El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas de las FARC deberían declarar una tregua durante la Navidad y el Año Nuevo como una forma de dar confianza a los venideros diálogos de paz y en un gesto de solidaridad con la población, exhortaron el martes voceros de una de las mayores redes de activistas y de la civilidad del país.

La tregua propuesta en la confrontación armada sería del 15 de diciembre al 15 de enero, afirmo Luis Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), surgida en noviembre de 1993 como un grupo de la sociedad civil para promover la paz en el país.

“Esta es una propuesta que Redepaz hace a la mesa de negociación, a los actores armados para que iniciados los diálogos y en víspera de la Navidad del 2012 y del año nuevo se pacte, o se avance hacia una tregua o cese al fuego, o de hostilidades en la época de Navidad del 15 de diciembre al 15 de enero de 2013, que permita en primer lugar que cesen los ataques, los asesinatos, etcétera, la confrontación armada y en segundo lugar rodear de confianza el proceso y que la sociedad colombiana empiece haber beneficios a corto plazo” de los diálogos entre ambas partes, agregó Sanabria.

Dijo que esperan una pronta respuesta a su pedido formulado en un comunicado público divulgado la víspera, y que el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Sería una tregua que en el tiempo son 30 días, y que a su vez lo que queremos es que también los negociadores expresen solidaridad y amor por el pueblo colombiano en la medida en que una actividad de este tipo reduce la muerte, pero también permite que la gente pueda ir a sus casas, a sus campos, pueda trasladarse por las carreteras sin temor hacer secuestrado, o a sufrir alguna confrontación armada”, indicó.

Negociadores del gobierno y de la insurgencia tienen previsto reunirse en Cuba el 15 de noviembre para tratar el primero de los cinco puntos pactados en una agenda de diálogos destinada a poner fin al conflicto armado interno que ya dura casi 50 años.

Las FARC, surgida en 1964 y con unos 9,000 integrantes, ha dicho que entre los primeros temas que deberían discutir las partes está un cese al fuego, pero el presidente Santos ha descartado un alto a la acción de la fuerza pública al asegurar que un cese de hostilidades debe ser fruto de un acuerdo final de paz y ya como fin de la confrontación.

Como las partes no han pactado un cese de hostilidades tanto gobierno como los rebeldes mantienen sus acciones armadas y al menos 15 militares y policías han muerto en distintas acciones atribuidas a los guerrilleros desde el pasado 18 de octubre, cuando los dos lados se reunieron en un acto formal de inicio de discusiones en la capital noruega de Oslo. De esos 15 uniformados, seis policías murieron la víspera cuando fueron emboscados en una vía del suroeste del país.

El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón ha asegurado que desde que se anunció el proceso de paz, a inicios de septiembre, y hasta esta semana unos 50 rebeldes han sido abatidos por la fuerza pública.

El 19 de noviembre de este año, se conocerá el fallo definitivo de parte de la Corte Internacional de Justicia, sobre el conflicto territorial entre Colombia y Nicaragua con respesto a los cayos que forman parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el límite marítimo entre los paises.
La decisión, de carácter inapelable, tiene como antecedente que en 2007 el alto tribunal ratificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago.
Nicaragua reclamó la totalidad del archipiélago de San Andrés, así como todas las áreas marítimas al oriente, occidente, norte y sur del archipiélago.
Alegó que el Tratado Esguerra-Bárcenas era nulo. Colombia objetó la competencia de la Corte sobre la base de que la soberanía sobre el archipiélago había sido resuelta por el Tratado y que el límite marítimo era el meridiano 82°, referido en el Tratado.
La Corte decidió que el Tratado era válido y que reconocía la soberanía colombiana sobre el archipiélago. Pero decidió que la extensión del archipiélago no estaba definida en el Tratado, salvo por las tres islas principales (San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y que, por ende, tenía que decidir en la segunda fase del caso, cuáles otras formaciones insulares hacían parte de ese archipiélago sobre el que Colombia tiene la soberanía.