El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que están «enfrentando y desactivando» un plan golpista en alusión al pronunciamiento hecho por el presidente interino Juan Guaidó.
Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República… 1/2
A través de Twitter, Rodríguez llamó al pueblo a mantenerse en alerta máxima para «derrotar el intento de golpe y preservar la paz».
«Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República», indicó el ministro.
Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, rechazó el “movimiento golpista”.
“Los seudo líderes políticos que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la ciudad para crear zozobra y terror”, señaló en Twitter.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha pedido un levantamiento militar, en un video filmado en La Carlota, una base aérea de Caracas que lo muestra rodeado de soldados y acompañado por el activista detenido Leopoldo López.
En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt
En el video de tres minutos realizado el martes temprano, Guaidó dijo que los soldados que salieron a las calles actuarían para proteger la constitución de Venezuela. Hizo los comentarios un día antes de un planeado mitin antigubernamental.
«El momento es ahora», dijo, mientras su mentor político López y varios soldados fuertemente armados respaldados por un solo vehículo blindado observaban.
“Pueblo de Venezuela, es necesario que salgamos juntos a la calle, a respaldar a las fuerzas democráticas y a recuperar nuestra libertad. Organizados y juntos movilícense a las principales unidades militares. Pueblo de Caracas, todos a la Carlota” dijo Guaidó en Twitter.
El líder opositor venezolano Leopoldo López fue liberado este martes de su prisión domiciliaria por militares opositores y se plegó al anuncio del presidente interino Juan Guaidó del lanzamiento de la Operación Libertad para «poner fin a la usurpación» del poder por parte del chavismo en Venezuela.
«He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe», indicó López desde su cuenta de Twitter, que utilizó por primera vez desde el 17 de septiembre de 2017.
Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe pic.twitter.com/Awm6P09ZM0
López se encontraba desde el 2014 cumpliendo una condena de 13 años y 9 meses, acusado de incitar a la violencia durante una serie de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en ese mismo año.
En 2017 recibió la prisión domiciliaria y fue trasladado a su hogar, donde se encontraba desde entonces con prohibición de expresarse en público.
Poco antes de su liberación, el presidente interino designado por la Asamblea Nacional en desafío al régimen de Maduro, Juan Guaidó, había anunciado el inicio de la «fase final de la Operación Libertad» para iniciar el «fin de la usurpación» de poder del chavismo.
Guaidó y López se mostraron junto a un grupo de militares opositores, identificados por una banda azul en el brazo, y convocaron a una movilización hacia la base aérea La Carlota en Caracas, capital venezolana.
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El jefe del grupo Estado Islámico, Abu Bakr al Bagdadi, apareció por primera vez en cinco años en un video de propaganda difundido este lunes por la organización yihadista.
Por el momento no se dio a conocer la fecha en la cual fue grabado este video, pero Abu Bakr al Bagdadi, jefe del «califato» yihadista autoproclamado en el 2014, declaró «la batalla por Baghuz ahora terminó», en referencia al reducto del grupo ultrarradical en el este de Siria, que perdieron el 23 de marzo del 2019.
«La batalla de Baghuz terminó y en ella fue evidente la barbaridad de los cruzados contra la nación musulmana, al mismo tiempo que fue evidente la paciencia y coraje de la nación musulmana, lo cual arrancó el corazón de los cruzados», dice el líder que no mira a la cámara sino que se dirige a sus acompañantes.
El autorpoclamado «califa» aparece sentado en el suelo, sobre unos cojines y con las piernas cruzadas, con una larga barba sin recortar y la cabeza cubierta por un pañuelo negro, y a su lado se puede ver un rifle apoyado en la pared de una habitación en la que se encuentran otros hombres no identificados.
El terrorista insistió en que las operaciones del Estado Islámico contra Occidente formaban parte de una «larga batalla», y que el grupo yihadista se «vengaría» de los miembros que fueron asesinados.
Asimismo, agradeció los sacrificios de todos los «mártires» que murieron en esa y en otras batallas, y aseguró que el Estado Islámico ha realizado un total de 92 operaciones en ocho países, sin especificar cuándo.
Esas «conquistas» fueron una «venganza a los hermanos del Levante» (Medio Oriente) y «reafirman la unidad en las filas de los yihadistas, su determinación y conciencia de lo que exige la lucha y su entendimiento de la realidad que viven», destacó.
«Vendrá más después de esta batalla «, dijo.
Los combatientes del Estado Islámico «entienden que la batalla contra los enemigos es una batalla de desgaste», agregó Al Bagdadi, por lo que les aconsejó que «ataquen a sus enemigos y los desgasten a todos los niveles».
