En la imagen, el presidente de EE.UU., Barack Obama. EFE/Archivo
El presidente de EE.UU., Barack Obama, ordenó el envío de 45 soldados a Sudán del Sur para proteger a personal diplomático y ciudadanos estadounidenses en el país africano, según una carta remitida hoy al Congreso.
«Aunque están preparadas para el combate, las fuerzas fueron desplegadas para proteger a ciudadanos y propiedades estadounidenses», indicó el mandatario en su carta, dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
Los soldados permanecerán en Sudán del Sur, donde se han registrado duros enfrentamientos y hay medio millar de muertos tras un fallido golpe de Estado, «hasta que la situación de seguridad sea tal que no sean necesarios», señaló Obama en la misiva.
El Departamento de Defensa ya había anunciado el envío de aviones para evacuar a personal estadounidense, al igual que han hecho otros países, como Reino Unido.
En un comunicado posterior, el presidente estadounidense alertó de que Sudán del Sur, un país que declaró su independencia de Sudán en julio de 2011, «se encuentra al borde del precipicio» y los recientes combates amenazan con llevarle «a sus más oscuros días del pasado».
Obama recordó que Sudán del Sur consiguió tras su nacimiento como estado independiente «romper el ciclo de violencia que ha caracterizado gran parte de sus historia».
«Sus líderes pueden poner fin a la violencia y trabajar para resolver las tensiones de manera pacífica y democrática. Los ataques para hacer pagar deudas políticas o desestabilizar el gobierno deben cesar inmediatamente», aseveró Obama.
Añadió que «los líderes de Sudán del Sur deben reconocer que los compromisos con los enemigos políticos del pasado son difíciles, pero recuperarse de violencia sin control y odio desatado es mucho más duro».
El presidente sursudanés, Salva Kir, denunció un intento fallido de golpe de Estado el pasado domingo y responsabilizó de lo ocurrido al exvicepresidente Riak Mashar, quien negó que haya habido una acción de ese tipo.
Desde entonces, cientos de personas han muerto en los combates entre el Ejército y militares disidentes, principalmente en la capital, Yuba, y el estado de Jonglei, el mayor del país, en medio de los temores por una escalada de la violencia étnica.
En la imagen, el expresidente colombiano Álvaro Uribe (c). EFE/Archivo
El movimiento Uribe Centro Democrático (UCD) pidió al Congreso que investigue al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por el presunto reparto de cargos y beneficios a legisladores a cambio de apoyo a su reelección, anunció hoy su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe.
La denuncia fue presentada hoy ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el periodista Ernesto Macías, candidato al Senado en las elecciones de marzo de 2014 por el UCD, afirmó Uribe en una declaración a la prensa en Bogotá.
Santos, que fue ministro de Defensa de Uribe, de quien luego se distanció, anunció hace un mes su intención de buscar la reelección en los comicios presidenciales del 25 de mayo de 2014.
Según Uribe, la información que sustenta la denuncia, titulada «El carrusel de la reelección», está contenida en 667 folios y un disco compacto con 1.975 currículos de legisladores y funcionarios.
«De acuerdo con esa información, la Presidencia de la República ha entregado 1.968 cargos directivos a congresistas, 597 contratos de prestación de servicios; aparecen 164 congresistas», dijo Uribe, cabeza de lista al Senado de su movimiento político en las próximas elecciones.
En opinión del expresidente, que gobernó Colombia en el periodo 2002-2010 y catapultó a Santos a la presidencia, la información entregada hoy al Congreso «muestra claramente el truque en que se le dan al congresista unos cargos y al mismo tiempo se le exigen unos votos».
Citó el caso de la caja de previsión Caprecom, del sector de la salud, de la que dijo que «un congresista tiene todos los cargos directivos, maneja toda la entidad».
Igualmente mencionó al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que según Uribe «no está al servicio del sector agropecuario sino de un congresista que tiene 48 cargos» en ese organismo y que según agregó, los está repartiendo en el país.
El exmandatario añadió que próximamente se entregará a la Comisión de Acusación otra información sobre ayudas parlamentarias supuestamente entregadas por la Presidencia a congresistas y llamadas «cupos indicativos», por un valor total de 2,5 billones de pesos (unos 1.288 millones de dólares) «que algunos manejan honorablemente y otros se los roban».
