El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, podría ser juzgado por acusaciones de manipulación de testigos, luego de que un juez desestimó una solicitud de un fiscal para archivar la investigación, reviviendo un caso de larga data y profundamente polarizado.
La oficina del fiscal general solicitó en marzo de 2021 una audiencia sobre la posible reducción de la investigación , luego de determinar que la conducta de Uribe no constituía un delito.
Uribe y varios aliados fueron investigados por denuncias de manipulación de testigos realizadas en un intento de desacreditar las acusaciones de que tenía vínculos con paramilitares de derecha. Siempre ha mantenido su inocencia.
Los partidarios de Uribe han caracterizado el proceso como una persecución, mientras que sus detractores lo han celebrado como una caída merecida.
“Contrariamente a lo afirmado por la Fiscalía General, existen elementos probatorios, prueba física e información obtenida legalmente que afirman, con probabilidad de verdad, que sí se produjo la conducta delictiva de cohecho y que participó Uribe”, la jueza bogotana Laura Barrera explicó.
Ella no será la jueza de primera instancia y la oficina del fiscal general puede apelar la decisión.
Uribe no se ha pronunciado directamente sobre la decisión, pero en Twitter criticó las «filtraciones» a los periodistas.
Los críticos de Uribe han alegado repetidamente que la oficina del fiscal general sería menos rigurosa en su investigación que la Corte Suprema, originalmente encargada de la pesquisa.
El influyente expresidente, que podría cumplir 12 años de prisión si es declarado culpable, renunció a su escaño en el Senado en 2020 después de que la Corte Suprema ordenara el arresto domiciliario. La renuncia desencadenó el traslado del caso a la oficina del fiscal general.
La detención de Uribe duró poco más de dos meses antes de que un juez levantara la orden.
El caso se deriva de una acusación de 2012 de Uribe, quien acusó al senador izquierdista Iván Cepeda de orquestar un complot para vincularlo con los paramilitares.
Pero en 2018, la Corte Suprema dijo que Cepeda había recopilado información de excombatientes como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, el tribunal dijo que fueron Uribe y sus aliados quienes presionaron a los testigos.
Cepeda anunció en un video que respeta la decisión del juez y espera que contribuya a la verdad y la justicia.
Uribe dirigió una ofensiva militar contra los grupos guerrilleros de izquierda durante su presidencia de 2002 a 2010 y obtuvo más votos que cualquier otro senador en las elecciones legislativas de 2018, donde también ganó el candidato presidencial de su partido, Iván Duque.
Los grupos paramilitares surgieron en Colombia en la década de 1980, financiados por los terratenientes y otros para protegerse de los ataques de los rebeldes.
Los grupos, acusados de violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluidos asesinatos, violaciones y torturas, se desmovilizaron en virtud de un acuerdo de paz durante el mandato de Uribe, aunque muchos miembros formaron bandas criminales más tarde.