En este sentido, dio su «bendición» al juramento de lealtad al Estado Islámico por parte de «los hermanos de Mali y Burkina Faso», a los que les pidió que «intensifiquen sus ataques contra la Francia cruzada y sus aliados, y que venguen a sus hermanos en Irak y el Levante».
Abu Bakr al Bagdadi, de 47 años, tenía una larga barba gris que parecía teñida con henna y hablaba lentamente, a menudo deteniéndose durante varios segundos en medio de sus oraciones.
Apareció por primera y última vez en público en Mosul en el 2014, donde declaró un «califato» islámico en las franjas de territorio del Estado Islámico que luego controlaron en Siria e Irak.
Desde entonces fue dado por muerto o herido en varias oportunidades.
En el video del lunes se le ve conversando con otros supuestos combatientes, cuya cara ha sido desdibujada por la productora del vídeo, Al Furqan, y que visten túnicas y pañuelos típicos de distintos países árabes, los cuales le presentan algunos documentos, que parecen referirse a las distintas actividades o provincias que integran el Estado Islámico.
Su último audio de voz dirigido a sus seguidores fue divulgado en agosto, ocho meses después que Irak anunció la derrota del Estado Islámico.
Jason Kenney, derecha, y el líder del Partido Conservador federal, Andrew Scheer,
Cuando solo faltan seis meses para las elecciones federales, una nueva encuesta sugiere que la popularidad de Justin Trudeau su gobierno y su partido se sigue cayendo en la opinión pública.
Según la encuesta de Leger, llevada a cabo del 18 al 22 de abril para The Canadian Press, solo el 27% de los encuestados votaría por los liberales, 13 puntos por debajo de los conservadores, quienes, consiguieron el 40 por ciento de aprobación de los encuestados. Es decir que si las elecciones se celebraran mañana los conservadores ganarían la mayoría de los escaños en la Cámara de los Comunes.
Los Tories lideraron en todas las regiones excepto en Quebec, donde los liberales disfrutaron de una ventaja de ocho puntos con un 31 por ciento de apoyo; Los conservadores y el bloque quebequense estaban empatados en un 23 por ciento.
A nivel nacional, el PND conto con un apoyo del 12 por ciento, un punto por delante del Partido Verde; El nuevo Partido Popular de Canadá de Maxime Bernier registró solo el tres por ciento.
Solo el 30 por ciento de los encuestados dijo que estaba muy o algo satisfecho con el gobierno de Trudeau, mientras que el 65 por ciento dijo que estaba muy o algo insatisfecho, cifras preocupantes para el primer ministro que se reflejaban en todas las regiones y grupos demográficos.
Además, Trudeau estaba cinco puntos por detrás de Scheer sobre la cuestión de quién sería el mejor primer ministro, con un 20% frente al 25% del líder conservador.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau
Sin embargo, cuando se le preguntó si Canadá estaría mejor con un gobierno liberal o conservador, el 30 por ciento eligió a los liberales y el 25 por ciento eligió a los conservadores. El 45 por ciento dijo no saberlo.
Entre los encuestados que se identificaron principalmente como partidarios de NDP o Green, prefirieron un gobierno liberal en 48 y 42 por ciento respectivamente, en comparación con solo 18 y 23 por ciento que prefirió un gobierno conservador.
«Eso, de nuevo, para mí es una especie de luz amarilla para los conservadores», dijo el vicepresidente ejecutivo de Leger, Christian Bourque, y agregó que el apoyo de los conservadores parece ser «bastante leve».
«Sí, están a la cabeza, pero hasta qué punto ese liderazgo es cómodo en este momento, ciertamente creo que no».
A la encuesta de Leger, basada en Internet no se le puede asignar un margen de error porque las encuestas en línea no se consideran muestras aleatorias. Fueron 1,522 votantes canadienses los consultados en esta encuesta.
La popularidad de Trudeau ha tenido una gran caída desde que estalló el asunto SNC-Lavalin a principios de febrero. El líder Liberal, ha perdido a dos ministros principales del gabinete, a su asesor más confiable en el secretario principal, Gerald Butts, y al principal servidor público del país desde que aparecieron las denuncias de que el ex fiscal general Jody Wilson-Raybould se sintió presionado indebidamente por la oficina del primer ministro para detener el procesamiento penal de El gigante de la ingeniería de Montreal.
Esta encuesta de Leger refleja la popularidad más baja registrada para los Liberales y Trudeau desde que llegaron al poder en el 2015.
La líder del Partido Verde, Elizabeth May, y Jagmeet Singh líder del NDP.
