El cuadro motilón se impuso 2-0 ante Llaneros y selló junto al «ciclón bananero» su tiquete de regreso al la máxima categoría del balompié nacional.
Unión Magdalena y Cúcuta Deportivo estarán en la grilla de partida de la Liga Águila I- 2019. Dos históricos que sellaron su tiquete a la máxima categoría del fútbol colombiano tras varios años negros y de anhelos frustrados.
El equipo «Motilón» se impuso 2-0 ante Llaneros y quedó en la cima del Grupo A, mientras el «Ciclón» hizo lo propio en el B. Los dos, por reclasificación, obtuvieron su pasaporte directo al ascenso a falta de que jueguen la gran final del Torneo Águila. Un trofeo en el que se jugará el honor luego de que el objetivo de ambos esté cumplido.
Los goles del encuentro fueron obra de Jhon Vásquez (49′) y Wilberto Cosme (79′). Anotaciones que gritaron con alegría desde la concentración los samarios. Hay fiesta en Santa Marta, también en Cúcuta.
Unión le pone fin a 13 largos años en la segunda división del fútbol colombiano. Aún tienen ese vívido recuerdo del título de liga de 1968.
Cúcuta, otro histórico que regresa: con el pasado nostáligo de la época dorada del club cuando fueron campeones de la liga colombiana en 2006 y un año después llegaron a semifinales de la Copa Libertadores con hombres como Blas Pérez, Macnelly Torres, Robinson Zapata y Rubén Darío Bustos.
De forma atípica, rompiendo el paradigma de los últimos años, los dos mejores equipos del todos contra todos ascendieron a primera división. Cúcuta finalizó en la cima de la tabla con 71 puntos producto de 21 triunfos, ocho empates y apenas una derrota. Tuvo un invicto de 22 jornadas, la racha más larga de un equipo en la segunda división del fútbol colombiano.
Unión fue segundo con 60 unidades, con un saldo 17 victorias, nueve empates y cuatro caídas. Ahora la responsabilidad de ambas escuadras será armar nóminas competitivas que les permitan quedarse en primera división. Regresan dos históricos: sopla el ciclón y celebran los motilones.
La oficina del Tesoro de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas el jueves contra 17 saudíes sospechosos de haber asesinado a Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul el 2 de octubre
Estados Unidos impuso el jueves sanciones económicas a 17 sauditas presuntamente involucrados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, entre ellos los principales asesores del príncipe heredero Mohamed bin Salmán.
El gobierno de Donald Trump sancionó económicamente a 17 saudita después de que, en Riad, el fiscal general saudita pidiera la pena de muerte para cinco funcionarios acusados en el caso, pero eximió de culpa al príncipe heredero, conocido como «MBS».
El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que los 17 funcionarios sauditas fueron sancionados por su participación en «el aborrecible asesinato» de Khashoggi.
«Estas personas que atacaron y mataron brutalmente a un periodista que residía y trabajaba en Estados Unidos deben enfrentar consecuencias por sus acciones», dijo en un comunicado.
La decisión de Washington tiene lugar en medio de la ira generalizada de los aliados de Arabia Saudita por el asesinato y desmembramiento de Khashoggi, ocurrido el 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul.
Khashoggi, de 59 años, era un periodista saudí que escribía para el Washington Post y otros medios internacionales. Se había convertido en uno de los principales críticos de «MBS», el hijo del rey Salmán bin Abdulaziz.
Entre los 17 sancionados están Saud al Qahtani y Maher Mutreb, asistentes muy cercanos del poderoso príncipe, y Mohamed Alotaibi, quien era el cónsul general en Estambul cuando Khashoggi fue asesinado.
El Tesoro de Estados Unidos dijo que Qahtani, mano derecha del príncipe Mohamed, «fue parte de la planificación y ejecución de la operación» para matar a Khashoggi.
Pero no apuntó al príncipe heredero, quien el gobierno saudita insistió en que no ordenó el asesinato.
Las sanciones, enmarcadas en la Ley Magnitsky, que castiga a personas señaladas de incurrir en actos de corrupción o involucradas en violaciones a los derechos humanos, congelan los activos que los 17 funcionarios tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos y prohíben a personas o empresas estadounidenses hacer negocios con ellos.
(Ver más: Líderes mundiales escucharon grabaciones del asesinato del periodista Khashoggi)
Bajo fuerte presión de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Turquía, Ríad admitió que Khashoggi fue asesinado en el consulado en Estambul y dijo que castigaría a los involucrados.
