar Economic Corporation (MEC), cuyo valor asciende a varios billones de dólares y que tienen lazos con 44 empresas extranjeras, según estimó un grupo de expertos de la ONU en 2019.
SANCIONES SELECTIVAS
«El impacto general es difícil de determinar ahora mismo, pero el objetivo de estas sanciones es disuadir a las compañías y bancos de EEUU a hacer negocios en Birmania. Puede ser algo importante», explica a Efe desde Tokio Alexander Dmitrenko, responsable en Asia del departamento de sanciones de la firma legal Freshfields Bruchaus Deringer.
Las sanciones selectivas, que se pueden ampliar con el tiempo, no solo afectan a las personas y compañías que estén en la lista si no a todos aquellos que traten con ellos, lo que «va a hacer más difícil hacer negocios en Birmania», señala el abogado.
Un camino muy parecido puede ser el que siga la Unión Europea (UE) que ya ha planteado la posibilidad de aplicar sanciones selectivas contra personas y empresas propiedad de los militares birmanos.
El responsable de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, explicó esta semana en el Parlamento Europeo que «en estos países el Ejército es un gran poder económico» y que «poseen una parte importante de la infraestructura económica del país».
Los Veintisiete están valorando además las posibilidades de revisar la asistencia para el desarrollo en Birmania y evaluar el uso de la iniciativa europea de preferencias comerciales Todo Menos Armas (ABE, en sus siglas en inglés), que elimina los aranceles para todos los productos menos armamento.
RIESGOS PARA LA POBLACIÓN CIVIL
Muchos advierten, sin embargo, del peligro de este tipo de sanciones económicas que afectan a todo el país.
«Las sanciones solo deben estar dirigidas a los militares y los principales líderes. Aislar a Birmania y dañar su frágil economía simplemente servirá a los planes de los generales. La UE no debería reaccionar de forma exagerada revocando el ABE o tomando otras medidas equivocadas», señala a Efe el analista independiente y experto en Birmania, Scott Mathieson.
Birmania, uno de los países más pobres del sudeste asiático, se abrió a las inversiones extranjeras en 2011, cuando comenzó la transición democrática y desde entonces ha vivido un rápido crecimiento, con un promedio de un 7 % anual, impulsado en parte por enormes inversiones de empresas textiles europeas.
«Lo importante con las medidas que se tomen es no hacer daño a la población, aniquilar a las incipientes clases medias. En la última década se han abierto 700 fábricas de confección, calzado…, que emplean a 700.000 personas, sobre todo mujeres», recalca a Efe el diplomático tailandés retirado Kobsak Chutikul.
EL PODER DE LOS BOICOTS
El que fuera asesor especial del director general de la Organización Mundial del Trabajo cree que el efecto de las sanciones será muy limitado.
«Siempre hay quien se las salta. China siempre va a estar ahí y es un país muy rico. Lo mismo que India y Rusia. Además Japón, que ahora ha condenado el golpe, cambiará de posición en unos meses», apunta Kobsak.
El diplomático y exparlamentario apuesta por la presión civil internacional a las empresas que negocien con los militares en un movimiento parecido al que se vivió contra el apartheid en Sudáfrica.
Ciertas llamadas al boicot ya ha tenido efecto y la cervecera japonesa Kirin y el empresario singapurense Lim Kaling, cofundador de la empresa de videojuegos Razer, han retirado tras el golpe sus inversiones en empresas vinculadas con los militares.
