El Parlamento español aprobó este jueves 16 de febrero leyes a través de las cuales buscan garantizar a los menores, desde los 16 años, los derechos a la autodeterminación de género y a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en centros sanitarios públicos, sin necesidad de autorizaciones paternas y sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos previos a la realización de dichos procedimientos.
Ambas leyes salieron adelante tras superar discrepancias internas en el Gobierno de coalición de izquierda, frente al rechazo de la oposición de derechas y, a pesar también, del desacuerdo por parte de un sector del movimiento feminista ante la ley del cambio de sexo.
La nueva ley del aborto
En el caso del aborto, si bien ya existía una ley previa, en esta reforma el Parlamento español decidió eliminar el requisito del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años. Pues, en 2015, el anterior gobierno del Conservador Partido Popular, ahora principal grupo de oposición del gobierno de España, había determinado que para poder acceder a un aborto sin la autorización de los padres se debía contar con mayoría de edad, la cual es a los 18 años en España.
No obstante, el requisito del tiempo de gestación para poder acceder a una IVE, permanece.
Es posible abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación, excepcionalmente hasta la 22 cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto, y después de estos tiempos solo por anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.
La nueva norma elimina también la obligación de informar a la mujer sobre ayudas a la maternidad y el plazo de reflexión de tres días antes de abortar.
Y, adicionalmente, introduce novedades como las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes y la ampliación de los derechos reproductivos a las «personas trans con capacidad de gestar», es decir, que han cambiado su sexo al masculino pero mantienen su aparato reproductor femenino.
La esterilización y la anticoncepción forzosas, el aborto forzoso y la gestación por sustitución se recogen como violencia y para prevenir los vientres de alquiler, ilegales en España, se prohíbe la publicidad de las agencias de intermediación.
La aprobación se produce poco después de que el Tribunal Constitucional español avalara la ley del aborto de 2010 aprobada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que fue recurrida hace más de doce años por los conservadores y que ahora sustituirá la nueva ley.
En 2021, último año con cifras oficiales, se realizaron en España 90.189 interrupciones voluntarias del embarazo, la gran mayoría en centros privados.
La ley trans
Por su parte, la conocida como ley trans salió adelante tras superar discrepancias entre los socios de Gobierno, el partido socialista PSOE y la formación de izquierda Unidas Podemos.
La nueva ley reconoce la voluntad de la persona a partir de los 16 años como único requisito para cambiar de sexo en el registro civil, al eliminar la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisitos.
Los menores de entre 16 y 14 años podrán cambiar su sexo en el registro siempre que acudan con sus padres o tutores legales, mientras que entre los 12 y 14 años necesitarán autorización judicial.
La parte socialista del Gobierno defendía que los menores de 16 contaran con autorización judicial, aunque finalmente salió adelante el texto impulsado por su socio.
Los hombres que cambien su sexo no eludirán condenas por violencia machista, puesto que se mantendrán las obligaciones jurídicas que cualquier persona tuviese antes de rectificar su sexo.
La ley regula también los casos de modificación genital en menores para autorizarla solo cuando las indicaciones médicas lo exijan y si se considera maduro para tomar esa decisión.
El activismo LGTBI+ celebró a las puertas del Parlamento la aprobación de la ley junto a su impulsora, la ministra Irene Montero, de Unidas Podemos, mientras un grupo de feministas se manifestaba pidiendo su dimisión al considerar que la autodeterminación de género «borra» a las mujeres si cualquiera puede serlo solo con acudir a un registro.
