Un escándalo político divulgado por la ex ministra de Justicia ante un comité parlamentario, parase nublar el camino a la reelección del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El miércoles 27 de febrero, durante casi cuatro horas de testimonio ante la comisión de justicia de la Cámara de los Comunes canadiense, la ex ministra Jody Wilson-Raybould contradijo en varias ocasiones las aseveraciones de Trudeau de que ni él ni su personal actuaron indebidamente al intentar que la fiscalía alcanzara un acuerdo fuera de tribunales con la empresa SNC-Lavalin, compañía multinacional de construcción e ingeniería con sede en Montreal.

Wilson-Raybould describió a detalle diez reuniones, diez conversaciones y una serie de intercambios por correo electrónico que tuvo con funcionarios de alto nivel del gobierno sobre el caso en contra de SNC-Lavalin. En un momento, Wilson-Raybould, también ex fiscal general, testificó que le preguntó directamente a Trudeau: «¿Estás interfiriendo políticamente con mi papel, mi decisión en la fiscalía? Realmente no lo aconsejo».

El día después de sus declaraciones las redes sociales y medios en Canadá seguían dándole vuelo a lo dicho. Andrew Scheer, líder de la oposición del Partido Conservador en el parlamento, exigió que Trudeau renuncie y pidió abrir una investigación por obstrucción de justicia.

Trudeau busca la reelección a finales del año; ahora deberá responder al llamado para que renuncie y a las demandas de que haya una pesquisa pública independiente. La Cámara de los Comunes debatió de emergencia el tema el jueves por la noche y el comisionado de ética del parlamento ya está revisando las acusaciones.

El primer ministro ha reconocido que él y otros integrantes de su gobierno hablaron con Wilson-Raybould sobre alcanzar un acuerdo en el caso contra SNC-Lavalin, acusada de pagar millones de dólares en sobornos a oficiales de Libia cuando el país era gobernado por el dictador Muamar Gadafi. Sin embargo, Trudeau ha negado haber actuado de manera indebida.

El acuerdo con la fiscalía habría resultado en el pago de una multa y en que la compañía evitara una condena criminal; esta conlleva la prohibición de hacer trabajos para el gobierno durante una década. La empresa quizá habría sacado sus operaciones de Canadá o recortado miles de trabajos, sobre todo en Quebec.

Trudeau rechazó la aseveración de Wilson-Raybould de que en sus conversaciones con funcionarios estos cometieron «interferencia política» por medio de «amenazas veladas».

«Los canadienses esperan que su gobierno busque maneras de proteger los trabajos, de hacer crecer la economía; eso es exactamente lo que hicimos a cada paso del camino», les dijo Trudeau a reporteros el 28 de febrero. «Pero también lo hicimos de maneras que respetan la ley y la independencia del poder judicial».

Trudeau predijo que eso opinarán también la comisión de justicia parlamentaria, controlada por el Partido Liberal oficialista, así como el comisionado de ética, cuyo papel solo le permite monitorear posibles conflictos de interés.

Sin embargo, analistas consultados comentaron que será difícil para Trudeau evitar una investigación independiente.

«Aunque el gobierno no quiere someterse a semanas de escrutinio intenso, no permitirlo se ve muy mal», dijo Emmet Macfarlane, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Waterloo, en Ontario.

«Si esto se alarga, ¿cómo evitan un proceso que potencialmente concluiría que este tipo de cosas turbias pasa todo el tiempo a puerta cerrada en el gobierno?», añadió Macfarlane.

John Duffy, ex asesor en otro gobierno del Partido Liberal, indicó que aunque Wilson-Raybould acusó a Trudeau y a sus asesores de actuar indebidamente, reconoció en su propio testimonio que nadie que intentó presionarla en el caso SNC-Lavalin lo hizo en contravención de leyes y que ella buscó darle a entender a la gente que el sistema judicial no es parcial.

«No quiero hacer parecer que este es un ejemplo de libro de texto sobre cómo las cosas deben suceder», dijo Duffy, al añadir que Wilson-Raybould al final no pactó fuera de tribunales con SNC-Lavalin y que el proceso judicial continúa. «Pero esto es el estilo de gobernanza», afirmó Duffy.