La oficina del fiscal general saudita anunció más temprano que 21 personas habían sido puestas bajo custodia y que se habían presentado cargos contra 11 de ellos. Cinco pueden ser ejecutados por el asesinato, según el fiscal.
Mnuchin dijo que Washington seguiría exigiendo a Ríad que se haga justicia en el caso.
«Estados Unidos continúa trabajando diligentemente para determinar todos los hechos y responsabilizará a cada uno de los que consideremos responsables», afirmó.
«El gobierno de Arabia Saudita debe tomar las medidas adecuadas para poner fin a cualquier ataque a los disidentes políticos o periodistas», dijo Mnuchin.
Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Joaquín Guzmán Loera, llegando al juzgado federal de Brooklyn.
Jesús «Rey» Zambada, de 57 años, dijo que el Chapo era «el principal» líder del cartel de Sinaloa junto a su hermano Ismael «Mayo» Zambada, co-fundador de esa organización criminal, que está prófugo y a quien la defensa del Chapo señala como el verdadero jefe.
Contador y empleado por el cartel durante dos décadas hasta su arresto en el 2008, el Rey está en custodia de Estados Unidos.
Durante varias horas, relató al jurado el sofisticado funcionamiento del cartel de Sinaloa, incluidas sus «inversiones de capital» en Colombia, que hacían en pequeños grupos y a medias con los colombianos.
El Chapo y sus socios llenaron el vacío que dejó la aprobación final de la extradición en Colombia en 1997. Fue entonces que los narcos colombianos comenzaron a tercerizar su negocio para llegar a Estados Unidos.
«El principal al lado» del Mayo Zambada «era el Chapo», dijo el Rey al jurado.
Sobornos
El Rey, que controlaba la actividad del cártel en Ciudad de México, contó que pagaba personalmente sobornos al comandante de la Procuradoría General de la República (PGR) en la capital mexicana, a la policía federal de caminos que maneja también puentes y aeropuertos, a la policía judicial federal, estatal y municipal y «a Interpol también».
«Los sobornos para funcionarios en Ciudad de México eran unos 300.000 dólares por mes», contó al jurado Zambada, de 57 años, que vestía traje de presidiario azul y camiseta naranja.
Zambada dijo que también pagó aproximadamente en 2004 un soborno de 100.000 dólares al general Toledano, a cargo del estado de Guerrero, a pedido del Chapo.
«Yo iba a importar cocaína de Colombia por el estado de Guerrero, platiqué de esto con el Chapo Guzmán Loera y con mi hermano Mayo, y el Chapo me dijo ‘ahí está el general Toledano, es amigo mío, vaya a verlo y dele 100.000 dólares de mi parte'», contó el Rey.
«Se los mandaba regalar, y me dijo que lo saludara y le mandara un abrazo», agregó.
El Chapo, de traje oscuro y corbata, escuchó con atención el veredicto de su exaliado y hoy colaborador del gobierno estadounidense, que comenzó el miércoles de tarde y debe continuar todo el día.
«Miles de millones» en ganancias
El Rey relató que recibían la droga en lanchas rápidas, barcos pesqueros, aviones o incluso contenedores comerciales, y enviaban luego «el 100%» a Estados Unidos.
De las bodegas donde Zambada recibía y almacenaba la droga en Ciudad de México salían unas 80 a 100 toneladas anuales de cocaína a Estados Unidos.
Esos envíos generaban «miles de millones de dólares» que los narcos colombianos y mexicanos se repartían a medias, dijo Zambada.
El Chapo, vestido de traje oscuro y corbata, lo escuchó atento y a veces tomaba notas que pasaba a uno de sus abogados. Otras veces, fijaba la mirada en su joven esposa Emma Coronel, de 29 años, sentada en la sala.
Extraditado a Estados Unidos hace 22 meses, el Chapo es acusado de enviar más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos a lo largo de 25 años. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.
Control del aeropuerto
El Rey contó que fue durante años el líder del cartel de Sinaloa en Ciudad de México y que controlaba su aeropuerto y «a las autoridades» para otorgar protección a los narcos y su contrabando.
Su trabajo inicial fue establecer un sistema contable de las ventas en Estados Unidos, pero luego pasó a contar la droga que llegaba a tres depósitos de la capital mexicana e iniciar su transporte a la frontera con Estados Unidos, en general en camiones de transporte de gas.
