China no reconocerá los pasaportes británicos de ultramar a partir del próximo día 31, cuando las autoridades del Reino Unido empezarán a aceptar solicitudes de los hongkoneses, a los que se ofrece residencia y permiso de trabajo durante cinco años.
En la rueda de prensa diaria, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Zhao Lijian aseguró que «China dejará de reconocer los supuestos pasaportes BNO (siglas de ‘ciudadano británico de ultramar’) como documento de viaje y de identificación, y se reserva el derecho a tomar otras medidas en el futuro».
La televisión pública hongkonesa RTHK aclara que por ahora se desconoce el efecto que tendrá sobre los ciudadanos de la antigua colonia británica que posean estos documentos, ya que pueden acceder a la China continental con permisos expedidos por las autoridades chinas.
En las últimas semanas, la prensa local ha indicado que el Gobierno chino estaba planteándose si prohibir a los poseedores de pasaportes BNO que forman parte del funcionariado hongkonés, y algunos comentaristas favorables al oficialismo han pedido a las autoridades locales que impidan a estos ciudadanos que participen de las elecciones locales.
Casi 3 millones de hongkoneses tendrían derecho a solicitar uno de estos pasaportes, con los cuales Londres les dará derecho a residir y trabajar durante cinco años en el Reino Unido, y a convertirse en ciudadanos británicos de pleno derecho después.
Hasta ahora, los poseedores de pasaportes BNO solo podían visitar Reino Unido durante seis meses pero no tenían derecho a vivir o a trabajar en la antigua metrópoli.
Las autoridades británicas esperan que unos 320.000 hongkoneses se muden al país europeo bajo este nuevo programa.
La iniciativa fue anunciada por Londres en julio de 2020 después de que Pekín impusiera, en respuesta a las continuas protestas en Hong Kong durante la segunda mitad de 2019 en contra de la creciente influencia china, una polémica ley de seguridad nacional que contempla penas hasta de cadena perpetua por delitos como secesión o confabulación con fuerzas extranjeras.
La promulgación de esa normativa puso, a ojos del Gobierno británico, en peligro los postulados de la Declaración Sino-Británica de 1984, que contemplaba que Hong Kong pasaría a manos chinas en 1997 pero se gobernaría bajo el principio «un país, dos sistemas» durante 50 años, es decir, hasta 2047.
Ese principio -el mismo que rige en la vecina Macao, devuelta por Portugal en 1999- es el que permitía a Hong Kong mantener un alto grado de autonomía en materia monetaria o de fronteras, y garantizaba para los hongkoneses más derechos que para los chinos en materia de libertad de expresión, de reunión o de prensa.
