El PSOE presentará una iniciativa para reprobar a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, si no convoca el pleno que pidieron todos los grupos, menos el PP, para que el ministro Luis De Guindos explique el nombramiento y la renuncia de José Manuel Soria al cargo de director ejecutivo del Banco Mundial.
El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, que ha acusado hoy a Pastor de haberse convertido en la «delegada del Gobierno de Rajoy en el Congreso», ha advertido que si no pone fecha a ese pleno, primero recabará el apoyo del resto de grupos para solicitarle por escrito que lo convoque y después, impulsará una iniciativa para reprobar su actitud.
Tras acusar a Pastor de «estar toreando al Congreso», Hernando ha defendido que el pleno debe convocarse el miércoles o el jueves de esta misma semana.
«No valen excusas. No es posible que Pastor haya dejado de ser la presidenta del Congreso para convertirse en la delegada del Gobierno de Rajoy en las Cortes. No lo vamos a consentir. Que no avergüence el puesto que ocupa», ha recriminado Hernando a la presidenta.
El portavoz socialista ha recordado que la mayoría de los grupos acordó el pasado jueves, en la reunión de la Junta de Portavoces, convocar un pleno para citar a De Guindos.
Horas después, Pastor comunicó que aceptaba la petición de los grupos, pero sin llegar a poner fecha a la sesión.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el pasado viernes que el ministro de Economía no acudiría al pleno, sino a la comisión, como había solicitado por iniciativa propia para hablar de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2016.
Hernando ha opinado que esta postura de Moncloa «aboca a un nuevo conflicto de atribuciones» entre el Gobierno y el Congreso, como ya se planteó ante el Tribunal Constitucional (TC) en la anterior legislatura, cuando el Ejecutivo se negó a someterse al control parlamentario por estar en funciones.
El portavoz socialista ha apremiado al TC a que resuelva este pleito al tratarse de «un conflicto de primera magnitud entre dos poderes del Estado» y que debería «ser una prioridad resolverlo lo antes posible».
«Si alguien cree que vale con el anterior, se equivoca. Hay que interponer un nuevo conflicto de atribuciones», ha sostenido Hernando, quien ha estimado necesario que antes de dar este paso, Pastor debe convocar el pleno y el Gobierno justificar por escrito los motivos por los que rechaza que De Guindos vaya al hemiciclo.
A su juicio, Pastor está tratando de «dilatar todo el procedimiento para que no sea posible» interponer un nuevo conflicto de atribuciones.
Ante la petición de los grupos de la oposición para convocar un pleno, el portavoz socialista ha subrayado que la aplicación del Reglamento del Congreso no es arbitrario. «O se cumple o no se cumple», ha remarcado.
Tras las explicaciones ofrecidas el pasado viernes en la rueda posterior al Consejo de Ministros, Hernando ha anunciado la petición para que Sáenz de Santamaría acuda al pleno del Congreso por «mofarse» de que los grupos hayan presentado hasta ahora unas 60 solicitudes de comparecencia de miembros del Gobierno sobre distintos asuntos.
A su juicio, su actitud de hacer «mofas y chanzas» es «vergonzosa» e «inaceptable» cuando los diputados «están obligados y tienen derecho» a controlar al Gobierno.
Hernando ha recordado al Ejecutivo del PP que ha perdido la mayoría absoluta y que «ya no puede hacer lo que le da la gana».
«Y es eso al PP y a Rajoy no le entra en la cabeza. El Gobierno tiene que tener muy claro que hay que respetar al Congreso y lo está pisoteando», le ha echado en cara.
El grupo socialista también ha solicitado que comparezca en el Congreso la presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, por declarar, en una entrevista en el diario digital «El Español», que la candidatura de Soria al Banco Mundial no fue «ética» y que se hizo sin concurso público. Madrid, 12 sep (EFE).-

Los acreedores de Grecia han retomado hoy en Atenas las negociaciones con el Gobierno de Alexis Tsipras sobre los flecos que quedan pendientes de la primera evaluación del rescate y de cuya aplicación depende el desembolso de un tramo de 2.800 millones de euros.