Sin embargo, los opositores no comparten esa opinión; han presentado el caso como uno en el que varios hombres quisieron presionar a una mujer que pretendía mantener la independencia judicial.

Norman Spector, quien fuera jefe del personal para el ex primer ministro Brian Mulroney, dijo que la mayoría de la gente seguramente piensa en la historia como «una trama simplista de liberales que ayudaron a su empresa amiga de Quebec».

«Tienen sospechas de que el sistema fue amañado», añadió Spector, quien hace poco fue asesor del Partido Verde en Columbia Británica.

Spector dijo creer que Trudeau va a resistirse a que haya una investigación, aunque indicó que el primer ministro ya parece haberse retirado de otras posturas con respecto a la polémica.

Por ejemplo, la mayoría liberal de la comisión de justicia había dejado a Wilson-Raybould fuera de la lista de testigos convocados a las audiencias, y después la añadió.

Gerald Butts, buen amigo de Trudeau que renunció como asesor el 18 de febrero pasado debido a la controversia, le había pedido a la comisión que lo llamaran a él como testigo.

En enero Wilson-Raybould fue movida del Departamento de Justicia canadiense al de Asuntos de Veteranos, algo ahora considerado como castigo por su resistencia a archivar el caso SNC-Lavalin. En febrero renunció por completo al gabinete sin dar razones.

Trudeau comentó el 28 de febrero que están revisando el estatus de la ex fiscal como parte de la bancada liberal en el parlamento; Wilson-Raybould sigue siendo legisladora por un distrito en Vancouver.

Varios liberales han dicho en privado que los integrantes de la bancada quieren sacarla, pero que temen que esa acción se politice y que haga de ella una mártir política.

«Si yo aconsejara al primer ministro, dudaría mucho en recomendar que tome esta acción de expulsarla», dijo Macfarlane, el profesor de Waterloo.

El Departamento de Justicia de Canadá autorizó el inicio del juicio de extradición para Meng Wanzhou, CFO de Huawei, quien es solicitada por Estados Unidos.

La pelea entre Huawei y Estados Unidos tiene un nuevo capítulo. El gobierno de Canadá autorizó el proceso de extradición de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei (CFO), quien se encuentra bajo arresto domiciliario en este país.

El Departamento de Justicia de Canadá dijo en un comunicado que emitieron una autoridad para proceder, comenzando formalmente la extradición de Wanzhou a los Estados Unidos.

La primera sesión está programada para 6 de marzo, en donde se definirá la fecha para la audiencia inicial.

Para evitar malos entendidos, el gobierno canadiense dijo que una audiencia de extradición no es un juicio, ni da un veredicto de culpabilidad o inocencia. El Departamento de Justicia se mostró satisfecho ya que «existe suficiente evidencia como para presentarla ante un juez de extradición para que tome una decisión».

Expertos legales aseguran que el proceso podría durar años antes de determinar si Wanzhou es enviada a Estados Unidos, ya que la acusada tiene posibilidad de apelar las decisiones. También se ha dicho que esto dañaría todavía más las relaciones que existen entre China y los dos países de América del Norte.

Meng Wanzhou fue arrestada el pasado 1 de diciembre en Vancouver, a petición de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump acusa a Huawei de violar sanciones comerciales contra Irán. La hija de Ren Zhengfei, fundador de Huawei, habría usado la empresa china Skycom Technologies para realizar negocios en Irán.

Hace unas semanas que el gobierno Chino se manifestó en contra del arresto de Wanzhou y acusó al gobierno de Estados Unidos de tener intenciones políticas en este caso. Huawei fue señalada por las autoridades estadounidenses, quienes presentaron cargos criminales por robo de secretos comerciales y violación de sanciones económicas y comerciales impuestas por Washington.

Ren Zhengfei ha dicho que Estados Unidos no puede aplastarlos. El fundador de Huawei reveló en una entrevista a BBC que el mundo no puede dejarlos porque son más avanzados y que si EE.UU. no confía en ellos, pueden invertir en otros países.