Entre el domingo y el lunes, al menos 55 presos murieron como consecuencia de enfrentamientos en cuatro unidades penitenciarias distintas del estado, ubicado en la región norte del país.

40 de ellos fueron encontrados sin vida este lunes, mientras que otros 15 habían sido reportados como muertos en la tarde de este domingo durante las visitas familiares, en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim.

Según la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado (Seap), los cuerpos encontrados este lunes presentaban señales de asfixia y fueron hallados en celdas cerradas.

Otras fatalidades fueron causadas por heridas hechas con cepillos de diente afilados y estrangulación, recogen periódicos locales.

Las autoridades han dicho que la situación en las cárceles está bajo control por el momento, aunque el gobernador local, Wilson Lima, describió la situación actual como una «crisis».

Lima aseguró que las investigaciones iniciadas el domingo para esclarecer la muerte de los primeros 15 prisioneros se harán extensivas al resto de las nuevas fatalidades.

Medidas disciplinarias

Las unidades donde ocurrieron los hechos son el Instituto Penal Antônio Trindade (25 muertos); la Unidad Penitenciaria del Puraquequara (6); el Centro de Detención Provisional Masculino (5); y el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (4).

Los 15 presos que murieron el domingo en esta última unidad localizada en la ciudad de Manaos, fueron atribuidos por el gobierno de Amazonas a una pelea entre ellos.

Esta unidad fue el mismo lugar donde, en 2017, ocurrió la que es considerada la mayor matanza en una prisión del estado: terminó con 56 muertos, en una rebelión que duró cerca de 17 horas.

Una encuesta de BBC News Brasil en septiembre de ese año arrojó que «la masacre fue causada por la rivalidad entre las facciones criminales Familia del Norte (FDN) y Primer Comando de la Capital (PCC)» en una disputa por el control de los presidios de la capital amazonense.

Sobre las muertes de este domingo, sin embargo, el titular de la Seap, Marcus Vinicius, afirmó en rueda de prensa que el estado «no ha identificado facciones».

El gobierno de Amazonas ha dicho que, por el momento, están adoptando «medidas disciplinarias en las cárceles» y que los responsables de las muertes serán llevados ante la justicia una vez terminadas las investigaciones.

Guatemala y Estados Unidos firmaron este lunes un acuerdo de cooperación para combatir el tráfico de drogas y de migrantes, en medio de un éxodo de guatemaltecos hacia el país norteamericano que se agudizó en los últimos meses.

El acuerdo fue rubricado por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan, quien se encuentra en el país en una visita sorpresiva.

El alto funcionario norteamericano llegó a Guatemala en horas de la tarde y se dirigió al Palacio Nacional de la Cultura, en el centro histórico de la capital, para una breve reunión con Morales.

El ministro de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, dijo a periodistas que el convenio incrementará la capacidad de las fuerzas guatemaltecas para atacar a las estructuras criminales que trafican migrantes.

«El intercambio de información y de buenas prácticas, así como la persecución penal que vamos a hacer en conjunto, deben permitirnos como países evitar que se siga generando ese abuso hacia nuestra población (migrante)», señaló.

Según detalló Degenhart, el acuerdo establece el envío de investigadores para afrontar dicho problema, como así también combatir el narcotráfico, el tráfico de armas de fuego y el lavado de dinero.

Se espera que el trabajo conjunto permita hacer «más eficientes y efectivas las investigaciones contra el crimen organizado», dijo el ministro.

Fuentes cercanas al tema indicaron extraoficialmente que McAleenan se reunirá el martes con los ministros del Interior del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, formado por Guatemala, El Salvador y Honduras, para analizar la migración irregular desde esos países hacia Estados Unidos.

El norte de Centroamérica fue origen desde octubre de una ola de caravanas migratorias con miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos, y escapar de la violencia y pobreza en sus países.

La noche del viernes fue repatriado el cuerpo del quinto menor migrante de Guatemala muerto bajo custodia de la patrulla fronteriza estadounidense desde diciembre.

El autor de la puñalada al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante la campaña electoral del año pasado sufre un trastorno mental y no podrá ser castigado con una condena de cárcel, según decidió el juez del caso en una sentencia divulgada este lunes.

El magistrado Bruno Savino, de primera instancia, concluyó que, con base en informes psiquiátricos y periciales, Adélio Bispo no es imputable, por lo que, según la legislación brasileña, no puede ser responsabilizado criminalmente.

Bispo se encuentra detenido por apuñalar a Bolsonaro en septiembre del año pasado durante un acto de campaña en la localidad brasileña de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais (sudeste).

El entonces candidato presidencial sufrió graves heridas en el abdomen que le obligaron a pasar por el quirófano en tres ocasiones, la última este año para retirarle la bolsa de colostomía que le fue colocada hasta la reconstrucción de su tránsito intestinal.

Desde el atentado, el agresor está recluido en una cárcel federal en Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul, y allí permanecerá hasta la conclusión del proceso en su contra, que tras esta decisión se volverá a tramitar.

En caso de condena, Bispo podrá ser trasladado a un hospital psiquiátrico.

«Todos los profesionales médicos psiquiatras que actuaron en tal hecho, así como los peritos oficiales y los asistentes técnicos de las partes, coincidieron en concluir que sufre un Trastorno Delirante Persistente», indicó la Justicia Federal de Minas Gerais en un comunicado.

La denuncia formulada por la Fiscalía y aceptada por la Justicia afirma que el investigado puso «en riesgo el régimen democrático» al intentar interferir en el resultado de las elecciones del pasado octubre, que a la postre ganó el ultraderechista Jair Bolsonaro en la segunda vuelta con un 55 % de los votos.

Con base en los argumentos del Ministerio Público, Bispo planeó el ataque con antelación con el objetivo de excluir al hoy mandatario, en el poder desde el pasado 1 de enero, de la carrera presidencial.

Esa tesis contrasta con la postura de la defensa del autor de la puñalada, que asegura que el ataque fue fruto de «una mente atormentada y posiblemente desequilibrada» por causa del trastorno mental que padece, como apuntan los informes médicos.