Una serie de órdenes y mensajes cruzados que fueron emitidos por el gobierno mexicano sobre el acceso de colectivos sociales y religiosos a los centros de detención migratoria de México generó el miércoles malestar entre activistas y ONGs que temen que su trabajo de asesoría a los migrantes y monitoreo de lo que ocurre en dichas instalaciones pueda verse afectado.

El Instituto Nacional de Inmigración (INM) difundió el martes una orden por la que suspendió temporalmente y “hasta nuevo aviso” la autorización para que estas organizaciones pudieran entrar a dichos centros debido a la “actual contingencia migratoria”, es decir, la llegada la semana pasada de cientos de migrantes en caravana que fueron detenidos y, en su mayoría, están siendo deportados a sus países de origen.“La reprogramación dependerá de la agenda de trabajo de cada estación y estancia migratoria”, añadía el INM.

Sin embargo, poco después de la divulgación del documento, la Secretaría de Gobernación, de quien depende el Instituto, declaró en Twitter que desconocía la orden y que la suspensión se realizó “sin contar con la autorización de las autoridades superiores”.

En su conferencia matutina del miércoles, López Obrador criticó el veto al afirmar que está “prohibido prohibir en todo, casi en todo”.

El mandatario defendió la detención de migrantes que tratan de cruzar la frontera sur de México de forma irregular pero insistió en que debe reinar la transparencia. “¿Cómo se imaginan que vamos nosotros a dejar sin poder asistir a un albergue religiosos, a miembros de la sociedad civil, a organizaciones sociales? No”, declaró el presidente.

Horas más tarde, el INM rectificaba y emitió un nuevo comunicado en el que anuló la orden de la víspera, destacó su compromiso con la “transparencia” y “el respeto a los derechos humanos” e informó que las visitas se reanudarían a partir del 1 de febrero.

De hecho, antes de ese comunicado, uno de los colectivos pudo entrar en el principal centro de detención del país, la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, en Chiapas.

Claudia León, del Servicio Jesuita a Refugiados, explicó a AP que aunque en un principio intentaron prohibirles el paso, cuando pidieron explicaciones y los agentes fueron a consultar, les permitieron el acceso al centro, donde no detectaron nada fuera de lo habitual.

Grupos como ése han sido voces importantes para describir las condiciones en ese tipo de instalaciones, que no están abiertas al público ni a la prensa y donde se han denunciado numerosos abusos, pero sobre todo para dar asesoramiento legal a los migrantes.

León se mostró preocupada por la incertidumbre que crean los mensajes cruzados del gobierno y que atribuyó a un posible intento por desalentar el trabajo de las ONG pero también a la falta de comunicación en el interior de la Secretaría de Gobernación, teóricamente encargada de los temas migratorios aunque desde hace meses es la cancillería la que funge como vocera de facto de la política migratoria del gobierno.

“No sabemos qué está pasando, parece que algún sector (de Gobernación) está atendiendo a esas órdenes que corresponden a la política de Estados Unidos pero otro sector está abogando por que no haya estos retrocesos”, agregó.

En enero, antes de la última caravana, el INM retiró el permiso de acceso a la Siglo XXI a uno de los colectivos de mayor prestigio en Chiapas, Fray Matías de Córdova, y que atendía a migrantes en esas instalaciones desde que se abrieron en 2006.

Uno de los argumentos de las autoridades, según denunció la ONG en un comunicado en aquel momento en el que anunciaron acciones jurídicas para revertir la decisión, es que proporcionaban “información poco veraz que confunde a las personas extrajeras”. El colectivo es conocido por sus informes y denuncias sobre abusos a los derechos humanos que se cometían en el interior del centro y la situación en la que vivían los migrantes, incluidos niños, allí detenidos.

Salvador Lacruz, coordinador de incidencia política de esta ONG, indicó que los “bandazos” de las autoridades en política migratoria de esta semana están generando un ambiente de incertidumbre preocupante “que confiamos que la Secretaría de Gobernación logre reconducir” porque “ya está afectando a las personas migrantes que se enfrentan a contexto muy adverso, con todo en contra y a unas instituciones que ni siquiera tienen una política seria”.

Lacruz recuerda que el que un migrante tenga o no asesoría de alguien que consideren confiable y no gubernamental “puede hacer la diferencia para el resto de su vida y para evitar que le desinformen, le engañen y le manipulen”.

La semana pasada, guardias nacionales y agentes de inmigración mexicanos frustraron el paso de la más reciente caravana de migrantes que habían cruzado desde Guatemala.