El precio de la droga iba subiendo al acercarse al norte, afirmó. En Colombia, un kilo de cocaína costaba unos 3.000 dólares, en México de 10.000 a 13.000, en California 20.000, en Chicago más de 25.000 y en Nueva York hasta 35.000, sostuvo.
Por una inversión de 45 millones de dólares entre cinco narcos, restando los costos operativos del envío, las ganancias aproximadas eran de 195 millones en Los Angeles, 240 millones en Chicago y 390 millones en Nueva York, calculó Zambada, que también invirtió personalmente en el negocio, comprando hasta tres toneladas.
Contó que una vez el Chapo invirtió «una proporción pequeña» en una de sus importaciones de droga colombiana, y que su hermano y el Chapo solían invertir juntos en embarques de unas seis toneladas y se repartían a medias las ganancias.
Un narco colombiano, Juan Carlos «Chupeta» Ramírez, utilizaba barcos pesqueros para traer hasta 30 toneladas de cocaína desde Colombia a México, a pedido del Chapo y los otros grandes líderes del cartel: el Mayo, Amado Carrillo Fuentes y Juan José «Azul» Esparragoza.
Pero una vez, en 1994, «la tripulación se imaginó que los iban a interceptar y hundieron el barco», contó. El Mayo contrató entonces a buzos de aguas profundas y logró recuperar todo el contrabando.
La fiscalía mostró al jurado un organigrama de la jerarquía del cartel de Sinaloa con el Chapo, el Mayo, el Azul y Carrillo Fuentes a la cabeza, así como esquemas de los precios, mapas y fotos de los capos. El testimonio del Rey Zambada continuará el jueves.
Túneles y testigos «mentirosos»
El primer testigo del gobierno fue el miércoles Carlos Salazar, un agente de aduanas retirado que descubrió en mayo de 1990 un túnel atribuido al Chapo para trasladar drogas entre Agua Prieta, en México, y Douglas, en Arizona, donde el gobierno estadounidense incautó más de 929 kilos de cocaína.
Le siguió el testimonio de un químico forense retirado que trabajó para la DEA, que certificó la pureza de esa cocaína en 99%.
Su abogado Jeffrey Lichtman calificó de «degenerados» y «mentirosos» a los exsocios o rivales del Chapo que cooperan con el gobierno.
Además del Rey Zambada mencionó entre otros a Miguel Angel Martínez, exmano derecha del Chapo, a quien según Lichtman «se le cayó la nariz» de consumir tanta cocaína, y a César Gastelum Serrano, un narco colombiano que dijo sobornó a candidatos presidenciales en Guatemala y a un expresidente de Honduras.
. Prosper Niyonzima, exresidente permanente de Canadá, presentó una demanda por $65 millones de dólares contra el gobierno canadiense por presuntas violaciones de sus derechos
Por Vilma Filici / filici@filici.com
Prosper Niyonzima, exresidente permanente de Canadá, presentó una demanda por $65 millones de dólares contra el gobierno canadiense por presuntas violaciones de sus derechos, según la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, por no proporcionarle la atención médica que necesitaba mientras estaba en detención migratoria.
Niyonzima llegó a Canadá cuando tenía 13 años tras haber sido adoptado por su tía, quien había venido al país como refugiada. A los 11 años Niyonzima fue testigo de la captura, golpiza y asesinato de miembros de su familia, además de haber tenido que lidiar con la muerte de su madre y de tres hermanos durante el genocidio en Ruanda. En 1995 se convirtió en residente permanente de Canadá.
Niyonzima tiene ahora 36 años, y es importante notar que ha vivido más años en Canadá que en su país de origen, Burundi. Ha estado en Canadá por 23 años y sólo pasó los primeros 13 años de su vida en su país de nacimiento.
De joven en Canadá, Niyonzima cometió una serie de delitos. Más tarde se determinó que la causa de su conducta delictiva era el trastorno de estrés postraumático por los horrendos actos que presenció cuando era niño en Ruanda. Para el año 2001, cuando Niyonzima era ya un adulto joven pues tenía 19 años, tenía antecedentes penales en Canadá y había estado en prisión por varios delitos. Sus crímenes incluyen robos en viviendas, asaltos y tráfico de drogas.
En el 2005, a la edad de 23 años, Niyonzima recibió la orden de ser deportado de Canadá. Pero, por razones de humanidad y compasión se le dio un indulto de su deportación durante cinco años, ya que regresaría a un país donde no tenía familia y donde ni siquiera podía hablar el idioma.
