Quebec acusa a Ottawa de violar la jurisdicción provincial después de que el ministro federal de inmigración decidiera unilateralmente acelerar el tiempo necesario para reunir a las personas con sus familiares extranjeros.
El lunes, dos ministros de Quebec denunciaron el plan del gobierno federal, y la ministra de Inmigración, Christine Frechette, dijo que la decisión de Ottawa es una «afrenta directa a las áreas de jurisdicción de Quebec».
El Ministro Federal de Inmigración, Marc Miller, dijo a la provincia en una carta reciente que está tardando demasiado en procesar las solicitudes de inmigración para la reunificación familiar.
Los quebequenses que deseen traer al país a su cónyuge desde el extranjero deben esperar 34 meses, frente a los 12 meses de los demás canadienses. Para traer a un padre, los quebequenses deben esperar una media de 50 meses, mientras que en el resto de Canadá el retraso es de sólo 24 meses.
El proceso lleva más tiempo en Quebec porque la provincia ha fijado un límite de aproximadamente 10.000 admisiones por año en la categoría de reunificación familiar.
En respuesta, Miller dijo a la provincia que dado que los dos gobiernos «no han encontrado puntos en común» sobre el tema, decidió ordenar a su departamento que procese alrededor de 20.500 expedientes pendientes durante los próximos tres años. El departamento procesará los retrasos (y cualquier solicitud nueva) incluso si al hacerlo excede los límites establecidos.
Dijo que los retrasos pueden tener un impacto «muy significativo» en las familias y que el país tiene el «deber moral de encontrar una solución a este problema».
En una declaración escrita, Frechette dijo que la decisión de Miller tendría un «impacto considerable en los límites permanentes de inmigración de Quebec… Es inaceptable».
Según un acuerdo con el gobierno federal, Quebec establece sus propios objetivos de inmigración anuales, pero la provincia sólo tiene control total sobre el flujo de inmigración económica, no sobre las categorías de refugiados y reunificación familiar.
El ministro de Justicia de Quebec, Simon Jolin-Barrette, también denunció lo que calificó como una interferencia de Ottawa. El gobierno federal, afirmó, debería respetar la voluntad de la nación quebequense. «Los límites están establecidos», dijo a los periodistas en Shawinigan.
