SANTO DOMINGO / REPÚBLICA DOMINICANA  —  Se les conoce como “hombres rana”, reclusos que son obligados a dormir en los pisos de las prisiones en toda República Dominicana , a menudo al lado de inodoros desbordados o agujeros en el suelo que sirven como tal.

Miles de ellos están hacinados en las superpobladas cárceles del país, algunas de las cuales funcionan a siete veces su capacidad. La mayoría de ellos languidecen allí sin que se les haya acusado nunca de ningún delito, y los activistas advierten de que se enfrentan a condiciones inhumanas y a una falta de atención médica.

A pesar de las promesas de mejorar el sistema, los críticos dicen que República Dominicana sigue impulsando y permitiendo la detención preventiva en casi todos los casos penales en los que no se han presentado cargos y ha realizado pocos cambios a medida que los problemas dentro de las cárceles siguen aumentando.

“Las cárceles se han convertido en tierra de nadie”, afirmó Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensoría Pública Nacional de República Dominicana.

Según la Defensoría Pública Nacional, más del 60% de los aproximadamente 26.000 reclusos del país se encuentran en prisión preventiva, sin cargos. Los defensores de la medida sostienen que el objetivo es proteger a la sociedad y dar tiempo a las autoridades para reunir pruebas en un caso.

Pero algunos detenidos han pasado hasta 20 años en prisión sin ser declarados culpables de ningún delito, afirmó Valentín.

Señaló que la Constitución y el Código Penal del país establecen que la prisión preventiva es una medida “excepcional”. Hay otras seis medidas que no implican prisión, incluida la fianza, pero Valentín dijo que rara vez se utilizan.

‘Tenemos una situación’

Una tarde reciente, Darwin Lugo y Yason Guzmán salieron de la Penitenciaría Nacional La Victoria, en la esquina noreste de la extensa capital, Santo Domingo.

La prisión fue construida para un máximo de 2.100 reclusos, pero alberga a más de 7.000 de ellos, de los cuales más de 3.300 se encuentran en prisión preventiva, según la Defensoría Pública Nacional.

Es la prisión más antigua y poblada del país.

“Hay que cuidar la vida”, dijo Lugo, quien junto a Guzmán visitó a varios amigos detenidos allí, algunos en prisión preventiva.

“Hay muchos que no están bien”, dijo Guzmán sobre los reclusos allí. “Hay pobreza extrema”.

Dijeron que sus amigos, que han pasado más de cinco años encarcelados allí, tienen buenos contactos y sólo ocasionalmente piden dinero o piden que se recargue la tarjeta SIM de su teléfono celular.

El año pasado, al menos 11 reclusos murieron en La Victoria tras un cortocircuito en una celda que provocó un incendio y una explosión. Fue uno de los incendios más letales en una prisión del país desde 2005, cuando al menos 134 reclusos murieron en la ciudad oriental de Higüey después de que bandas rivales prendieran fuego a sus camas.

Tras el incendio del año pasado en La Victoria, el presidente dominicano Luis Abinader nombró al ex director de prisiones Roberto Santana como jefe de una comisión encargada de revisar y mejorar las más de 40 cárceles del país.

“Hay que reconocer, señores, que tenemos una situación en todas las cárceles del país”, dijo Abinader al anunciar el nombramiento en marzo pasado. También anunció que el dinero recuperado de los casos de corrupción serviría para financiar la construcción de nuevas cárceles.

Santana lleva tiempo reclamando el cierre de los penales La Victoria y 15 de Azua, ubicados en el occidente del país. La comisión que él preside trabaja en esas y otras tareas monumentales, libre de injerencias externas, afirmó.

«No recibimos órdenes de políticos ni de nadie», dijo Santana, quien anteriormente capacitó al personal para las nuevas prisiones construidas a principios de la década de 2000.

Santana, quien alguna vez sirvió como presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos en la década de 1970, fue arrestado varias veces durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, conocido por encarcelar y, a veces, matar a opositores políticos y disidentes.

Santana conoce de primera mano las condiciones de La Victoria: pasó dos años en régimen de aislamiento allí.

‘Al borde del colapso’

A principios de la década de 2000, la República Dominicana comenzó a construir 21 nuevas cárceles para mejorar las condiciones de vida de los reclusos. En ellas trabajaban personal capacitado, no policías ni soldados, que supervisan las otras 19 prisiones del país.

Pero las condiciones en las nuevas cárceles se han deteriorado, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana.

“El sistema penitenciario de República Dominicana está al borde del colapso”, señaló la comisión en su informe de 2023, el último disponible.

En las cárceles de todo el país, el hacinamiento es rampante. Las celdas carecen de baños, luz natural y ventilación, lo que conduce al empeoramiento de las condiciones de salud. Unos 5.000 reclusos padecen enfermedades que van desde problemas cardíacos hasta cáncer y VIH, pero reciben sólo la medicación más básica, si es que reciben, y algunas prisiones no cuentan con personal médico, según Valentín, cuya oficina publica un informe anual detallado sobre las condiciones de todas las prisiones.

En su informe de 2023, el último año disponible, su oficina pidió el cierre de cárceles, incluida una en la ciudad costera norteña de Nagua.

“El nivel de hacinamiento… hace imposible lograr una verdadera rehabilitación de los reclusos, que han sido olvidados por el Estado”, se lee en el informe. “En las condiciones en las que se encuentran, es evidente que son tratados como objetos y no como seres humanos dotados de derechos”.

Otra prisión estaba tan sobrepoblada que el gobierno mantenía a los reclusos al aire libre en camiones con techos de metal que se asaban bajo el sol, lo que desató demandas judiciales, dijo Valentín.

Un portavoz del coronel Roberto Hernández Basilio, director de prisiones, no respondió a las solicitudes de entrevista. Hernández había dicho anteriormente que su oficina estaba tomando medidas para mejorar las condiciones.

Mientras tanto, la procuradora general dominicana, Miriam Germán Brito, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de la prisión preventiva, pero señaló que la decisión está en manos de los jueces. Un portavoz de Germán dijo que no concederá entrevistas a los medios de comunicación.

Tanto Santana como Valentín dijeron que creen que la corrupción gubernamental es una de las razones por las que el país ha demorado la revisión del sistema, acusando a los soldados y policías que dirigen las prisiones de beneficiarse de actividades ilegales.

La corrupción pública también llevó a las autoridades a detener la construcción de una prisión muy promocionada en los últimos años, que se esperaba que aliviara el hacinamiento.

Incluso mientras esa prisión a medio construir se deteriora, Santana dijo que espera que se construyan 25 nuevas prisiones capaces de albergar a más de 20.000 reclusos para 2028.

Aunque se espera que estas medidas ayuden a aliviar el hacinamiento, persisten las preocupaciones. Los activistas señalan que los reclusos no son liberados ni siquiera cuando un juez los ha puesto en libertad legalmente.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que alrededor de 2.700 reclusos siguen en prisión porque sus trámites están paralizados en los juzgados, mientras que otros cientos siguen encarcelados a pesar de haber sido liberados oficialmente porque deben dinero al gobierno y no pueden pagar las multas impuestas por un juez.