«Se ha llegado al extremo de que algunos venden los cupos indicativos», agregó el expresidente, quien se abstuvo de revelar nombres de los congresistas supuestamente implicados en los dos casos.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes está compuesta por 15 miembros y es la encargada de preparar proyectos de acusación cuando hay causas contra el presidente, los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Igualmente puede acusar a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y al fiscal general de la nación.
Históricamente los únicos gobernantes colombianos que han sido llamados a declarar y escuchados por la Comisión de Acusación son los expresidentes Gustavo Rojas Pinilla, Ernesto Samper y Uribe.
Manifestantes participaban el pasado 10 de diciembre en Montevideo, en la denominada Última marcha con la marihuana ilegal, convocada por los colectivos que han promovido la legalización del consumo de cannabis en Uruguay. EFE/Archivo
Paraguay prevé que la legalización de la marihuana en Uruguay aumentará el cultivo en su propio territorio, donde ya se recoge la segunda mayor cosecha del mundo, debido a que los precios oficiales serán más altos que los del mercado negro, según dijo a Efe el jefe de la lucha antidroga, Luis Rojas.
«Estamos más que convencidos de que eso va a estimular el consumo interno allá y por ende el tráfico de marihuana hacia allá», afirmó Rojas, titular de la Secretaría Nacional Antidrogras (Senad) de Paraguay, país que es el segundo mayor productor del mundo, por detrás de México.
Según Rojas, los precios a los que se pretende vender la marihuana legal en Uruguay «son mucho más altos» que los de la droga paraguaya que ingresa de forma ilegal, la cual se comercializa «puesta en frontera» a unos 60 dólares el kilogramo y alcanza los 300 dólares una vez en el país.
«Va a haber más marihuana paraguaya en Uruguay y a menor costo», sentenció.
La Senad calcula que en Paraguay existen aproximadamente entre 5.000 y 8.000 hectáreas de plantaciones ilegales de marihuana, que arrojan una producción de unos 6.000 kilos por hectárea, es decir entre 30.000 y 48.000 toneladas de esa droga al año.
La corrupción a «todos los niveles, el inexistente control fronterizo y del espacio aéreo», así como el «poco control fluvial» favorecen la proliferación del narcotráfico en el país, según el secretario de la institución, que ha decomisado unas 400 toneladas de marihuana este año.
«Tenemos marihuana porque es rentable y hay un mercado seguro y porque el esquema de corrupción permite a bajo costo que el negocio subsista», añadió Rojas.
El director de la secretaría antidrogas de Paraguay, un exagente especial de 42 años, se manifestó contrario a la legalización de la marihuana en su país, siguiendo el ejemplo de Uruguay, porque a su juicio sería «especular con la salud pública».
Rojas recordó su intención de activar un centro de investigación científica del cannabis en el país en 2014 para investigar con rigor científico las teorías y reforzar la política en contra de la droga o «revaluar» la posición actual.
El Senado uruguayo ratificó el pasado 11 de diciembre un proyecto de ley aprobado en julio por la Cámara de Diputados que regulariza la producción y venta de marihuana en el país, donde su consumo ya era legal desde hacía cuatro décadas.
La nueva norma, que todavía no ha sido promulgada, dispone la creación de un ente estatal regulador encargado de otorgar licencias a los consumidores y controlar la producción y distribución de la droga, que se hará efectiva en clubes o farmacias.
Rojas explicó en la entrevista que inicialmente el tráfico de marihuana desde Paraguay estaba dominado por brasileños, con colaboración de grupos paraguayos que les proveían servicios de transporte, protección, logística, etc.
Sin embargo, ahora los grupos paraguayos «se hicieron dueños del negocio», y tras adquirir poder económico y financiero «tomaron el control del poder político en zonas de frontera».
Rojas aseveró que el 80 por ciento de la marihuana producida en Paraguay se traslada a Brasil, donde es comprada por organizaciones criminales como el Comando Vermelho de Río de Janeiro o el Primer Comando da Cidade (PCC), que extiende su influencia a todo el país desde el Estado de São Paulo.
«El PCC y el Comando Vermelho son clientes, compran de los financistas, de los grandes patrones paraguayos», espetó.
El secretario antidrogas reconoció que «la represión como política aislada está destinada al fracaso, porque se crea desabastecimiento y se eleva el precio, lo que estimula más la producción».