El sondeo sugiere que Trudeau podría tener más problemas luego de la elección con los gobiernos conservadores abiertamente hostiles en las provincias de todo el país, particularmente en Ontario y Alberta.
Además, una pluralidad o mayoría de los encuestados en todas las regiones, excepto Ontario, afirmaron que su provincia no recibe una parte justa del presupuesto de Ottawa. Incluso en Ontario, la opinión se dividió: el 39 por ciento dijo que la provincia es tratada de manera justa y el 37 por ciento dijo que no.
Al señalar que algunos líderes conservadores provinciales, entre ellos el primer ministro de Ontario Doug Ford y el nuevo primer ministro de Alberta, Jason Kenney, ganaron la elección haciendo campaña contra el gobierno de Trudeau, Bourque dijo: «Una variable más que el Sr. Trudeau tendrá que considerar en la próxima elección federal es el hecho de que muchos barones regionales han vuelto a la gente en contra de Ottawa «.
En otros dos temas que podrían ser factores en las próximas elecciones, la encuesta sugiere que los liberales están más del lado de la opinión pública.
Si bien los encuestados de Quebec estaban firmemente a favor de prohibir que los funcionarios públicos usen símbolos religiosos obvios, como ya lo ha hecho el gobierno provincial, a esto se opuso la gran mayoría de encuestados en todas las demás regiones. Eso podría beneficiar a Trudeau: el líder liberal, ha hecho de la defensa de los derechos constitutivos y de la diversidad un pilar central de su atractivo político.
Sin embargo, Bourque dijo que la encuesta sugiere que el problema es «no todo en blanco y negro», dado que un número considerable de canadienses fuera de Quebec también están a favor de prohibir los símbolos religiosos.
La opinión fue mucho más clara sobre el tema del control de armas. Más del 80 por ciento de los encuestados manifestaron su apoyo a cada una de las tres disposiciones clave en el Proyecto de Ley C-71 del gobierno de Trudeau: Que exigir a los minoristas de armas que mantengan registros detallados de todas las ventas de armas, extendiendo la verificación de antecedentes policiales de una persona que solicita un permiso de armas para incluir toda su vida y requerir autorización para transportar armas de fuego restringidas.
Y el 77 por ciento dijo que estaba algo o muy a favor del control de armas más estricto en general, mientras que solo el 17 por ciento dijo que estaba algo o muy en contra.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que Nicolás Maduro quiere encarcelarlo, pero aseguró que él es un sobreviviente y no tiene miedo, según una entrevista divulgada en la más reciente edición de GQ México.
Guaidó, jefe del Parlamento, invocó la Constitución para declararse presidente interino en enero, siendo reconocido por medio centenar de países como el legítimo mandatario de la nación luego de considerar como un fraude la reelección de Maduro en mayo del 2018.
Guaidó aseguró que «la libertad o la vida» siempre están en riesgo cuando se trata de hacer oposición política a Maduro y a sus funcionarios.
«Han existido amenazas directas de muerte y persecución. Pero no temo. La verdad es que es un riesgo que asumimos y sobrellevamos».
La detención de Roberto Marrero, secretario de Guaidó, a inicios de marzo en Caracas fue «un ataque directo a mí. El régimen saliva con detenerme».
Guaidó, un ingeniero de 35 años, canceló el domingo un mitin que planeaba celebrar con sus partidarios en la occidental ciudad de Barquisimeto tras denunciar que «la dictadura» le impidió ingresar. No proporcionó más detalles sobre las restricciones para llegar, ni aclaró dónde ocurrió el incidente.
Lo cierto es que este primero de mayo, Guaidó y Maduro medirán nuevamente fuerzas, ya que para ese día ambos se encuentran convocando marchas.
El vicefiscal general de Estados Unidos, Rod Rosenstein, presentó este lunes su renuncia al presidente Donald Trump. La dimisión se hará efectiva a partir del 11 de mayo.
En su misiva, Rosenstein agradeció a Trump el haberle dado «la oportunidad de servir»: «Por la cortesía y humor que usted a menudo muestra en nuestras conversaciones personales; y por las metas que estableció en su discurso de investidura: patriotismo, unidad, seguridad, educación y prosperidad (…)».
William Barr, procurador general de la nación, señaló que Rosenstein sirvió al Departamento de Justicia «con dedicación y distinción».
«Su devoción por el Departamento y su profesionalismo son incomparables», agrega el comunicado. «A lo largo de su distinguida carrera en el gobierno, ha enfrentado muchas situaciones difíciles con fuerza, gracia y buen humor».
