Purdue Pharma se declaró culpable el martes de tres cargos criminales, admitiendo formalmente su papel en una epidemia de opioides que ha generado a cientos de miles de muertes en las últimas dos décadas.
En una audiencia virtual con un juez federal en Newark, Nueva Jersey, el fabricante de OxyContin admitió haber obstaculizado los esfuerzos de la Administración de Control de Drogas de EE.UU. Para combatir la crisis de adicción.
Purdue también reconoció que no había mantenido un programa efectivo para evitar que los medicamentos recetados fueran desviados al mercado negro, a pesar de que le había dicho a la DEA que tenía dicho programa, y que proporcionó información engañosa a la agencia como una forma de impulsar las cuotas de fabricación de las empresas.
También admitió haber pagado a los médicos a través de un programa de oradores para inducirlos a recetar más sus analgésicos.
Las declaraciones de culpabilidad fueron presentadas por el presidente de la junta de Purdue, Steve Miller, en nombre de la empresa. Fueron parte de un acuerdo penal y civil anunciado el mes pasado entre la empresa con sede en Stamford, Connecticut y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Cientos de miles de muertes atribuidas a los opioides
El acuerdo incluye $8.3 mil millones de dólares en multas y decomisos, pero la compañía está comprometida con un pago directo al gobierno federal de solo una fracción de eso, $225 millones. Pagaría la cantidad más pequeña siempre y cuando ejecute un acuerdo que pase por un tribunal federal de quiebras con los gobiernos estatales y locales y otras entidades que lo demanden por el número de víctimas de la epidemia de opioides.
Los miembros de la acaudalada familia Sackler, dueños de la empresa, también acordaron pagar 225 millones de dólares al gobierno federal para resolver las demandas civiles. No se han presentado cargos penales contra miembros de la familia, aunque su acuerdo deja abierta la posibilidad de que eso ocurra en el futuro.
«Que nuestra declaración de culpabilidad sea aceptada en un tribunal federal y asumir la responsabilidad de las malas conductas del pasado es un paso esencial para preservar el valor de miles de millones de dólares para los acreedores y avanzar en nuestro objetivo de proporcionar recursos financieros y medicamentos que salvan vidas para abordar la crisis de los opioides», dijo Purdue en una declaración escrita después de declararse culpable.
«Continuamos trabajando incansablemente para generar apoyo adicional para un acuerdo de quiebra propuesto, que dirigiría la abrumadora mayoría de los fondos del acuerdo a los gobiernos estatales, locales y tribales con el propósito de mitigar la crisis de opioides», se lee en el comunicado.
El alegato de Purdue a los delitos federales proporciona solo un pequeño consuelo para los defensores que quieren ver penas más duras para el fabricante de OxyContin y sus propietarios.
La actual crisis de sobredosis de drogas, que parece empeorar durante la pandemia de coronavirus, ha contribuido a la muerte de más de 470.000 estadounidenses en las últimas dos décadas, la mayoría por opioides legales e ilícitos.
Oposición al arreglo
Se estima que hubo 16.364 muertes aparentes relacionadas con los opioides en Canadá entre enero de 2016 y marzo de 2020, según la Agencia de Salud Pública de Canadá.
Cynthia Munger, cuyo hijo se está recuperando de la adicción a los opioides después de que le recetaron OxyContin hace más de una década como jugador de béisbol de la escuela secundaria con una lesión en el hombro, se encuentra entre los activistas que presionan para que los propietarios de Purdue y los funcionarios de la empresa sean acusados de delitos.
«Hasta que hagamos eso y dejemos de acusar a las personas físicas y no a las personas, nada cambiará», afirmó Munger, quien vive en Wayne, Pensilvania.
Los fiscales generales de aproximadamente la mitad de los estados se opusieron al acuerdo federal, así como al acuerdo propuesto por la compañía en el tribunal de quiebras. En el caso de quiebra, Purdue ha propuesto transformarse en una corporación de beneficio público y sus ganancias ayudarán a abordar la crisis de opioides.
Los fiscales generales y algunos activistas están molestos porque, a pesar de que los Sackler renunciaron al control de la empresa, la familia sigue siendo rica y sus miembros no se enfrentarán a prisión u otras sanciones individuales.
Los activistas aseguran que no hay diferencia entre las acciones de la empresa y sus propietarios, que también controlaban el directorio de Purdue hasta los últimos años.
La semana pasada, como parte de una moción para obtener acceso a más documentos familiares, los fiscales generales que se oponen a los acuerdos presentaron documentos que ponen a los miembros de la familia Sackler en el centro del continuo impulso de Purdue por las ventas de OxyContin incluso cuando aumentaron las muertes relacionadas con los opioides.
