El gobierno de Colombia emitió una esperada disculpa pública por las ejecuciones extrajudiciales de 19 civiles que fueron asesinados por el ejército y registrados como combatientes rebeldes durante uno de los períodos más violentos de la guerra civil del país.
La disculpa se produce mientras el gobierno de Colombia intenta hacer las paces con las comunidades afectadas por décadas de conflicto armado y negociar acuerdos de paz con grupos rebeldes que todavía luchan contra el ejército en áreas rurales a pesar de un acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y el grupo rebelde más grande del país.
“Estos (asesinatos) nunca debieron haber ocurrido”, declaró el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en un evento frente al congreso de la nación al que asistieron familiares de las víctimas.
Los asesinatos involucraron a jóvenes de barrios pobres que fueron sacados de sus hogares con falsas promesas de trabajo en otras partes del país. Una vez que llegaban a sus destinos, las víctimas eran fusiladas por soldados que vestían sus cadáveres con camuflaje, o colocaban armas junto a sus cuerpos, y los presentaban a sus superiores como rebeldes muertos en combate para asegurar ascensos y vacaciones.
Los tribunales de Colombia han estado ordenando al gobierno que se disculpe por estos casos –conocidos aquí como “falsos positivos”– desde 2015, como parte de un conjunto de medidas de reparación que también incluyeron penas de prisión para algunos de los soldados y oficiales involucrados.
Pero los gobiernos de los presidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque habían eludido las órdenes de disculparse en público porque se resistían a reconocer que durante el conflicto armado del país los militares cometieron crímenes de guerra tan graves como los perpetrados por los grupos rebeldes. dijo Gimena Sánchez, experta en Colombia de la Oficina de Washington para América Latina, un grupo de derechos humanos.
Sánchez indicó que el gobierno recientemente elegido de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, ha estado más dispuesto a colaborar con las investigaciones sobre crímenes de guerra, incluidas las realizadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema de justicia transicional creado por el acuerdo de paz de 2016.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el ejército colombiano cometió al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, mientras los comandantes presionaban a sus tropas para que proporcionaran más resultados en el campo de batalla y pusieron énfasis en aumentar el número de bajas enemigas.
El tribunal de paz acusó recientemente a un ex comandante del ejército de Colombia por el asesinato de 130 civiles entre 2002 y 2003 en la provincia de Antioquia.
