La ciudad colombiana de Santa Marta, un destino turístico muy popular, quedó paralizada este miércoles tras amenazas de un grupo armado ilegal contra negocios y el transporte local, en represalia por la muerte el lunes de uno de sus líderes.
La parálisis del transporte público y los comercios en Santa Marta, ciudad de aproximadamente 580,000 habitantes ubicada en la costa caribeña del país, continuó hacia su segundo día, pese a la orden del presidente Abelardo De La Espriella de militarizar la ciudad mediante el despliegue de 1,100 elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo armado ilegal con más de 800 integrantes, ordenó el cierre de negocios y del transporte en represalia por la muerte, el lunes, de 13 de sus miembros, incluyendo a uno de sus líderes, durante un operativo de las Fuerzas Armadas. Según fuentes de seguridad, el grupo está involucrado en la producción y tráfico de cocaína desde el norte de Colombia, además de la extorsión a negocios de los sectores de transporte y turismo.
De La Espriella presidió una reunión del consejo de seguridad en Santa Marta el martes por la noche y, portando chaleco antibalas y pistola en la cintura, patrulló personalmente algunas calles de la ciudad, las cuales también fueron sobrevoladas por aviones de combate militares. El principal comandante de la ACSN, conocido como «Bendito Menor,» también había sido abatido en un operativo policial a inicios de septiembre, junto a su pareja sentimental y dos guardaespaldas.
«Están utilizando incidentes relativamente menores para infundir miedo en la sociedad, forzar el cierre de negocios, y mantener a la gente en un estado de temor, y eso es algo que no podemos permitir,» declaró De La Espriella. Pese a su llamado a que la población retomara sus actividades habituales, las calles permanecieron prácticamente vacías el miércoles, y los negocios se mantuvieron cerrados u operando con restricciones.
«Si no se someten, los voy a mandar al infierno en una bolsa, como corresponde y como se lo merecen,» declaró De La Espriella respecto a los líderes del grupo armado ilegal.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia condenó lo ocurrido, señalando en un mensaje en X: «Condenamos las acciones violentas, incluyendo las restricciones a la libertad de movimiento, por parte de un grupo armado no estatal en la ciudad de Santa Marta y en la región Caribe.»