Rosenstein, quien mantuvo una tensa relación con Trump, supervisó durante más de un año la investigación del fiscal Robert Mueller sobre la trama rusa. El abogado era el enlace principal entre el Departamento de Justicia y la oficina de Mueller.
En medio de su desempeño en el cargo, fue blanco de fuertes críticas del jefe de Estado, quien lo acusó de formar parte de un complot en su contra.
El pasado mes de febrero, Trump nominó a Jeff Rosen para convertirse en el nuevo «número dos» del Departamento de Justicia en sustitución de Rosenstein.
Rosen es un experimentado abogado con experiencia en el Gobierno de George W. Bush y que desde mayo de 2017 ejercía como subsecretario de Transporte, cargo desde el que ha tratado de revertir los objetivos de rendimiento de combustibles del ex presidente Barack Obama..
El Gobierno de Canadá cancelo una autorización de entrada al país al expresidente catalán Carles Puigdemont, que tenía prevista una gira por Québec, organizada por la Sociedad San Juan Bautista (SSJB), a partir del 2 de abril, según informo Radio Canadá.
Según un comunicado de la oficina del expresidente, su intención era viajar a Québec hace unas semanas, invitado por el presidente de la SSJB, Maxime Laporte, pero el Gobierno federal de Canadá “sin dar ningún motivo revocó arbitrariamente” la Autorización Electrónica de Viaje (AEV) que antes se le había concedido.
La AEV es un requisito exigido por Canadá desde 2016 a todos los ciudadanos de países exentos de visado, una medida que permite a las autoridades del país “escanear y bloquear una persona antes de que embarque en un avión” con destino a este país (similar al ESTA que pide Estados Unidos).
El representante legal de Puigdemont, el abogado Stéphane Handfield, especialista en inmigración y extranjería, presento el recurso ante un tribunal federal del país, con el objetivo de conseguir la autorización del gobierno para el ingreso del líder separatista catalán a Canada. Ahora el Gobierno canadiense tiene 90 días para argumentar los motivos de la revocación de la AEV.
La visita de Carles Puigdemont a la provincia francófona incluía una rueda de prensa, una visita a su Asamblea Nacional y otras actividades. Puigdemont fue informado por correo electrónico de que su AEV había sido revocada, sin aportar justificación por escrito, según informo Radio Canadá.
La Sociedad San Juan Bautista es una organización partidaria de la independencia de Québec. Su actual presidente, Maxime Laporte, preside también la red ‘Cap sur l’independance’, que agrupa a varias entidades separatistas.
En un comunicado, Laporte protesto en contra del Gobierno de Ottawa, al que acusó de negar la “existencia nacional” de Québec y su “derecho fundamental a la autodeterminación” y, además, atacar “a otros pueblos que aspiran a la libertad en este mundo”.
Quebec ha tenido tradicionalmente importantes fuerzas independentistas y llegó a votar dos veces, en 1980 y 1995, antes de que la Corte Suprema dijese que un nuevo referéndum debería ser acordado por el Parlamento Federal.
En las elecciones del pasado octubre Québec, se alejó del independentismo y su principal abanderado, el Partido Quebequés, cayó desde el segundo al cuarto puesto en su Asamblea Nacional.
Las medidas fiscales que está tomando el gobierno conservador del Premier Doug Ford se están llevando de encuentro a muchos sectores de la provincia. Los últimos afectados son los nuevos inmigrantes y los solicitantes se refugio, como efecto del recorte de alrededor del 30 por ciento asignado para la agencia de asistencia en asuntos legales, Legal Aid Ontario (LAO).
Este recorte de fondos del gobierno provincial significa que los abogados que tienen contratos de representación con la agencia dejarán de prestar servicios que no estén cubiertos por Lega Aid, como representación en audiencias de refugio, apelaciones y solicitudes de residencia permanente por razones de humanidad y compasión, de forma inmediata.
Hay que recordar que cuando una persona llega a Canadá y pide refugio, está solicitando la residencia permanente por razones humanitarias y de compasión o cuando está pidiendo una revisión judicial ante la Corte Federal, podía hacer una solicitud de asistencia legal ante LAO.
Ante la solicitud, generalmente LAO enviaba una serie de documentos al abogado del solicitante, quien tenía que enviar una repuesta a LAO explicando los méritos del caso a representar. Así, basándose en la presentación del caso que hace el abogado, LAO le da o no la asistencia legal al solicitante.
Otro criterio a considerar aun ahora, para los limitados casos en los que Legal Aid proporcionara financiamiento, es que la persona no debe tener ningún tipo de ayuda financiera, no debe tener trabajo ni familia en el país que le pueda ayudar, y a veces la persona después tiene que devolver este dinero a LAO.