Rojas dijo que la estrategia debe incluir ofrecer una alternativa de sustento legal a los campesinos que se dedican a
El delantero argentino del Barcelona Leo Messi. EFE/Archivo
El argentino Lionel Messi ha dicho que el vicepresidente económico del FC Barcelona, Javier Faus, no sabe nada de fútbol y que el directivo quiere gestionar el club como si fuese una empresa, en alusión a unas declaraciones de éste cuando dijo recientemente que no entendería que al crack azulgrana se le tuviese que renovar el contrato, cuando ya se le mejoró hace un año.
«El señor Faus es una persona que no sabe nada de fútbol. Quiere manejar el Barcelona como si fuera una empresa, y no lo es. El Barcelona es uno de los equipos más grandes del mundo y merece ser representado por los mejores dirigentes también», ha señalado el futbolista.
«Y le recuerdo que ni yo ni nadie de mi entorno hemos pedido ningún aumento ni renovación, y él eso lo sabe muy bien», ha añadido, en unas declaraciones realizadas desde Argentina a tres preguntas formuladas por la emisora ‘RAC1’, y que el jugador ha remitido en una grabación.
Las declaraciones de futbolista del FC Barcelona vienen al caso de otras que Faus realizó en la misma emisora cuando se le preguntó si se renovaría a Messi.
«Esto es un tema más de Zubizarrera (secretario técnico) o de Bartomeu (vicepresidente deportivo), o de Rosell (presidente). Yo, desde el punto de vista más aséptico y más frío, a un señor que ya se le renovó el contrato el año pasado, pues no sé por qué se le tiene que renovar el contrato este año», apuntó Faus en alusión a que tanto Messi (2018) como Xavi (2016) y Puyol (2016), el club ya les amplió el contrato hace justo un año (18 de diciembre del 2013).
Messi se sigue entrenando en su país para completar la recuperación de una lesión que le ha obligado a parar y emprender una especie de pretemporada para adquirir el tono físico.
A pesar de ello, y aunque está al margen del día a día del club catalán, su nombre ha cobrado mucha relevancia estos días después de que informaciones vinculasen a su padre en una red de blanqueo de dinero proveniente de la droga, hecho que fue desmentido por la Guardia Civil.
«No he leído nada directamente. Mi familia me ha comentado lo que se ha dicho y, la verdad, lamento profundamente lo que se ha dicho, no sobre mí, sino sobre personas que quiero, como mi papá o jugadores que son amigos. Lo que hemos hecho nosotros en estos partidos es cien por cien benéfico», ha argumentado.
Sobre la idea de apartar a su padre de la gestión de su patrimonio, el jugador ha sido tajante: «Estoy unido a mi padre y a mi familia en lo personal y en lo profesional. Si de mí depende, y mientras él quiera, seguirá siendo el presidente de nuestra empresa y de la fundación».
«Como siempre he dicho, yo me dedico a jugar a fútbol y él a gestionar mis intereses más allá del campo, intentando seleccionar los mejores profesionales y asesores que nos ayudan», ha concluido en sus respuestas.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto. EFE/Archivo
La mayoría de los países y presidentes latinoamericanos apoyan los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, excepto los líderes de Venezuela, Ecuador y Panamá, que se oponen «ligeramente», según un estudio hecho público hoy.
Ese apoyo es «especialmente» patente en México, Brasil, Colombia y Perú, de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto de Prospectiva Internacional (IPI).
Tanto los gobiernos, incluidos los presidentes, como los partidos de la oposición, los medios de comunicación y las empresas respaldan los acuerdos en líneas generales y ninguno los rechaza de manera contundente, precisa el estudio.
De la investigación del IPI se desprende que los presidentes de Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay son quienes más apoyan los acuerdos comerciales con la UE.
Por el contrario, los de Venezuela y Ecuador son los más opuestos, indica.
En cuanto a los gobiernos, lideran el apoyo los de Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay y Perú, mientras que en el lado contrario se encuentran los de Venezuela y Panamá.
Los partidos de la oposición son más favorables que los Gobiernos y los presidentes a la hora de apoyar los acuerdos de libre comercio con los Veintiocho.
Por último, los medios de comunicación y las empresas también aceptan y apoyan los acuerdos. Los ciudadanos se muestran a favor, aunque en menor medida, especialmente en el caso de Bolivia, Panamá y la República Dominicana, según el estudio.
La UE cuenta con Tratados de Libre Comercio prácticamente con la mayoría de países de América Latina. En agosto entraron en vigor los acuerdos de libre comercio con Centroamérica, Colombia y Perú, y actualmente están en marcha las negociaciones para alcanzar uno entre la UE y Mercosur.
