El gremio de camioneros de Chile anunció este lunes una huelga a partir del próximo jueves que busca presionar para que se agilice la aprobación de unas leyes para frenar la violencia en el sur de Chile y que se produce luego de que una menor resultó herida de gravedad tras un ataque incendiario.
«No trasladaremos ni un kilo de azúcar ni de arroz», dijo el presidente de la Federación de Camioneros del Sur (Fedesur), José Villagrán.
El anuncio llegó después de que el pasado sábado una niña de 9 años recibiera un disparo luego de que encapuchados incendiaran y dispararan contra un camión en el que viajaba junto a su familia en el sur de Chile.
Los camioneros exigen la aprobación inmediata de un total de trece leyes para combatir la «inseguridad» en La Araucanía y otras zonas del sur, donde desde hace décadas existe el llamado «conflicto mapuche», que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas y latifunditas descendientes de colonos que explotan tierras consideradas ancestrales.
En el marco de esta disputa, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria agrícola y predios, aunque en las últimas semanas se han registrado además ocupaciones de edificios municipales y marchas racistas.
«No vamos a seguir aceptando que la delincuencia siga enseñoriándose en la nación. Le pedimos al Poder Ejecutivo que a contar de mañana ponga urgencia a las trece leyes que tiene en el Parlamento y que (esta institución) no ha querido aprobar», agregó por su parte el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez.
Algunas de estas normas plantean modernizar las instituciones policiales, endurecer penas por delitos de robo o quema de camiones y considerar la cadena de perpetua en el caso de que haya víctimas mortales ante las constantes amenazas de los transportistas de iniciar una huelga.
El portavoz del Ejecutivo, Jaime Bellolio, dijo que «entienden» el paro de los camioneros y que saben que «no es contra» el presidente del país, el conservador Sebastián Piñera.
«Hay una serie de leyes que han sido enviadas por este Gobierno hace bastante rato, y que lamentablemente algunos grupos de oposición no han querido avanzar», agregó el vocero.
El ataque del pasado sábado se produjo tras meses de tensiones entre los mapuches y las autoridades, agravados por las huelgas de hambre de varios presos de la comunidad indígena, ocho de los cuales anunciaron este lunes que dejarán de ingerir líquidos para exigir que se adapten las disposiones jurídicas a los pueblos originarios.
En este contexto se llevó a cabo la pasada semana un histórico pacto con entre el Gobierno y un líder espiritual de la comunidad mapuche encarcelado, que puso fin a una huelga de hambre que sostuvo durante más de 100 días exigiendo una visita a su domicilio para participar en una ceremonia religiosa.