En su primer día de estancia en Atenas, los representantes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Fondo Monetario Internacional abordan temas relacionados con la lucha contra la corrupción y la creación de un superfondo de privatizaciones que sustituirá al ya existente.
La lista de requisitos previos para poder obtener los restantes 2.800 millones de euros de este segundo tramo -en mayo ya hubo un desembolso de 7.500 millones- abarca 15 puntos, de los que por ahora solo se han completado dos.
Los socios del Eurogrupo instaron la semana pasada al ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, a completar hasta finales de mes las medidas pendientes para poder cobrar hasta el 31 de octubre.
De este tramo de 2.800 millones de euros, está previsto que 1.700 millones se destinen al pago de atrasos del Estado y el resto al servicio de la deuda.
El Gobierno ha insistido en la importancia de poder devolver deudas como herramienta fundamental para insuflar aire en la economía local.
Entre los flecos que se abordarán durante esta semana figura la cesión de la propiedad de una serie de organismos de Estado al nuevo fondo de privatizaciones.
En el acuerdo de rescate figuran algunas compañías públicas, como las aguas de Atenas y de Salónica, la empresa distribuidora de electricidad y el metro de Atenas.
La privatización de las compañías de aguas figura entre los temas mas espinosos, y el primer ministro, Alexis Tsipras, recalcó este domingo que el Estado cederá solo un paquete minoritario de las acciones, para así poder garantizar que se mantiene su carácter público.
Además está pendiente la aprobación parlamentaria de la privatización del antiguo aeropuerto de Ellinikón, cedido a un consorcio formado por inversores griegos, chinos y emiratíes.
Otro punto en el que se ha producido un retraso es en la cesión al fondo de privatizaciones de las acciones públicas en la compañía telefónica OTE.
Parte esta antigua empresa pública de telefonía todavía está en manos del Estado y el resto es propiedad de Deutsche Telekom, por lo que las negociaciones dependen en parte del comportamiento de la compañía alemana.
Entre los puntos todavía pendientes figura además la eliminación de las tarifas reducidas en el seguro de enfermedad de las que gozaban algunas profesiones liberales, como médicos, abogados o ingenieros.
El Estado también deberá abolir la rebaja que existía en el pago retroactivo de cotizaciones a la Seguridad Social para personas que empezaron a contribuir tarde.
Hasta ahora una persona que, por el motivo que sea, ha empezado a cotizar tarde, puede hacerlo retroactivamente hasta un máximo de cinco años con una tarifa reducida, herramienta que utilizan muchos para no ver mermada su pensión.
Una vez completada esta serie de requisitos, Grecia pasará a una nueva etapa de las negociaciones, con la segunda revisión de este tercer rescate, cuya cuantía total puede ascender a un máximo de 86.000 millones de euros.
En esta nueva revisión que comenzará en octubre y de la que depende el desembolso de otros 6.100 millones de euros, figura uno de los temas más espinosos de toda la negociación, la reforma laboral.
El tema es controvertido incluso entre los propios acreedores, y mientras la parte europea quiere que en materia laboral se apliquen las mejores practicas europeas, el Fondo Monetario Internacional, que representa al ala mas dura, exige liberalizar los despidos colectivos y eliminar la negociación colectiva.
La negociación colectiva ya había sido abolida por el Gobierno anterior a instancias de los acreedores, pero el Ejecutivo de Tsipras quiere restaurarla.
En un discurso pronunciado el sábado en la feria de Salónica, Tsipras prometió que defenderá ante los acreedores los derechos laborales y que para ello cuenta con un «aliado inquebrantable», que es el acervo comunitario. «No podemos aceptar nada menos que eso», remachó. Atenas, 12 sep (EFE).-