El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una Misión Internacional independiente de determinación sobre Venezuela, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el país desde 2014.
El informe, publicado el pasado miércoles, registra al menos 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares (algunas clandestinas), así como 51 en el Helicoide y otros centros de detención del Sebin.
Por lo que, la Misión de la ONU, acusó a la inteligencia civil y militar de este país de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante un modus operandi de abusos emitidos «desde el más alto nivel».
«Este plan fue orquestado al más alto nivel político, liderado por el presidente Nicolás Maduro», aseguró la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
Además, declaró que la situación merece la atención de todas las comunidades internacionales para la protección de los derechos humanos: «Nos parece muy preocupante, ya que creemos que forma parte de una escalada superior contra las organizaciones de derechos humanos y contra quienes hoy denuncian la política de represión del presidente Nicolás Maduro”, declaró Valiñas.
La portuguesa, presidenta de la Misión, inició la presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, diciendo que «ambas agencias (el Sebin y la Dgcim) cometieron violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, y entre éstos se incluyen la tortura y otros malos tratos, la violencia sexual y de género, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de corta duración», subrayó.
La jefa de misión negó que los crímenes fueran cometidos por individuos aislados sin conexión con las jerarquías, ya que los órganos de inteligencia «forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores».
El informe detalló, uno por uno, los inhumanos métodos que las presuntas víctimas aseguran son implementadas por los servicios de inteligencia del Gobierno venezolano, de entre las que se destacan:
- Asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o mediante el uso de un recipiente con agua.
- Golpes con objetos contundentes.
- Descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo.
- Amenazas de muerte o de violencia adicional.
- Permanecer encadenados durante largos períodos de tiempo.
- Amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares.
- Desnudez forzada, incluso en condiciones de temperaturas extremadamente bajas.
De acuerdo con lo registrado en el informe, las violaciones de los derechos humanos por parte de ambas agencias continúan hasta el presente, bajo «un clima de total impunidad».
Valiñas denunció, además, que en el mismo día de publicación del informe funcionarios del Sebin se presentaron en la sede de Provea, una organización de defensa de derechos humanos en Venezuela, mientras familiares de sindicalistas detenidos hacían una rueda de prensa reclamando justicia.
