La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) reprobó este lunes al Gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua por la falta de cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el organismo en 2019, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018 y que ha dejado cientos de muertos.
En su último boletín referido a la situación de los derechos humanos en Nicaragua, sobre la base de 14 recomendaciones dadas a Ortega, el organismo indicó que «la Oficina ha observado que el Gobierno ha implementado pocas medidas, sin mostrar, lamentablemente, avances notables hasta el momento».
De acuerdo con el informe, el Gobierno del exguerrillero sandinista únicamente ha cumplido, de forma «parcial», con la recomendación de no realizar detenciones arbitrarias, y con liberar a las personas «aprehendidas en el contexto de la crisis», no obstante, destacó que estas acciones continúan en Nicaragua.
El organismo señaló que Ortega no ha cumplido con el restablecimiento del diálogo para superar la crisis, ni con las «garantías para el ejercicio del derecho de reunión pacífica y de las libertades de expresión y asociación, y sanciones para quienes ataquen o intimiden a defensores de los derechos humanos».
Ni con el «restablecimiento de la personalidad jurídica de organizaciones y medios de comunicación», agregó.
Indicó que tampoco ha establecido «medidas efectivas para prevenir y erradicar, la tortura», no ha adaptado la legislación penal «a las normas internacionales», ni establecido reformas de ley «garantizar elecciones justas y transparentes».
El boletín advirtió además que el Gobierno de Ortega, que dejó de responder sus comunicaciones a mediados de 2020, no estableció un plan para rendir cuentas sobre «investigaciones a violaciones de los derechos humanos, desarticulación de elementos y grupos armados progubernamentales», o consultas a víctimas para cumplir con «los derechos a la justicia, verdad, reparación, y garantías de no repetición».
El momento en que el Gobierno nicaragüense dejó de responder a la Oacnudh coincidió con los anuncios del llamado «paquete de leyes represivas», que pasó de los rumores a los hechos a partir de octubre de 2020, y que hoy sanciona a cualquier persona natural o jurídica que las autoridades consideren como amenaza.
El organismo «ha podido constatar también que, en varios aspectos, se han dado pasos atrás tales como la aprobación de varias reformas legislativas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos», informó la Oacnudh, en la nota de prensa que acompañó al boletín.
Hasta diciembre pasado la Oacnudh contó 103 personas arrestadas por razones políticas, así como denuncias de tortura, a la vez que «en ninguno de esos casos se identificó o sancionó a los autores o se concedió reparación a las víctimas», detalló.
La crisis sociopolítica que vive Nicaragua dejó al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organizaciones locales cuentan hasta 684 desde entonces, mientras que Ortega reconoce 200 y dice haberse defendido de un «golpe de Estado fallido», del que hasta ahora no ha mostrado evidencias.
Nicaragua no vivía una crisis como esta desde los años 1980 a 1990, también bajo mandato de Ortega, quien volvió al poder en 2007 y se mantiene gracias a una interpretación constitucional, así como a elecciones que la oposición denomina como «fraudulentas».
