El Gobierno brasileño aseguró hoy que el Mercosur deberá decidir las «medidas jurídicas» aplicables a Venezuela, a quien acusa de haber incumplido de manera «unilateral» algunos compromisos esenciales en el proceso de adhesión al grupo.
«Los miembros fundadores del Mercosur tendrán por delante la compleja tarea de decidir las medidas jurídicas aplicables frente a esta realidad, indeseada por todos», señala un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
La Cancillería precisa que el Gobierno brasileño evaluará «detenidamente» en los próximos días la situación bajo «la luz del derecho internacional» y mantendrá la «debida coordinación» con Argentina, Paraguay y Uruguay.
El Ejecutivo lamenta que Venezuela «no haya tenido éxito» en sus «esfuerzos para cumplir los compromisos asumidos cuando firmó» el protocolo de adhesión al Mercosur, en 2006.
El Ministerio cita el incumplimiento de varios acuerdos por parte de Venezuela, entre ellos el protocolo de Asunción sobre el compromiso con la promoción y protección de los Derechos Humanos.
«El estudio exhaustivo de la situación» realizado el 13 de agosto «se finalizará con consultas a la Secretaria del Mercosur, que recoge las informaciones recibidas por Venezuela al respecto», resalta la nota.
El Brasil del presidente interino Michel Temer encabeza las gestiones para impedir que Venezuela asuma la Presidencia del Mercosur, que hasta ahora ocupaba Uruguay y le correspondería por orden alfabético al Gobierno de Caracas, que contaba con la aprobación de la gobernante suspendida Dilma Rousseff.
El pasado 29 de julio Uruguay anunció al resto de socios del Mercosur que finalizaba su mandato del bloque y consideró que no había «ningún impedimento jurídico» para que la asumiera Venezuela, pese a la opinión del resto de miembros del bloque, que se oponían alegando la situación política y de derechos humanos en el país.
A pesar de ello, cuando Uruguay anunció que dejaba la presidencia no comunicó la transferencia de la misma y simplemente señaló que ya no tenía el mandato del bloque.
Acto seguido Venezuela anunció que asumiría la presidencia, una decisión que dio inicio a una crisis entre los socios del Mercosur.Sao Paulo, 13 ago (EFE).-

El partido Cambio Democrático (CD-opositor), del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), dijo hoy que aumentará sus acciones de protesta contra la «persecución política» que, asegura, ejerce el Gobierno de Juan Carlos Varela contra los miembros de ese colectivo político.
«Ante la insistencia» de Varela de usar al «Ministerio Público como herramienta de persecución», el CD anunció este viernes «la intensificación de sus jornadas de protestas para exigir el cese de su absurda venganza política, y que se libere a todos los presos políticos de su régimen que, sin embargo, no ha resuelto las necesidades de los panameños, dijo el partido en un comunicado.
Este jueves y viernes grupos de simpatizantes del CD se manifestaron ante las puertas del Ministerio Público, mientras la exministra de Trabajo y dirigente del colectivo, Alma Cortés, era indagada por un caso de supuesto enriquecimiento injustificado.
La Fiscalía Sexta Anticorrupción dictó el jueves la detención preventiva de Cortés, y hoy suspendió hasta el próximo miércoles la indagatoria, a la espera del resultado de unos exámenes médicos practicados a la exministra debido a que sufrió una arritmia cardíaca.
«El presidente Varela mandó a arrestar a la presidenta encargada Alma Cortés porque él cree que con eso sus caballos de Troya se van a tomar el partido. Se equivoca», dijo el dirigente del CD, Luis Eduardo Camacho.
La exministra de Trabajo es la subsecretaria del opositor partido Cambio Democrático (CD), fundado por Martinelli, quien la designó presidenta encargada de este colectivo político desde su autoexilio en Miami (Estados Unidos), aunque el Tribunal Electoral panameño aclaró que esta designación no fue comunicada oficialmente.
Martinelli abandonó Panamá en enero 2015 cuando la Corte Suprema de Justicia le abrió la primera de las seis causas por las que lo investiga, por presuntos delitos durante su administración.

Panamá, 12 ago (EFE).-