La Corte de Apelaciones de Ontario ha propinado un duro golpe a la estrategia de opacidad del gobierno provincial. En un fallo definitivo, el tribunal desestimó el recurso con el que la administración de Doug Ford buscaba bloquear la divulgación de los registros de su teléfono celular personal. La justicia ratificó que el mandatario deberá entregar el historial de llamadas de una semana crucial de noviembre de 2022, un periodo bajo la lupa pública debido a la polémica decisión de liberar terrenos protegidos de la reserva natural Greenbelt para la construcción de proyectos inmobiliarios.
La batalla legal, impulsada originalmente por una solicitud de acceso a la información del medio Global News y respaldada por el Comisionado de Información y Privacidad (IPC), destapó una práctica recurrente: Ford utiliza de manera sistemática su dispositivo privado para gestionar asuntos oficiales de Estado.
Aunque la defensa del primer ministro alegó que revisar llamadas antiguas era una tarea «imposible» y que vulneraba la confidencialidad de los ciudadanos que se comunican con él, los magistrados fueron tajantes. El panel de jueces dictaminó que si un funcionario decide mezclar deliberadamente sus comunicaciones personales con las públicas, es su estricta responsabilidad asumir las consecuencias y clasificar los registros.
Sin embargo, el pulso por la transparencia no termina en los tribunales. En una maniobra paralela que ha encendido las alarmas democráticas, el gobierno de Ford utilizó su mayoría en el Congreso para aprobar reformas retroactivas a las leyes de Libertad de Información dentro del presupuesto de primavera. Este blindaje legislativo busca anular los efectos del fallo, permitiendo a los ministros mantener sus agendas ocultas.
La comunidad internacional y los defensores de los derechos civiles observan con preocupación un precedente que podría debilitar el acceso a la información en Canadá, transformando a Ontario en una de las regiones más restrictivas en rendición de cuentas.
