Las cifras del gobierno mexicano publicadas el lunes muestran que al menos 68 activistas de derechos humanos y 43 periodistas han sido asesinados desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo a fines de 2018.
Estas últimas estadísticas han hecho que los críticos cuestionen si el gobierno está haciendo lo suficiente para cumplir su promesa de salvaguardar las vidas de periodistas y activistas en México.
¿Qué se está haciendo para proteger a periodistas y activistas?
Actualmente, el gobierno mexicano brinda seguridad y protección a 1,478 personas en todo el país.
“Desde diciembre de 2018 hasta hoy, 43 periodistas y 68 activistas de derechos humanos han sido asesinados , de los cuales siete periodistas y dos activistas se encontraban bajo el programa de protección”, informó la Secretaría de Gobernación de México.
Según el gobierno, el programa de protección «es una garantía de protección de los derechos humanos organizado por el Estado mexicano para salvaguardar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de quienes ejercen el periodismo, proteger los derechos humanos y la libertad de expresión».
El gobierno dijo que había aumentado la cantidad de personas protegidas por el programa en un 80% desde diciembre de 2018.
Añadió que también había aportado 783 millones de pesos ($ 39,5 millones; € 33,3 millones) al programa entre 2019 y 2020, mientras que este año ampliaría los fondos, dándole un presupuesto total de 416,6 millones de pesos.
El presidente mexicano López Obrador aseveró que el gobierno está «trabajando todos los días para salvar vidas» como parte del deseo de «justicia y protección de la vida de los mexicanos».
¿Qué dicen los críticos de López Obrador?
José Miguel Vivanco de Human Rights Watch criticó los comentarios del presidente en Twitter.
«Una vez más, López Obrador no solo descalifica los informes de los activistas asesinados como propaganda, sino que nos asegura que su gobierno los está protegiendo», dijo.
«No menciona que en 2020, su gobierno eliminó el fideicomiso que financiaba el programa de protección para su defensa», agregó.
Se cree que los principales sospechosos de haber ordenado y llevado a cabo los asesinatos son los carteles de la droga, los funcionarios corruptos y los empresarios.
