Christine García, primera policía transgénero del Departamento de Policía de San Diego, espera abrir las puertas para que más personas de la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transgénero) pierdan el miedo al rechazo y se unan a las corporaciones policiales.
«Quiero ayudar a otros que tienen el sueño de convertirse en policía, pero son transgénero y piensan que no pueden hacerlo (…) quiero ser ese ícono al que puedan mirar y sentirse cómodos», afirmó en entrevista con Efe la agente, de 32 años de edad.
En julio del año pasado, esta oficial de la sección Investigación de Accidentes de la Policía de San Diego (EE.UU.) se acercó a sus superiores para revelarles que haría la transición de hombre a mujer.
Luego hizo lo propio con el resto de los 1.600 policías que conforman la corporación, a quienes envió un correo electrónico «escrito desde el corazón» y en el que se sinceró, según relató.
En un principio, tuvo miedo de que su revelación le hiciera perder el respeto de sus compañeros, dado que se trata de una profesión de mayoría masculina, pero recibió la «aceptación del cien por ciento del departamento».
«Los oficiales se me acercaron para decirme que me apoyaban, otros me dijeron que ante sus ojos era un icono de cambio o esperanza y que estaban orgullosos de mí. Inclusive, tuve oficiales del (equipo especializado) SWAT diciéndome que era valiente. Realmente no hice nada más que ser yo misma», manifestó.
Criada en un hogar católico, García informó de su próximo paso de Chris a Christine y cuenta que su esposa desde hace siete años y sus dos hijos le dieron su respaldo incondicional, al igual que su padre puertorriqueño y su madre italiana.
La agente llegó a pensar en renunciar al departamento en el que ha trabajado hace nueve años, pero tras conocer al grupo Comunidad Transgénero de Policías y Alguaciles (TCOPS International) se convenció de mantenerse en su profesión.
«No he notado ninguna diferencia en la forma que hago mi trabajo, (los oficiales) me tratan con total respeto, no me tratan de manera diferente, los que me conocían de antes como una buena policía todavía me ven como una buena policía», dijo.
Connor Maddocks, coordinador de programas y servicios para la comunidad transgénero en El Centro LGBT de San Diego (The Center), considera que Christine es un ejemplo y demuestra a la juventud transgénero que pueden aspirar a cualquier profesión.
«Eso empodera a toda nuestra comunidad el decir que es seguro ser quien uno es», señaló.
García sabe que es la primera oficial transgénero de San Diego pero está convencida que no será la única. De hecho, ya conoció a una persona transgénero de 16 años que se ha inscrito al programa de cadetes.
El sargento Daniel Meyer, enlace del Departamento de Policía de San Diego con la comunidad LGBT local, coincide en que García ha construido el camino para que el siguiente oficial transgénero sienta mayor confianza.
«Hemos dejado bastante claro que tenemos un ambiente muy acogedor para cualquier empleado que esté buscando ser quien realmente es», resaltó.
Aunque asegura que nunca ha recibido una queja sobre el trato de un oficial a miembros de la comunidad LGBT, entiende que en ocasiones sus miembros sientan más confianza con ella a la hora de hacer una denuncia, en especial las víctimas de asalto sexual.
El número de teléfono de Christine siempre está disponible para cualquier visitante de El Centro LGBT de San Diego que haya sido víctima de discriminación, crimen de odio o cualquier otro problema, y que no se sienta cómodo llamando al número 911.
A pesar de la mayor aceptación hacia las personas transgénero que se vive hoy en día, todavía al caminar por las calles con su esposa e hijos Christine ha sido objeto de comentarios negativos y ha sentido ese temor de «no saber lo que pueda pasar».
Las estadísticas sobre violencia, muertes u otros crímenes de odio a nivel nacional, o inclusive algunos comentarios en redes sociales, le recuerdan que la lucha por igualdad no ha terminado y que «todavía hay mucho por hacer». San Diego (EE.UU.), 23 ago (EFE).-

Los enfrentamientos entre la Policía y los mineros que bloquean carreteras en Bolivia dejaron hoy al menos 27 heridos, entre ellos catorce agentes, una docena de obreros y un periodista, informaron fuentes oficiales y del sector movilizado.
Los mineros pertenecen a las cooperativas que este martes reanudaron el bloqueo de varias carreteras para rechazar una ley promulgada el viernes por el presidente del país, Evo Morales, que permite crear sindicatos en ese tipo de instituciones.
Jefes policiales de las ciudades de La Paz y Oruro informaron a los medios de que al menos catorce agentes fueron heridos en Panduro, a unos 180 kilómetros de la capital paceña, al ser agredidos por pedradas, palos y explosiones de dinamita.
Durante varias horas, los policías intentaron con gases lacrimógenos desbloquear Panduro pero los mineros respondieron lanzando cargas de dinamita, según los medios locales.
El máximo dirigente de las Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, dijo en una rueda de prensa que doce de los afiliados a ese sector también fueron lesionados en los choques y aseguró que hay heridos con balas de goma y de armas de fuego.
El ministerio de Gobierno (Interior) negó en un comunicado que la Policía haya usado armas de fuego en sus operaciones para desbloquear las carreteras y dijo que pedirá a la Fiscalía hacer exámenes forenses de los manifestantes que sufrieron heridas.
El ministerio aseguró que esa es una versión «infundada» que los dirigentes mineros manejan «de manera falaz e irresponsable».
Además, producto del conflicto, en horas de la tarde se reportó que el camarógrafo del canal de televisión boliviana Cadena A, Roger Salazar Acosta, resultó herido producto de un golpe en la cabeza.
Según ese medio, los mineros agredieron al periodista con palos y destruyeron su equipo de trabajo.
Durante la mañana, los uniformados detuvieron a una decena de mineros y confiscaron dos vehículos que transportaban dinamita a los puntos de protesta.
En diferentes lugares, alrededor de 2.500 trabajadores impidieron el tránsito en rutas de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, tres de los nueve departamentos del país, aunque en varios lugares los policías intervinieron para despejar las carreteras.
El Gobierno sostiene que la reforma legal sobre los sindicatos en las cooperativas no alcanzará a las organizaciones mineras, por lo que cree que detrás de las protestas hay un trasfondo vinculado a un intento de las cooperativas de tener más beneficios del Estado.
A diferencia de las cooperativas de otras áreas, las mineras funcionan internamente con grupos minoritarios de patrones y decenas de miles de trabajadores subcontratados en condiciones de explotación, según investigaciones realizadas en el sector.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció la existencia supuestamente irregular de 31 contratos suscritos por cooperativas mineras con firmas privadas sobre concesiones del Estado y al margen de la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Estos bloqueos se producen tras las jornadas violentas que tuvieron lugar hace dos semanas, en las que decenas de agentes resultaron heridos y fueron tomados como rehenes por horas, y que derivó en el encarcelamiento de diez mineros.La Paz, 23 ago (EFE).-