Brasil licitará este jueves once concesiones para tender y operar líneas de transmisión eléctrica en el país que, en caso de que sean totalmente adjudicadas, generarán inversiones por 7.340 millones de reales (unos 1.445 millones de dólares), en una subasta en la que se espera una elevada disputa.
Las concesiones ofrecidas en el certamen, promovido por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel, regulador), prevén la instalación de más de 1.959 kilómetros de líneas de transmisión y de subestaciones con capacidad de transformación de 6.420 megavatios (MWA) en nueve de los 27 estados del país.
La subasta será realizada en la Bolsa de Valores de Sao Paulo y las concesiones se las adjudicarán las empresas o consorcios que presenten el menor valor de Ingreso Anual Permitido en reales por año.
El Ingreso Anual Permitido (Receita Anual Permitida), que es la remuneración máxima que las concesionarias aceptan recibir por la prestación del servicio público de transmisión a los usuarios, es de cerca de 1.000 millones de reales (unos 196,8 millones de dólares) para las once concesiones ofrecidas.
Para la subasta de este año, Aneel incluyó una regla que prohíbe la venta de los activos adjudicados antes del inicio de la operación comercial, una medida que, según el regulador, busca evitar la entrada de especuladores en la puja y la inestabilidad en el sector, además de garantizar la entrega de las instalaciones dentro del plazo previsto.
En la puja se ofrecerán once concesiones para la construcción, operación y mantenimiento de 16 líneas de transmisión y de 12 subestaciones, así como la gestión de algunos proyectos que ya están operativos en los estados de Amazonas, Bahía, Ceará, Goiás, Espirito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Río Grande do Sul y Sao Paulo.
El plazo para el inicio de la operación comercial de los proyectos varía de 42 a 60 meses y los contratos tendrán una vigencia de 30 años contados a partir de la firma de los contratos, según informó la Aneel.
En caso de que todas las concesiones sean adjudicadas, los vencedores tendrán que hacer inversiones por 7.340 millones de reales en los próximos cinco años y generar 14.881 empleos durante la construcción de los proyectos, según el Gobierno.
La expectativa del mercado financiero es que, pese a los fuertes impactos de la crisis del coronavirus en la economía, la subasta atraiga una significativa participación de grandes empresas del sector de energía que actúan en Brasil.
Aunque Aneel no divulgó los nombres de las compañías que participarán en el certamen, algunas ya demostraron interés en la puja, como la estatal Eletrobras y la privada Neoenergía, filial en Brasil del grupo español Iberdrola.
Según señalaron fuentes de Neoenergía, la empresa tiene especial interés en al menos dos de los lotes, sobre todo el que pasa por el estado de Bahía, en donde tiene una de sus distribuidoras.
SUBASTA OFRECE OPORTUNIDAD DE «CRECIMIENTO CONTINUO»
La subasta de este jueves se enmarca en el Programa de Asociaciones de Inversiones (PPI, en portugués) del Ministerio de Economía, que busca fortalecer las sociedades entre el Estado brasileño y la iniciativa privada para fomentar la desestatización y así equilibrar las cuentas públicas.
El edicto del certamen fue aprobado en agosto y entonces el director de Aneel, André Pepitone, lo calificó como la «contribución del sector eléctrico a la agenda de Brasil para salir de la crisis».
La agencia de calificación de riesgos Moody’s considera que las subastas de concesiones eléctricas previstas para los próximos tres años en Brasil «ofrecen oportunidades de crecimiento continuo» para las empresas de transmisión de energía en el país.
«La expansión de la red de transmisión es esencial para apoyar una asignación eficiente de energía en el sistema integrado del país debido a las dimensiones continentales del territorio brasileño», afirmó la vicepresidenta de Moody’s, Cristiane Spercel, citada en un comunicado divulgado por la calificadora el miércoles.
Por medio de un intenso cronograma de subastas hasta 2023, Brasil deberá sumar 20.000 kilómetros adicionales en su red de transmisión de energía.
Moody’s igualmente señaló que los certámenes deben contar con un «fuerte interés de inversores privados» debido a los riesgos relativamente bajos del sector y la disponibilidad de financiación de proyectos a largo plazo «a costes razonables».
En ese sentido, la calificadora prevé que los nuevos proyectos serán financiados esencialmente por el mercado local, gracias a un ambiente favorable impulsado por los bajos intereses, cuya tasa básica actualmente se sitúa en un mínimo histórico del 2,0 % anual.
La «amplia disponibilidad» de recursos para financiaciones a través de bancos y obligaciones de infraestructura también deberán contribuir para el apetito de los inversores.
«El buen acceso a los mercados de deuda es apoyado por la previsibilidad del sector y por los flujos de caja estables y la percepción de riesgos de crédito reducidos», enfatizó Moody’s.
