Una jueza del Tribunal Superior de Quebec suspendió temporalmente dos artículos de la nueva ley lingüística de la provincia, indicando que podrían impedir que algunas organizaciones de habla inglesa accedan a la justicia a través de los tribunales.
La jueza Chantal Corriveau ha dictaminado que las secciones del Proyecto de Ley 96 que exigen que las corporaciones paguen a un traductor certificado para producir versiones en francés de los documentos legales deben suspenderse hasta que la impugnación judicial pueda ser vista sobre sus méritos.
Un grupo de abogados que impugnó las secciones de la ley argumentó que el requisito de traducción puede generar costos y demoras que podrían disuadir a algunas entidades pequeñas y medianas que operan en inglés de acceder a los tribunales.
Corriveau estuvo de acuerdo en que el grupo cuestionó si esa parte de la ley viola secciones de la Ley de la Constitución de 1867 que garantizan el acceso a los tribunales en ambos idiomas oficiales.
Los abogados son uno de varios grupos que impugnan legalmente el Proyecto de Ley 96, que tiene como objetivo fortalecer el uso del francés a través de regulaciones lingüísticas actualizadas que afectan a las empresas, los colegios universitarios, la inmigración y los tribunales.
La ley, que fue adoptada a principios de este año, también invoca proactivamente la cláusula no obstante de la Constitución canadiense para protegerla de los desafíos de la Carta.