Niyonzima conoció a una mujer poco después y tuvieron una hija en el 2009, pero desafortunadamente cometió otro crimen en Canadá y fue encarcelado. Fue tratado por psiquiatras y diagnosticado en ese momento con un trastorno de estrés postraumático debido a haber presenciado la masacre de su familia cuando era niño.
En el 2012, a pesar de su diagnóstico y del hecho de que había venido a Canadá cuando era niño y que no tenía familia ni conexión con su país de origen, Niyonzima fue encerrado en un centro de detención de inmigración canadiense y perdió su residencia permanente en Canadá. Estuvo detenido durante casi cinco años esperando la deportación hacia Burundi.
Mientras se encontraba en detención migratoria, Niyonzima fue recluido en régimen de aislamiento durante dos años completos. El confinamiento solitario resultó en que sufrió una crisis mental y se convirtió en catatónico. Alega que, mientras estuvo en régimen de aislamiento, se le negó la comida, la ropa, la atención médica, el tiempo de patio y la higiene personal adecuados.
Cuando fue trasladado a una penitenciaría recibió descargas eléctricas para tratar su condición. Esto lo dejó sin poder hablar durante tres años. Debido a su estado, perdió la custodia de su hija quien desde entonces ha sido adoptada.
Mientras estuvo detenido, Niyonzima fue programado para su expulsión de Canadá tres veces, pero cada vez su deportación fue suspendida por el Tribunal Federal. Su deportación se detuvo sobre la base de que había progresado en el tratamiento de sus problemas de salud mental, que fueron la causa fundamental de su criminalidad en Canadá.
En el 2016, Niyonzima fue dejado en libertad y es supervisado por un equipo de médicos y psiquiatras. Desde entonces, ha recibido un permiso de residencia temporal de cinco años, después de los cuales puede solicitar su residencia permanente si no tiene más problemas con la ley.
Durante su detención, a Niyonzima se le negó atención de salud mental. Hay que tener en cuenta que su trauma era preexistente debido a las cosas horrendas de las que fue testigo como niño durante el genocidio en Ruanda en 1994. Además, el abogado de Niyonzima afirma que había cesado sus actividades delictivas en Canadá una vez que comenzó a recibir atención psiquiátrica.
Mientras se encontraba en detención migratoria Niyonzima tuvo cerca de 60 revisiones para su liberación. Y a pesar de haber tenido tres suspensiones de deportación por parte del tribunal federal de Canadá, la División de Inmigración y los jueces ordenaron continuar con su detención a pesar del hecho de que era catatónico y que necesitaba atención médica. 60 veces en cinco años la División de Inmigración tuvo la oportunidad de corregir un error que se había cometido con un residente permanente de Canadá, y cada vez optó por no hacer lo correcto.
Niyonzima es víctima de “Double Jeopardy”, un término usado para describir el tratamiento de los residentes permanentes que han sido condenados por criminalidad en Canadá. Porque en Canadá, si un ciudadano canadiense o un residente permanente es condenado por un delito, ambos enfrentan consecuencias con la ley.
Un ciudadano canadiense puede servir su tiempo y una vez que su deuda con la sociedad es pagada, puede continuar viviendo su vida en Canadá. Pero un residente permanente, por otro lado, paga sus crímenes dos veces ya que después de pagar su deuda con la sociedad puede perder su residencia en el país, como fue el caso de Niyonzima.
Niyonzima está buscando $50 millones en daños generales y $15 millones en daños agravados. Su abogado, Subodh Bharati, afirma que se violaron sus derechos en virtud de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá y desea una admisión del gobierno federal que indique que efectivamente sus derechos fueron violados.
Niyonzima vino a Canadá como un niño huérfano. En Canadá se convirtió en residente permanente y posteriormente se le diagnosticó un trastorno de estrés postraumático. Cometió crímenes en Canadá cuando era joven debido a su condición médica, pero pagó por sus malas acciones. Mientras estuvo en detención migratoria sufrió un gran abuso de sus derechos y se le negó atención médica.
Bajo la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, incluso los no ciudadanos tienen garantizados algunos de los mismos derechos que los ciudadanos en Canadá. Niyonzima tiene derecho a la igualdad y el derecho a un trato justo. Se le negaron todos estos derechos cuando estuvo detenido durante cinco años y en régimen de aislamiento donde se le negó también la atención médica que necesitaba. Ha habido un reporte en el cual se habla de estos problemas con la división de inmigración de Canadá y se esperan cambios en un futuro.