El estudio fue elaborado entre el 14 y el 31 de agosto con la metodología Mapi, que consiste en realizar una encuesta a múltiples y variados expertos con probado conocimiento del escenario del estudio y que no se conocen entre sí para generar un diagnóstico panorámico de una situación.
La Drummond produce anualmente unas veinticuatro millones de toneladas de carbón que exporta a través de su propio puerto ubicado en Ciénaga, población cercana a Santa Marta. EFE/Archivo
El Gobierno colombiano impuso hoy una multa de 6.965 millones de pesos (unos 3,58 millones de dólares) a varias empresas de la minera estadounidense Drummond por la contaminación con carbón de la bahía de Santa Marta, en el norte del país.
«La sanción tiene dos partes: la primera corresponde a un trabajo comunitario para resarcir los daños al lecho marino y las playas, más una sanción económica, la más alta en la historia ambiental del país», dijo la ministra de Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento.
Las empresas sancionadas son American Port Company INC., Drummond Ltd., Drummond Coal Minning LLC y Transport Services LLC., según el Ministerio.
La contaminación ocurrió la noche del pasado 12 de enero cuando una barcaza de la Drummond que estuvo a punto de hundirse vertió varias toneladas de carbón en el Caribe colombiano cerca de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena y uno de los principales destinos turísticos de la costa atlántica del país.
«Quiero decirles que como autoridad ambiental buscamos que al aplicar esta sanción, primera de este tipo en nuestro país, nunca se vuelva a repetir, y se adopten todos los correctivos y se prevengan todos los riesgos asociados a las actividades productivas», agregó la funcionaria en una rueda de prensa en Bogotá.
La sanción incluye la obligación de extraer el carbón del lecho marino y la limpieza de las playas de la bahía de Santa Marta contaminadas por el polvo carbonífero desprendido del transporte, para lo cual las empresas tienen un plazo de un año, dijo por su parte la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Nubia Orozco.
La directora de la ANLA agregó que Drummond «debe poner a funcionar un sistema de monitoreo ambiental y un plan de educación ambiental que involucre a sus trabajadores y a la comunidad de la zona» con asesorías externas «para promover la conservación de los recursos naturales».
Según la ministra, «las empresas infractoras y su personal deben tener consciencia de los riesgos ambientales que su actividad industrial produce» y deben «reconocer la importancia de los bienes públicos ambientales que afectaron».
Sarmiento agregó que en el último año se cuadruplicaron el número de sanciones a las empresas que no son rigurosas con el manejo ambiental.
Cuando se produjo el vertido, la Drummond alegó que la barcaza tuvo un conato de hundimiento porque le entró agua, por lo cual decidieron verter en el mar el líquido que se había mezclado con el carbón para evitar el hundimiento.
Días después, la ANLA, dirigida entonces por la actual ministra, ordenó suspender las operaciones de cargue y descargue de la Drummond hasta que la compañía presentara un plan de contingencia renovado a las autoridades colombianas, lo que la empresa hizo y pudo volver a operar el 1 de marzo.
La Drummond produce anualmente unas veinticuatro millones de toneladas de carbón que exporta a través de su propio puerto ubicado en Ciénaga, población cercana a Santa Marta.
El polémico alcalde de Toronto, Rob Ford, se vio forzado a disculparse públicamente hoy tras insinuar en varias entrevistas que un periodista del principal periódico de la ciudad era un pederasta.
Ford también se retractó de varias afirmaciones que realizó recientemente para reforzar la idea de que el periodista Daniel Dale, del periódico The Toronto Star, era un pederasta que intentó fotografiar a sus hijos.
La disculpa se produce un día después de que expirara el plazo que Dale había concedido a Ford para retirar sus comentarios, lo que puede desembocar en una demanda por libelo contra el alcalde de Toronto.
Ford dijo hoy durante una reunión del consejo municipal de Toronto que «no quería sugerir que es un pederasta».
«Me gustaría disculparme de nuevo con Dale si mis palabras le han causado daño u ofendido», añadió Ford.
Durante una entrevista televisada Ford dijo: «Daniel Dale está en mi patio trasero tomando fotos. Tengo niños pequeños. Está haciendo fotos de mis niños. No quiero decir la palabra, pero empiezas a pensar qué es lo que quiere».
Dale decidió presentar una demanda contra Ford cuando el alcalde volvió a repetir la sugerencia de pederastia durante otra entrevista en una radio estadounidense.
