Dos organizaciones de derechos humanos están instando al gobierno canadiense a imponer sanciones a siete entidades comerciales chinas, citando evidencia de que son responsables de “graves violaciones” de los derechos humanos cometidas contra trabajadores uigures en la industria pesquera de China.
Los grupos, Uyghur Rights Advocacy Project y el derechos humanos Action Group, enviaron una carta a Asuntos Globales de Canadá solicitando al gobierno imponer sanciones a las compañías chinas que vilan los derechos humanos y de los trabajados en la industria pesquera. Para las agremiasiones, si el gobierno canadiense sienta un precedente, enviaría un mensaje a las empresas chinas y a los importadores canadienses que hacen negocios con ellas, de que los productos fabricados con trabajo forzoso uigur no podrán ingresar al mercado canadiense.
La presentación se basa en hallazgos de The Outlaw Ocean Project, una organización periodística sin fines de lucro. La reciente investigación del proyecto, publicada por The Globe and Mail y otros medios de comunicación, encontró que al menos 10 grandes empresas pesqueras en China han utilizado a más de 1.000 trabajadores uigures desde 2018. La investigación encontró que los productos del mar de estas plantas fueron comprados por las principales empresas del Norte. Importadores estadounidenses, incluida High Liner Foods Inc., con sede en Nueva Escocia, una de las empresas pesqueras más grandes de Canadá. Desde entonces, High Liner ha cortado lazos con una planta de productos del mar en China que supuestamente utilizó mano de obra uigur.
Los uigures, un grupo mayoritariamente musulmán, millones de los cuales viven en la región occidental de Xinjiang en China, son una minoría étnica en el país. Los medios de comunicación, los investigadores y los grupos de derechos humanos han documentado un patrón de presuntos abusos de los derechos humanos contra ellos, incluida la imposición de un vasto programa de transferencia laboral patrocinado por el gobierno que coaccionar u obligar a los uigures a aceptar trabajos lejos de casa.
Los grupos que presentaron la comunicación sobre las sanciones dicen que Canadá debe tomar medidas bloqueando las importaciones vinculadas al trabajo coaccionado o forzado.
En los últimos años, “no ha sucedido nada en Canadá en términos de acciones tangibles. Y todavía somos el vertedero de importaciones de trabajo forzoso”, dijo Mehmet Tohti, director ejecutivo del Proyecto de Defensa de los Derechos Uigures, con sede en Ottawa.
Las siete empresas nombradas en la presentación son Yantai Sanko Fisheries, Yantai Longwin Food, The Chishan Group, Shandong Meijia Group, Qingdao Tianyuan Aquatic Products, Rongsense Group y Xinjiang Zhongtai Zhihui Modern Service.
La presentación, de la cual se proporcionó una copia por adelantado a los medios, dice que estas entidades han participado en violaciones de derechos humanos en China, “específicamente en el contexto del trabajo forzoso uigur en la industria pesquera en Xinjiang”. La presentación dice que las empresas deberían agregarse a la lista de sanciones según la Ley de Medidas Económicas Especiales de Canadá, específicamente una regulación bajo la ley que se promulgó en marzo de 2021 y pertenece a China.
The Globe contactó a las siete entidades por correo electrónico y no recibió respuestas antes de la fecha límite. En una respuesta anterior enviada a The Ocean Outlaw Project, un abogado de las filiales de Chishan Group, Haibo Seafood y Shandong Haidu, dijo que no había minorías étnicas de Xinjiang entre los trabajadores de ambas unidades. Un portavoz de Qingdao Tianyuan dijo al proyecto que la empresa no ha “participado en ninguna forma de trabajo forzoso ilegal”. Las otras empresas no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Outlaw Ocean Project.
«Queremos detener las importaciones», dijo Sarah Teich, cofundadora del Grupo de Acción de Derechos Humanos con sede en Toronto y una de los dos abogados que prepararon la presentación. Si estas empresas se agregan a la lista de sanciones, entonces esencialmente a los canadienses se les prohibirá hacer negocios con ellas… Es una forma de sacar estos productos de nuestros estantes», dijo.