Por el momento y porque se acercan las fiestas de fin de año y a muchos nos gusta divertirnos y tomarnos un trago, es importante recordar que a partir de diciembre el conducir un vehículo en estado de ebriedad o afectado por drogas pasa a ser un delito serio que pondría al residente permanente en la misma situación que a Niyonzima. Un residente permanente puede perder su residencia.
Fox News dijo el miércoles que se unirá a la cadena rival CNN en su batalla legal para que la Casa Blanca reintegre la acreditación al periodista Jim Acosta, pues las credenciales de prensa «nunca debe utilizarse como un arma».
Fox, que ha sido objeto de elogios del presidente Donald Trump, consideró que revocar una acreditación plantea preocupaciones sobre la libertad de prensa.
«Fox News apoya a CNN en su esfuerzo legal para recuperar la acreditación de prensa de su periodista en la Casa Blanca», señaló su presidente, Jay Wallace, en un comunicado.
Agregó que la cadena tiene la intención de presentar un recurso en apoyo a CNN ante la corte, porque «las acreditaciones que proporciona el Servicio Secreto para trabajar en la Casa Blanca nunca deberían utilizarse como un arma».
«Mientras no consentimos el creciente tono antagónico tanto por parte del presidente y la prensa (…), sí apoyamos una prensa libre y el acceso e intercambio abierto para el pueblo estadounidense».
La selección Sub-17 femenina de Canadá enfrenta hoy a su similar de Colombia, en el Campeonato Mundial de la categoría, en Uruguay.
Los dos oncenos se enfrentarán, por el grupo D del torneo mundial del cual también hacen parte España y Corea del Sur.
Antes de su debut en el campeonato las chicas canadienses jugaron un amistoso ante Estados Unidos.
El partido se jugará desde las 5:00 de la tarde en el Estadio Charrúa, de Montevideo. El segundo encuentro será el sábado ante Corea del Sur y cerrará contra España la primera fase el miércoles 21,
Por su parte las colombianas, en la categoría sub 17 femenina han participado en tres Mundiales, los de Nueva Zelanda 2008, Azerbaiyán 2012 y Costa Rica 2014, en los que ha jugado nueve partidos con un saldo de una victoria, dos empates y seis derrotas, nueve goles a favor y 18 en contra.
El ministro de finanzas, Vic Fedeli, se disculpó en el parlamento luego de llamar «idiota» a Sara Singh, líder adjunto del NDP.
El comentario se dio en un momento acalorado en el parlamento en el que Fedeli respondía a una pregunta sobre las tiendas de marihuana de Ontario y las empresas privadas que manejan el negocio en la provincia.
La líder adjunta del PND en Onatario, Sara Singh
«¿Por qué el primer ministro no nos dice quién está administrando las tiendas privadas de venta de Marihuana en la provincia y cómo se adjudicaron esos contratos?», fue la pregunta de la líder adjunta del PND, Sara Singh.
La respuesta de Fedeli aumentó la temperatura de la discusión. El ministro planteó un insulto diciendo que el NDP no «entiende cómo funcionan los negocios» antes de responder que las operaciones diarias del OCS no se divulgarán por razones de seguridad.
«Así es como funcionan los negocios», dijo Fedeli en voz alta en la legislatura.
Segundos más tarde, cuando estaba tomando asiento, la voz de Fedeli quedó claramente grabada en el micrófono de su escritorio cuando llamó a Singh “idiota».
Por su parte la líder el NDP expresó su decepción del insulto «mezquino» del ministro y afirmo que la manera como se están manejando las cosas en el gobierno provincial es «preocupante».
«A menudo recurren a insultos personales cunado alguna pregunta les incomoda «, dijo Singh a los periodistas.
Luego del incidente, como ya es evidente “la doble moral” el ministro, Fedeli retiró el comentario, y ofreció una disculpa en la legislatura.
La producción de crudo de Venezuela siguió cayendo en octubre hasta 1.171.000 barriles por día (mbd), un 3,3% menos que en septiembre, según un reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El informe, basado en fuentes secundarias del sector, da cuenta de un retroceso de 39% frente al bombeo promedio de 2017 (1.911.000 mbd).
La OPEP no incluyó las cifras que le suministra el gobierno venezolano, que en septiembre ubicaba la producción en 1.434.000 mbd.
Ese volumen ya era el más bajo de las tres últimas décadas, excluyendo la caída registrada por una huelga del sector entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Las fuentes situaron el bombeo en septiembre en 1.211.000 mbd.