El incidente al que Ford se refería se produjo en mayo de 2012 cuando Dale investigaba la petición del alcalde de Toronto de comprar parte de un parque público situado junto a su casa.
Cuando Ford vio a Dale salió de su domicilio y persiguió al periodista, que perdió su teléfono móvil en el incidente.
La Policía revisó el móvil de Dale y las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa de Ford y concluyó que el periodista no tomó ninguna fotografía del hogar del alcalde o de sus hijos, y que nunca se asomó por encima de la valla que protege la vivienda.
A pesar de ello, Ford ha repetido en numerosas ocasiones que Dale estaba tomando fotos de su vivienda y que le sorprendió espiando su hogar.
The Toronto Star se ha destacado por publicar informaciones sobre el polémico alcalde.
El periódico reveló en mayo pasado la existencia de un video en el que Ford aparece fumando «crack», una poderosa droga derivada de la cocaína.
Ford negó durante meses que fumara drogas o la existencia del video. Pero en noviembre, la Policía de Toronto reveló que tenía en su poder el video, que había confiscado durante redadas a grupos de narcotraficantes de Toronto.
La Policía también reveló que subordinados y amigos de Ford intentaron en mayo comprar el video a los narcotraficantes, supuestamente por órdenes de Ford.
Finalmente, Ford admitió que había fumado una vez «crack» y se disculpó por sus mentiras.
Ford también admitió conducir ebrio.
The Toronto Star también publicó una foto del alcalde de Toronto en compañía de tres conocidos delincuentes. Uno de ellos falleció en un tiroteo poco después de que la foto fuera tomada.
Un subordinado y amigo de Ford que intentó comprar el polémico video dijo a la Policía que su muerte estaba relacionada con esa grabación.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa (i), acompañado del canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, participan en la instalación de la II Cumbre Alba-PetroCaribe, en Caracas (Venezuela). EFE
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana (ALBA) y de Petrocaribe aprobaron hoy en Caracas la puesta en marcha de una zona económica común, con aspiraciones de crecer y de ampliarse a otros mecanismos como el Mercosur y la Comunidad del Caribe (Caricom).
Al leer la declaración final de la cumbre, el anfitrión, el presidente venezolano Nicolás Maduro, defendió la iniciativa como «una de las cosas más importantes que quizá se estén fundando en este momento en nuestra América».
El mandatario contrastó esa zona común con los tratados de libre comercio impulsados por el «imperialismo» y dijo que buscará el «desarrollo compartido, realmente equitativo, justo, complementario».
«Es la única forma de ir superando las llamadas asimetrías (…) inequidades, desigualdades producto de los procesos históricos, de los tamaños de nuestras economías», dijo.
«O nos desarrollamos todos o no habrá desarrollo para nadie», agregó el mandatario venezolano.
Maduro se comprometió a posicionar la iniciativa como uno de los puntos fuertes de la cumbre de presidentes del Mercosur que se celebrará en enero en Caracas, bajo la presidencia temporal de Venezuela.
La creación de la zona común fue uno de los temas centrales de la II Cumbre Extraordinaria ALBA-TCP-Petrocaribe realizada este martes en la capital venezolana y marcada por homenajes al Libertador Simón Bolivar en el aniversario 183 de su muerte.
La apuesta busca desarrollar el llamado Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) como una plataforma de integración que tenga en cuenta las diferencias entre los países y ponga énfasis en la cooperación y la complementariedad, un rasgo que según los mandatarios contrasta con la apertura exigida en los acuerdos de libre comercio impulsados por potencias como Estados Unidos.
De concretarse finalmente, la zona económica reunirá a importantes productores regionales de petróleo, como Venezuela y Ecuador, junto con países centroamericanos e islas caribeñas muy vulnerables a las fluctuaciones en los precios internacionales del crudo.
El comunicado de cierre señaló que la nueva zona apunta a «consolidar y ampliar un nuevo modelo de relacionamiento económico para fortalecer y diversificar el aparato productivo y el intercambio comercial».
Para ello, los mandatarios decidieron designar una autoridad rectora que estará a cargo de Ecuador, país que afirmó aceptar «con gusto» la tarea, y que contará además con Jamaica, Dominica, Nicaragua y Venezuela.
Los gobernantes pidieron a esa autoridad contactar «a la mayor brevedad y de manera conjunta al Mercosur», con el objetivo de informar oficialmente el interés de iniciar conversaciones para constituir la zona económica.