Pero ahora, el gobierno provincial está reduciendo los fondos presupuestarios para LAO en un 30 por ciento, lo que significa que recibirá $133 millones menos en este año fiscal. Esto se está traduciendo en que desde la fecha del anuncio del recorte ningún abogado puede prestar servicios nuevos a los refugiados o inmigrantes más allá de la preparación inicial de su caso de refugio.
Esto es preocupante porque en un caso de refugio no es que el solicitante sencillamente va y cuenta lo que le ha sucedido, sino que junto con su historia tiene que llenar una serie de requisitos para demostrar que cumple con la definición de lo que es un refugiado o de una persona que necesita protección de acuerdo con las leyes canadienses.
Además, también hay otros factores legales que juegan un papel muy importante en la presentación de un caso de refugio, como por ejemplo si la persona podía haber tenido protección del estado, si podía haberse ido a vivir a otra zona del país donde razonablemente podía haberse reubicado antes de salir del país, y otras cuestiones legales que solamente un abogado o una persona que conozca bien del tema puede presentar ante el Consejo de Refugio de Canadá.
Antes de que estos recortes fueran anunciados ya había un problema para los refugiados y para los inmigrantes, pues no todos podían obtener asistencia legal. Únicamente la obtenían los casos donde el abogado que los representaba y los oficiales de LAO decidían que el caso tenía mérito, pero ahora ni siquiera estos casos serán financiados.
A pesar de que este anuncio se presenta como una forma de disminuir el déficit fiscal de la provincia, yo creo que este recorte en la asistencia a los refugiados tiene otras razones que van más allá de lo que el gobierno provincial quiere que creamos. Yo creo que es un ataque más al gobierno federal, ya que el gobierno provincial de Doug Ford ha estado atacándolo en relación al tema de los refugiados desde que tomó el poder en Ontario ya que en repetidas ocasiones el Premier Ford ha dicho que el gobierno federal es quien se tiene que hacer cargo de los refugiados.
Esto me da a pensar que la medida ha sido tomada por el gobierno conservador de Ontario para congraciarse con sectores de la población que no ven con simpatía a los refugiados y nuevos inmigrantes y que normalmente no votan por el gobierno liberal justo en el año en que habrá elecciones federales, probablemente apostando por que el tema de la inmigración tendrá un impacto importante en los resultados de esas elecciones.
De hecho, estos ataques, juntamente con el de otros gobiernos conservadores provinciales, han forzado al gobierno federal a tomar medidas en contra de los refugiados, lo cual se ha visto en el “Omnibus Bill” que presentó el Partido Liberal ante el Parlamento Federal hace un par de semanas, por medio del cual se le va a negar la posibilidad de pedir refugio en Canadá a aquellas personas que previamente han pedido refugio en alguno de los países con los cuales Canadá comparte información.
Otra cosa muy importante es que todos los abogados que practican la ley de inmigración y refugio usando asistencia legal son personas que en realidad tienen un compromiso hacia los refugiados, porque cuando se trabaja con asistencia legal el abogado está limitado en el número de horas que puede trabajar en un caso, y también está limitado en la tarifa que cobra por su representación. En algunas ocasiones estos abogados apenas reciben alrededor del 25% de lo que reciben otros abogados que le cobran al cliente, por lo que en realidad los abogados que trabajan con LAO están haciendo un servicio comunitario, una obra más bien de solidaridad hacia las personas que necesitan protección.
Por el momento, las asociaciones de abogados están haciendo presentaciones ante el gobierno provincial para tratar de que cambie esta posición ya tomada de no ayudar a las personas que necesitan asistencia legal, particularmente a los refugiados e inmigrantes y las personas más necesitadas de la provincia. Porque estos cortes efectivamente afectan a las personas más necesitadas y vulnerables de Ontario, estamos hablando de personas cuyos ingresos son menores a 17 mil dólares al año, cantidad que está muy por debajo de lo que es considerado la línea de pobreza.
Por el momento, los abogados y las organizaciones comunitarias se están organizando para pelear, y lo más probable es que el caso termine en litigio en la Corte Federal y eventualmente en la Corte Suprema, y que se pelee como un caso que viola los derechos constitucionales que tienen los refugiados y los inmigrantes. Porque estos recortes con sus respectivas consecuencias afectan el derecho constitucional de las personas a tener representación legal en casos en los que su vida o integridad personal estén en juego, sin embargo, hasta que la corte no declare que el recorte en el financiamiento para la representación legal de refugiados y nuevos inmigrantes es ilegal, son muchas las personas que van a ser perjudicadas por estas medidas.