El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró desafiante ante la recompense de 15 millones de dólares de Estados Unidos para que enfrente cargos por narcotráfico, calificó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de “cowboy racista” y advirtió que está listo para pelear con todos los medios necesarios si Washington y la vecina Colombia se atreven a invadir territorio venezolano.

Las combativas declaraciones de Maduro el jueves en la noche se produjeron horas después de que Estados Unidos anunció varios cargos contra el líder socialista y varios miembros de su círculo más cercano por convertir supuestamente a Venezuela en una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas.

Una de las imputaciones presentada por fiscales en Nueva York acusa a Maduro y a Diosdado Cabello, jefe del Partido Socialista y presidente de la Asamblea Constituyente, de asociarse con rebeldes colombianos y miembros del ejército “para inundar a Estados Unidos con cocaína” y utilizar el narcotráfico como “un arma en contra de Estados Unidos”.

Maduro, un exconductor de autobús reconvertido en icono de la izquierda latinoamericana, alegó que las acusaciones tenían motivaciones políticas. Dijo que ignoran el papel de Colombia, aliada de Washington, como la principal fuente de cocaína del mundo y el rol de Caracas facilitando las conversaciones de paz entre el gobierno de Bogotá y los rebeldes de ese país durante la última década.

“Eres un miserable, Donald Trump”, afirmó el mandatario venezolano durante un discurso televisado. “Él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador de las mafias neoyorquinas que el dirigió como jefe de la empresa inmobiliaria”.

En sus declaraciones más duras contra Trump hasta la fecha, Maduro incluyó una amenaza para usar la fuerza militar: “Si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atrevieran a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes”.

Antes en el día, el fiscal general de Venezuela anunció una investigación contra el líder opositor Juan Guaidó por tramar presuntamente un golpe de Estado con el general retirado Cliver Alcalá, quien tras ser nombrado en las acusaciones estadounidenses, dijo que había almacenado armas de asalto en Colombia para una incursión transfronteriza. Sin ofrecer evidencias, Maduro dio que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos estaba detrás de un plan de Alcalá para asesinarlo a él y a otros líderes políticos.

Las sorpresivas acusaciones en contra de un jefe de Estado en activo son sumamente raras y sin duda incrementarán las tensiones entre Washington y Caracas en momentos en que el brote de coronavirus amenaza con hacer colapsar el sistema de salud de Venezuela y a su economía petrolera, ya en una crisis por años de corrupción y por las sanciones de Washington. Maduro ha ordenado a los venezolanos que permanezcan en casa para contener la propagación del virus que, de acuerdo con las autoridades, ha infectado a 107 personas y se cobró su primera víctima mortal el jueves.

Los actos criminales relacionados a la confabulación de drogas y armas, que se remontan al inicio de la revolución comandada por Hugo Chávez en 1999, ocurrieron en lugares tan remotos como Siria, México, Honduras e Irán, de acuerdo con la acusación formal. Barr calculó que el plan ayudó a contrabandear hasta 250 toneladas de cocaína al año provenientes de Sudamérica.

“El régimen de Maduro está repleto de corrupción y delincuencia”, dijo el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, en una conferencia de prensa en línea desde Washington. “Mientras el pueblo venezolano sufre, estas personas se llenan los bolsillos con dinero del narcotráfico y con el producto de su corrupción. Y esto debe terminar”.

La difusión coordinada de acusaciones formales contra 14 funcionarios y personas vinculadas al gobierno, así como recompensas por 55 millones de dólares por Maduro y otras cuatro personas, atacaron todos los pilares de lo que Barr describió como el “corrupto régimen venezolano”, incluyendo las poderosas fuerzas armadas y el poder judicial, que están bajo el dominio del presidente.

En Miami, fiscales anunciaron cargos contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano Maikel Moreno por lavar en Estados Unidos al menos 3 millones de dólares obtenidos ilegalmente mediante el arreglo de casos en Venezuela, incluyendo uno sobre una planta de General Motors. Gran parte de ese dinero lo gastó en un avión privado, relojes de lujo y compras en Prada, aseguran los fiscales.

En una denuncia interpuesta en mayo de 2019 y desprecintada en Washington, se acusó al ministro de Defensa de Maduro, el general Vladimir Padrino, de asociación delictuosa para contrabandear narcóticos.

“Este anuncio es un importante revés para Maduro, quien ha estado manejando Venezuela como un estado mafioso, con una corrupción descontrolada, atrocidades generalizadas y absoluta impunidad”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. “Con esta acusación podría perder su aura de invencibilidad, de estar completamente por encima de la ley, lo cual es una muy buena noticia”.