Durante la cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno adoptaron además un plan de acción conjunta junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para avanzar en la erradicación del hambre y la pobreza a nivel regional.
Maduro destacó ese punto como fundamental «para seguir avanzando en la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo».
Entre otros de los puntos abordados, los mandatarios consensuaron una propuesta preliminar para establecer un tratado constitutivo del ALBA, aunque Maduro indicó que al texto «aún le falta trabajo».
«El espíritu está aprobado. Falta ahora darle forma. Le falta más trabajo a este tema», dijo.
Además, instruyeron a los diferentes órganos de los mecanismos para que presenten diversos estudios en materia de integración aérea, datos sobre el patrón empresarial de los países miembros y estadísticas, entre otros.
«La idea solo de tener esta área económica que aglutine a la mayoría de países de la región garantiza que nuestras empresas puedan ampliar sus horizontes de negocios», dijo en su intervención el presidente dominicano, Danilo Medina.
Medina acaparó buena parte de las miradas durante la cumbre junto con su par haitiano, Michel Martelly, tras acordar la conformación de una comisión de alto nivel para tratar asuntos bilaterales, en medio de un enfriamiento de las relaciones tras el fallo de la justicia dominicana sobre la nacionalidad de los hijos de inmigrantes indocumentados.
El presidente dominicano agradeció la intermediación de Maduro para lograr la puesta en marcha de la comisión, a la que acompañarán Venezuela, la Comunidad del Caribe (Caricom), la ONU y la Unión Europea.
La ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) está integrada por Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Antigua y Barbuda y Venezuela, a los que se ha sumado Santa Lucía.
Petrocaribe, por su parte, es un mecanismo de integración petrolera conformado por Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Venezuela.
El jefe de la Policía de Reno, Tom Robison, indicó a los medios locales que uno de los muertos es el atacante, que comenzó a disparar en el complejo hospitalario Renown Regional Medical Center sobre las 2 de la tarde hora local (22.00 GMT). EFE/Archivo
Dos personas murieron, entre ellas el autor de los disparos, y otras dos resultaron heridas tras un tiroteo en un hospital de la ciudad de Reno, en el estado de Nevada (EE.UU.), informaron hoy las autoridades locales.
El jefe de la Policía de Reno, Tom Robison, indicó a los medios locales que uno de los muertos es el atacante, que comenzó a disparar en el complejo hospitalario Renown Regional Medical Center sobre las 2 de la tarde hora local (22.00 GMT).
Una fuerte presencia policial rodeó la zona y una hora después las autoridades aseguraron que tenían la situación bajo control tras la muerte del tirador, del que no se desconoce si se suicidó o le dispararon.
Al menos uno de los dos heridos está siendo intervenido quirúrgicamente en el mismo hospital donde ocurrió el tiroteo.
Una testigo describió al Reno Gazette-Journal que un hombre armado que entró en el hospital y tras realizar varios disparos lo abandonó hacia el exterior.
El hospital confirmó en un comunicado el tiroteo y aseguró que «la Policía ha asegurado el complejo».
El destituido alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro (c), fue registrado este viernes al dirigirese a sus seguidores desde un balcón del palacio municipal de la capital colombiana. EFE
El alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro, se reunirá este miércoles en Washington con el congresista demócrata Jim McGovern y con el secretario técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, informó hoy el despacho del gobernante.
Petro viajaría pasada la medianoche de este martes a EE.UU. para presentar su caso ante la CIDH luego de que el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, lo destituyera e inhabilitara por 15 años para ejercer cargos públicos por el supuesto mal manejo de una crisis en la recolección de basuras en Bogotá ocurrida hace un año.
El alcalde llegará en la mañana del miércoles a Washington y tras las reuniones por separado con McGovern y Álvarez se entrevistará también con el vicepresidente de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), Adam Schaeffer.
El jueves tendrá otra serie de reuniones con varios funcionarios de entidades de defensa de derechos humanos, al igual que con políticos de Estados Unidos.
Petro cerrará su visita el viernes, día en que se entrevistará con el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
El alcalde bogotano también planea reunirse con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Carlos Villegas, y con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en lugares y horas por definir.
Petro viaja a Washington tras haber sido recibido hoy por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien dejó claro que mantendrá su neutralidad ante la destitución e inhabilitación, un caso que ha generado una gran controversia en el país.