Los actuales niveles, además, son peores al piso de marzo de 1950, cuando el país produjo 1,38 mbd, según cifras de la estatal venezolana PDVSA citadas por la consultora Capital Market.
La consultora Ecoanalítica estima que la producción podría caer a 500.000 barriles diarios en 2019, frente a 3,2 millones de 2008.
El gobierno de Nicolás Maduro puede verse en una situación de «impagos frente a países aliados, especialmente China», opina el presidente de Econoanalítica, Asdrúbal Oliveros.
Venezuela, que obtiene 96% de sus ingresos del petróleo y depende de las importaciones, le debe a China unos 20.000 millones de dólares pagaderos principalmente con crudo.
En septiembre, Maduro se comprometió en Beijing a aumentar en un millón de barriles diarios la producción que destina al país asiático, para lo que se requieren inversiones por unos 5.000 millones de dólares.
Venezuela soporta una aguda crisis con cinco años de recesión, y una inflación proyectada por el FMI en 1.350.000% para 2018 y 10.000.000% en 2019.
La merma en la renta petrolera, sumada al control cambiario, produce escasez de todo tipo de bienes básicos y alienta un mercado negro del dólar frente al cual el bolívar se devalúa sin freno.
Aunque atribuye la crisis a un complot para derrocarlo, el gobierno reconoce que el derrumbe petrolero se debe a malos manejos y la corrupción en la estatal PDVSA, y a menores inversiones en infraestructura.
También achaca los problemas a sanciones de Estados Unidos que impiden a la petrolera negociar nueva deuda en ese país. PDVSA fue declarada en default parcial a fines de 2017 por pagos atrasados de bonos de deuda.
Sin embargo, especialistas aseguran que la debacle se debe al uso de PDVSA por parte del gobierno para financiar un enorme agujero fiscal.
Varios ataques perpetrados por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Cesar, dejaron en la madruga del lunes cinco heridos y dos vehículos incinerados, informaron este sábado fuentes oficiales.
Según un comunicado del Ministerio de Transporte, «en la madrugada de hoy se presentaron dos hechos en el tramo tres de la Troncal del Magdalena Medio, en el municipio de Curumaní, Cesar, que generaron daños a la infraestructura que ya están siendo reparados por el Instituto Nacional de Vías».
Las primeras versiones indican que un grupo de guerrilleros salió al sector conocido como «La Mata», en la carretera que comunica a Bogotá con la costa Atlántica y realizó un retén ilegal.
Las autoridades de la zona precisaron que en esa área se presentaron combates entre tropas de la Brigada 10 del Ejército contra el frente Camilo Torres Restrepo del ELN.
El Ministerio explicó que en un tramo de la vía, cerca al municipio de Curumaní, «miembros del ELN detuvieron un bus intermunicipal y obligaron a los pasajeros a bajar del automotor, hecho en el que resultaron cinco civiles heridos, que ya se encuentran fuera de peligro»
Una situación similar se presentó con otro autobús y un tractocamión en el corregimiento de Besotes, que hace parte del municipio de La Gloria.
Testigos de los hechos aseguraron a medios locales que los guerrilleros incineraron un camión de la compañía Bucanero y un autobús de la empresa Brasilia.
Asimismo, pintaron con aerosol otros automotores, incluida una ambulancia, y en el kilómetro 85 de esa vía dinamitaron parte del puente Quebrada Seca.
«El cobarde acto de esta mañana puso en peligro la vida de nuestra familia transportadora, pero además atentó contra la vida de 10 menores que transitaban en un bus intermunicipal», denunció por su parte en su cuenta de Twitter la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.
El abogado del capo narco mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán Loera, cuyo proceso comenzó este martes en una corte de Nueva York, aseguró que el cartel de Sinaloa pagó millonarios sobornos al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor Felipe Calderón.
El abogado Jeffrey Lichtman le aseguró al jurado que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa es su co-acusado Ismael «Mayo» Zambada, que nunca pasó un día en prisión y sigue prófugo, y que ha pagado «al actual y al anterior presidente de México (..) millones de dólares en sobornos».
Eduardo Sánchez, vocero del actual presidente, Enrique Peña Nieto, calificó de «falsas y difamatorias» las acusasciones de la defensa del que fuera el capo más buscado en Estados Unidos.
la funcionaria publico en su cuenta de Twitter, aseguró que fue el actual gobierno en el que encarceló y extraditó a el Chapo.
El ex presidente Felipe Calderón respondió a los dichos del abogado del Chapo Guzmán en su cuenta de Twitter: «Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona»