Pero se desconoce cómo acercarían a Venezuela a poner fin a un enfrentamiento de 15 meses entre Maduro _quien cuenta con el apoyo de Rusia y China_ y Guaidó, quien es respaldado por Estados Unidos. También podría fragmentar la coalición que encabeza el gobierno estadounidense en contra de Maduro en caso de que sus aliados en Europa y Latinoamérica piensen que es un exceso por parte de Trump. Se estima que cinco millones de venezolanos salieron del país en los últimos años escapando de la hiperinflación y de la escasez generalizada de alimentos y fármacos.

“Redoblar la ofensiva contra el régimen de Maduro es una apuesta increíblemente peligrosa cuando la prioridad debería ser apuntar el decadente sistema de salud y evitar un éxodo migratorio aún peor”, señaló Ivan Briscoe, director de Crisis Group para América Latina. “Estos cargos de EEUU podrían significar un desastre para cualquier acercamiento, exponer a Guaidó a graves riesgos y parecer indiferentes al sufrimiento inmediato del pueblo de Venezuela”.

Maduro lleva años acusando al “imperio” estadounidense de buscar cualquier excusa para asumir el control de las mayores reservas petroleras del mundo, y ha comparado su conspiración con la invasión a Panamá en 1989 para derrocar al general Manuel Antonio Noriega y que enfrentara cargos por tráfico de drogas en Florida.

Barr y Elliott Abrams, enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, comandan la rígida postura estadounidense contra Maduro, de manera muy similar a como propugnaron por el derrocamiento de Noriega a finales de la década de 1980: Barr siendo un alto funcionario del Departamento de Justicia y Abrams en su papel de subsecretario de Estado para Latinoamérica.

Funcionarios estadounidenses también ven otras similitudes. Noriega transformó a Panamá en un paraíso para los violentos cárteles del narcotráfico internacional, mientras que el gobierno de Trump ha acusado a Maduro y a sus aliados de las fuerzas armadas de albergar a narcotraficantes, guerrilleros colombianos e incluso al Hezbollah, el cual ha sido designado grupo terrorista.

También han acusado a funcionarios gubernamentales y a empresarios bien relacionados de robar cientos de miles de millones de dólares de las arcas estatales, en su mayoría de la petrolera estatal PDVSA, que registra su producción más baja en siete décadas.

De cualquier forma, acusar a Maduro no fue sencillo. Por lo general, los líderes extranjeros en funciones gozan de inmunidad judicial de acuerdo con las leyes estadounidenses y las normas internacionales.

Pero Estados Unidos es uno de 60 países que ya no considera que Maduro sea jefe de Estado, a pesar de que permanece en el poder. En su lugar, reconoce a Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, como el mandatario legítimo de Venezuela después de que la reelección del socialista en 2018 se vio manchada por acusaciones de fraude y por un boicot opositor.

Investigadores en Miami, Nueva York, Houston y Washington recabaron la evidencia contra Maduro a lo largo de varios años, y fueron ellos quienes presentaron los cargos por narcotráfico, soborno internacional y lavado de dinero en contra de altos funcionarios venezolanos, miembros de las fuerzas armadas y empresarios vinculados al gobierno.

Para sorpresa de muchos, Maduro, quien fue elegido personalmente por Chávez como su sucesor, se ha aferrado obstinadamente al poder, resistiendo meses de manifestaciones callejeras el año pasado e incluso un levantamiento militar respaldado por Estados Unidos.

Por otra parte, Barr priorizó las investigaciones al círculo de allegados del presidente venezolano, según dos personas que hablaron bajo condición de anonimato a fin de revelar las discusiones internas del Departamento de Justicia.

La presión por actuar, según las fuentes, se desbordó más o menos al mismo tiempo que Guaidó visitó Washington en febrero pasado, cuando Trump lo elogió en el discurso del Estado de la Unión al llamarlo “un hombre muy valiente, que lleva consigo las esperanzas, sueños y aspiraciones de todos los venezolanos”.

Frank Mora, un exfuncionario del Pentágono, dijo que Estados Unidos está en lo correcto por condenar a Maduro y a otras personas por reprimir al pueblo, robar de las arcas del gobierno y convertir a Venezuela en un estado criminal.

Pero le preocupa que el objetivo de las acusaciones sea más el llegar a los votantes latinos en Florida que ayudar a atender la devastadora crisis en el país sudamericano.

“No vamos a ir allá a capturarlo”, dijo Mora, quien actualmente encabeza el instituto de estudios sobre Latinoamérica de la Universidad Internacional de Florida. “Esto no es sobre un cambio de régimen o restaurar la democracia en Venezuela. Es sobre política electoral”.